El código procedimiento civil rumano reconoce una naturaleza específica y diferenciada a la documentación generada por los comerciantes.
En esta categoría incluye todos los documentos que a pesar de no estar firmados por las partes, son parte del tráfico comercial habitual entre comerciantes y constatan aspectos concretos de su relación. Su valor en juicio es equivalente al de los documentos privados en los que se hace constar la firma de las partes, beneficiando por ello su contenido de presunción de autenticidad y veracidad.
A diferencia de cómo ocurre en el ámbito civil, los comerciantes no están obligados a concluir sus acuerdos en tantos ejemplares como partes contrarias existan. En este sentido, se deberá considerar admisible la existencia de una relación contractual y su contenido, si éste resulta de las comunicaciones efectuadas entre las partes.
El código de procedimiento civil no precisa qué tipo de documentación es susceptible de ser considerada habitual en el ejercicio de una actividad empresarial, sino que únicamente fija las condiciones en las que le otorga validez probatoria. Dentro de esta categoría podemos incluir todos los registros comerciales, facturas, proformas o fiscales, comunicaciones, recibos, actas, etc.
De especial trascendencia en la aplicación este principio, son los supuestos en los que la ley exige para otorgar reconocimiento judicial a una obligación de pago, la existencia de un documento asumido por las partes. En este sentido, podemos entender que las comunicaciones vía email ocurridas entre partes representan un modo legal para la prueba de su contenido.
Limite a la aplicación del principio de validez de la documentación comercial son los supuestos en los que la ley exige la existencia de contrato en forma escrita –por ejemplo, en los supuestos del contrato de sociedad- o de su conclusión en escritura pública –digamos, la compraventa de bienes inmuebles.