La Constitución fue consecuencia del proceso legislativo iniciado en el año 1990, tras las primeras elecciones de 20 de mayo de 1990, convocadas por el Frente de Salvación Nacional, organizado en y tras la revolución de diciembre de 1989, constituido en Asamblea constituyente,  y terminado en poco mas de un año, convocándose a Referendum nacional y poniéndose en vigor el 21 de noviembre de 1991, derogando la de 1965. En el año 2003 fue revisada, siendo su numeración modificada, y definitiva, publicada el 29 de octubre de 2003.

La Constitucion de  Rumania comprende 156  articulos agrupados en 8  titulos, 10 capitulos , 8 secciones. Los ocho titulos son: Titulo I – Principios generales, Titulo II – Derechos , libertades, y obligaciones fundamentales, con sus capítulos: Disposiciones comunes; -Derechos y libertades fundamentales; -obligaciones fundamentales; -El Abogado del pueblo. Titulo III – Las autoridades publicas , con los capitulos: Parlamento, que contiene las secciones – Organización y funcionamiento,  el Estatuto de los diputados y senadores, y el Proceso legislativo. El Presidente de Rumania, El Gobierno; Relaciones  parlamento y gobierno;  Administración,  con sus secciones: administración pública central. de especialidad; -administración pública local ; y -Autoridad judicial , con sus secciones:  Jueces,  Ministerio Público; y – Consejo  Superior de la Magistratura. Titulo IV – Economia y finanzas publicas. Titulo V – Tribunal Constitucional; Título VI – Intergación Euro-atlántica, Titulo VII – Revisión de la  Constitución y Titulo VIII – Disposiciones finales y transitorias.

 Como preámbulo, indicar que no existe, como en España, el recurso de amparo constitucional en defensa de los derechos y libertades fundamentales, al alcance de los particulares, si bien en no pocas ocasiones, los jueces –a instancias de aquéllos- pueden paralizar un procedimiento particular, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de una norma aplicable al caso concreto. Por este método, se han obtenido la declaración, en base a escritos fundados por abogados particulares, dirigidos al juez que conoce de un caso, la derogación de determinadas normas.

Así mismo, indicar que en el rango competencial del Tribunal constitucional no existe la creación de normas, pero en muchas ocasiones, adopta esta postura, por cuanto ya  el Gobierno ya el Parlamento,  insisten de vez en cuando en una interpretación –heredada de la fase preconstitucional actual, podríamos decir- que choca con los principios constitucionales. Es el caso del delito de difamación, que fue derogado por una ley penal,  inconsciente o no, y pretendidamente reintegrada por la norma anterior, por una interpretación del tribunal constitucional muy discutida. Actualmente, el propio Tribunal Supremo, en su labor de garante del ordenamiento jurídico en general, indicó la inviabilidad de la declaración del tribunal constitucional, mediante un interés en recurso de ley muy famoso, de modo que se ha dejado un vacío legal en el contenido de esta infracción penal, que no ha sido cubierto por el legislador rumano hasta la fecha, suponiendo la entrada en vigor de un nuevo Código penal que no llegó y que se prevé su aplicación a principios del año 2013.

 CONSTITUCION DE RUMANIA

TITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- El Estado rumano.-

(1) Rumanía es un estado nacional, soberano e independiente, unitario e indivisible.

(2) La forma de gobierno del estado rumano es la república.

(3) Rumanía es un estado de Derecho, democrático y social, en el que la dignidad del hombre, los derechos y libertades de los ciudadanos, el libre desarrollo de la personalidad humana, el derecho y el pluralismo político representan los valores supremos, en el espíritu de las tradiciones democráticas, del pueblo rumano y de los ideales de la Revolución de diciembre de 1989 y están garantizadas.

(4) El estado se organiza conforme al principio de separación y equilibrio de poderes –ñegislativo, ejecutivo y judicial, en el marco de la democracia constituciones.

(5) En Rumanía, el respeto a la Constitución, a su supremacía y a las leyes es obligatoria.

Art. 2.-  La soberanía.-

(1) La soberanía nacional pertenece al pueblo rumano, que la ejercita por sus órganos representativos, constituidos en elecciones libres, periódicas y correctas, así como por referéndum.

(2) Ningún grupo o persona puede ejercer la soberanía en nombre propio.

Articulo 3.- El territorio.-

(1) El territorio de Rumanía es inalienable.

(2) Las fronteras del paísse establecen por ley orgánica, respetando los principios y demás normas generales admitidas en derecho internacional.

(3) El territorio es organizado administrativamente, en comunas, ciudades y provincias. Por ley, algunas ciudades se puden declarar municipio.

(4) En territorio rumano no pueden ser confinadas o deportadas poblaciones extranjeras.

Articulo 4.- La unidad del pueblo y la igualdad entre ciudadanos.-

(1) El estado se basa en la unidad del pueblo rumano y la solidaridad entre sus ciudadanos.

(2) Rumanía es la patria común e indivisible de todos sus ciudadanos, sin diferencia de raza, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, sexo, opinión, pertenencia política, haber u origen social.

Artículo. 5.- La nacionalidad.-

(1) La nacionalidad rumana se adquiere, se conserva o se pierde en base a ley orgánica.

(2) La nacionalidad rumana no puede ser retirada a quien la ha adquirido por nacimiento.

Artículo. 6.- El derecho a la identidad.-

(1) El estado reconoce y garantiza a las personas pertenecientes a minorías nacionales el derecho a conservar, desarrollar y exprimir sus identidades étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas.

(2) Las medidas de protección tomadas por el estado para la conservación, desarrollo y expresión de la identidad de las personas pertenecientes a minorías nacionales se conforman con los principios de igualdad y no discriminación frente a los demás ciudadanos rumanos.

Artículo. 7.- Los rumanos en el extranjero.-

El estado favorece el establecimiento de relaciones con los rumanos residentes fuera de sus fronteras y promueve allí la conservación, desarrollo y expresión de sus identidades étnicas, culturales, lingüísticas  religiosas, respetando la legislación del estado donde se encuentran.

Artículo 8.- El pluralismo y los partidos políticos.-

(1) El pluralismo de la sociedad rumana es una condición y garantía de la democracia constitucional.

(2) Los partidos políticos se constituyen y desarrollan su actividad conforme a sus estatutos, en las condiciones establecidas por ley. Contribuyen a la definición y expresión de la voluntad política de los ciudadanos, respetando la soberanía nacional, la integridad territorial, el estado de derecho y los principios democráticos.

Artículo 9.- Los sindicatos, patronatos y asociaciones profesionales.-

Los sindicatos, patronatos y asociaciones profesionales se constituyen y desarrollan su actividad conforme a sus estatutos en las condiciones establecidas por ley. Contribuyen a la defensa de los derechos y  promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus miembros.

Artículo 10.- Las relaciones internacionales.-

Rumanía mantiene y desarrolla relaciones pacíficas con todos los estados y, en tal marco, las relaciones de buena vecindad, basadas en los principios y demás normas generales admitidas en el derecho internacional.

Artículo 11.- El derecho internacional y el derecho interno.-

(1) El estado rumano se obliga a cumplir de modo inmediato y de buena fe las obligaciones que le corresponden por los tratados internacionales en los que es parte.

(2) Los tratados ratificados por el parlamento, conforme a la ley, forman parte del ordenamiento interno.

(3) En el caso que un tratado del que Rumanía vaya a ser parte comprenda disposiciones contrarias a la Constitución, su ratificación podrá tener lugar sólo después de ser revisada la Constitución.

Artículo 12.- Los símbolos nacionales.-

(1) La bandera de Rumanía es tricolor, establecidos verticalmente, en el orden siguiente partiendo del palo, azul, amarillo y rojo.

(2) El Día Nacional de Rumanía es el 1 de diciembre.

(3) El himno nacional de Rumanía es “Despierta, rumano”.

(4) El emblema del país y el sello del Estado son establecidso por ley orgánica.

Artículo 13.- lengua oficial.-

En Rumanía, la lengua oficial es la legua rumana.

Artículo 14.- La capital.-

La capital de Rumanía es el municipio de Bucarest.

TÍTULO II.-  LOS DERECHOS, LIBERTADES Y OBLIGACIONES FUNDAMENTALES

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15.- Universalidad.-

(1) Los ciudadanos gozan de los derechos y libertades consagrados en la Constitución y demás leyes y tienen las obligaciones previstas por éstas

(2) La  ley dispone solo para el futuro, a excepción de las leyes penales o sancionadoras más favorables.

Artículo 16.-  La  igualdad de derechos.-

(1) Los ciudadanos son iguales frente la ley y a las autoridades públicas, sin privilegios ni discriminaciones.

(2) Nadie está por encima de la ley.

(3). Los cargos y dignidades públicas, civiles o militares, pueden ser ocupadas, en condiciones legales, por las personas que tienen ciudadanía rumana y domicilio en el país. El estado rumano garantiza la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la ocupación de estos cargos y dignidades.

(4) Por la adhesión de Rumania a la Unión Europea, los ciudadanos de la Unión que  cumplen los requisitos establecidos por ley orgánica, tienen derecho de elegir y ser elegidos como autoridades de las administraciones publicas locales.

Articulo 17.- Los ciudadanos rumanos en el extranjero.-

(1) Los ciudadanos rumanos gozan en el extranjero de la protección del estado rumano y deben cumplir  sus obligaciones, a excepción de las que no son compatibles con su ausencia del país.

Artículo 18.- Los ciudadanos extranjeros y  apátridas.-

(1) Los ciudadanos extranjeros y apátridas que viven en Rumania gozan de la protección general a las personas y a las riquezas, garantizadas  por la Constitución y demás leyes.

(2) El derecho de asilo se otorga y se retira por ley, respetando los tratados y conveniosinternacionales de los que Rumania forma parte.

 Artículo 19.-  La extradición y la expulsión.-

(1) El ciudadano rumano no puede ser  extraditado o expulsado de Rumanía.

(2) Excepcionalmente con lo dispuesto en el parágrafo 1, los ciudadanos rumanos pueden ser extraditados en  base  a  convenios internacionales de los que Rumanía forma parte, por ley y en base a  reciprocidad.

(3) Los ciudadanos extranjeros y apátridas pueden ser extraditados sólo en base a un convenio internacional o en condiciones de reciprocidad.

(4) La expulsión o extradición se adopta por la justicia.

Artículo 20.-  Los tratados internacionales sobre derechos humanos.-

(1) Las disposiciones constitucionales sobre los derechos y libertades de los ciudadanos serán interpretadas y aplicadas conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los pactos y  demás tratados de los que Rumanía forma parte.

(2) Si existieran discrepancias entre los pactos y tratados relativos a los derechos fundamentales del hombre, de los que Rumania es parte, y las leyes internas, tienen prioridad las reglamentaciones internacionales, excepto en los casos en que la Constitución o las leyes internas contengan disposiciones más favorables.

Artículo 21.- El acceso libre a la justicia.-

(1) Cualquier persona se puede dirigir a la justicia para la defensa de sus derechos, libertades e intereses legítimos.

(2) Ninguna ley  puede limitar el ejercicio de este derecho.

(3) Las partes tienen derecho a un juicio equitativo y a la solución de los procesos en un plazo razonable.

(4) Las jurisdicciones especiales administrativas son facultativas y gratuitas.

CAPITULO II.-   LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

Artículo 22 .- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.-

(1) Se garantizan el derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica de una persona

(2) Nadie puede ser sometido a tortura y a ningún tipo de pena o  trato inhumanos o degradantes.

(3) Está prohibida la pena de muerte.

Artículo 23.- La libertad individual.-

(1) La libertad individual y la seguridad de una persona son inviolables.

(2) El registro, detención o arresto de una persona se permiten sólo en casos y por medio del procedimiento previsto por ley.

(3) La detención no puede sobrepasar las 24 horas.

(4) El arresto preventivo se dispone por el juez y solo en el marco  del  proceso penal.

(5) En el marco de la instrucción penal, el arresto preventivo se puede disponer por 30 días como máximo, y puede ser prolongado por plazos de 30 días, sin que la duración total sobrepase un periodo razonable, y no más de 180 días.

(6) En la fase de juicio, el juez está obligado, en condiciones legales,  a verificar periódicamente, y no más tarde de 60 días, la legalidad y el motivo del arresto preventivo y disponer, inmediatamente, la puesta en libertad del inculpado, si los fundamentos que han determinado el arresto preventivo han cesado o si el juez constata que no existen fundamentos nuevos que justifiquen el mantenimiento de la privación de libertad.

(7) Las resoluciones judiciales sobre  la medida de arresto preventivo son recurribles, conforme a la ley.

(8) Al detenido o  arrestado se le comunica de inmediato, en el idioma que entienda, los motivos de la detención o  arresto, y su acusación, en el más corto plazo; la  acusación se le comunica solo en presencia de un abogado elegido o nombrado de oficio.

(9) La puesta en libertad del retenido o  del arrestado es obligatoria, si los motivos de estas medidas  han desaparecido, así como en las otras situaciones previstas por ley.

(10) La persona arrestada  preventivamente tiene derecho a pedir su puesta en libertad provisional, bajo el control del juez o por caución.

(11) Hasta que adquiere carácter definitivo la resolución judicial de condena, se considera que la persona es inocente.

(12) Ninguna pena puede ser establecida o aplicada sino conforme a la ley

(13) La  sanción privativa de libertad no puede sino de naturaleza penal.

Artículo 24.- El derecho a la defensa.-

(1) Se garantiza el derecho a la defensa.

(2) Durante todo el procedimiento, las partes tienen derecho de ser asistidas de un abogado, elegido o nombrado de oficio.

Artículo 25.- La libertad de circulación.-

(1) Se garantiza el derecho a la libre circulación, en el país y al extranjero. La ley establecerá las condiciones de ejercer este derecho.

(2) Se asegura el derecho de cada ciudadano el derecho a establecer su domicilio en cualquier localidad del país, a emigrar, y  a retornar al país.

Artículo 26.-  La  intimidad familiar y privada.-

(1) Las autoridades públicas respetan y protegen la intimidad, familiar y privada.

(2) La persona física tiene derecho a disponer de sí misma, en tanto no va en contra de los derechos y libertades de otros, el orden público o las buenas costumbres.

Artículo 27.- La inviolabilidad del domicilio.-

(1) El domicilio y la residencia son inviolables. Nadie puede entrar o permanecer en el domicilio o residencia de una persona sin  su aprobación.

(2) Lo dispuesto en el parágrafo anterior, puede ser modificado por ley en los siguientes supuestos:

a) En la ejecución de un mandado de arresto o de una resolución  judicial;

b) Para evitar un peligro para la vida, integridad física o los bienes de una persona;

c) En defensa de la seguridad nacional o del orden público;

d) En la prevención de la propagación de una epidemia;

(3) El registro se dispone por un  juez y se efectúa en las condiciones y en las formas previstas por la ley.

(4) Se prohíbe el registro nocturno, si no fuera por caso de  infracciones flagrantes.

 Artículo 28.- El secreto de la correspondencia.-

El  secreto de cartas, telegramas, u otros envíos postales, de las conversaciones telefónicas y otros medios legales de comunicación es inviolable.

Articulo 29.- La libertad de las conciencias.-

(1) La libertad del pensamiento y de las opiniones, como la libertad de  las creencias religiosas no pueden ser limitadas de ninguna forma. Nadie puede ser obligado a adoptar una opinión o a adherirse  a una creencia religiosa, contraria a sus convicciones.

(2) Se garantiza la libertad de la conciencia; ésta debe poder manifestarse en espíritu de tolerancia y de respeto mutuo.

(3) Los cultos religiosos son libres y se organizan según sus propios estatutos, conforme a la ley.

(4) En las relaciones entre cultos están prohibidas cualesquiera formas,  medios, actos o acciones de intolerancia religiosa.

(5) Los cultos religiosos son autónomos frente al estado y gozan del apoyo de éste, incluso facilitando asistencia religiosa en el ejército, hospitales, en establecimiento penitenciarios, residencias de ancianos y orfanatos.

(6) Los padres o tutores tienen derecho de ordenar, según sus propias convicciones, la educación de los niños menores bajo su responsabilidad.

Artículo 30.-  La libertad de expresión.-

(1) Son inviolables la libertad de expresión de los pensamientos, opiniones o creencias y la libertad de las creaciones de cualquier tipo, de viva voz, por escrito, o por imágenes, por sonidos u otros medios de comunicación en público.

(2) Está prohibida cualquier tipo de censura.

(3) La libertad de la prensa conlleva también la libertad de crear publicaciones.

(4) No puede ser eliminada ninguna publicación.

(5) La ley puede obligar a los  medios de comunicación de masas a hacer pública su fuente de financiación.

(6) La libertad de expresión  no puede perjudicar la dignidad, el honor, la vida privada de la persona ni el derecho a la propia imagen.

(7) Están prohibidas por ley la difamación al país y la nación, la provocación a la guerra de agresión, al odio nacional, racial, de clase o religioso, la incitación a la discriminación, al separatismo territorial o a la violencia  pública, también las manifestaciones obscenas, contrarias a las buenas costumbres.

(8) La responsabilidad civil por la información o creación puesta en conocimiento público, le corresponde al editor o realizador, al autor, al organizador de la manifestación artística, al dueño del medio de multiplicación,  a la cadena de radio o televisión, conforme a la ley.  Los delitos de prensa se establecen por ley.

Artículo 31.-  El derecho a la información.-

(1) Mo puede ser restringido el derecho de la persona a tener acceso a cualquier información de interés público.

(2) Las autoridades públicas, conforme a sus atribuciones, están obligadas a asegurar la información correcta de los ciudadanos sobre los asuntos públicos y sobre problemas de interés personal.

(3) El derecho a la información no debe perjudicar las medidas de protección a jóvenes ni la seguridad nacional.

(4) Los medios de información de masas, públicas o privadas, están obligadas a asegurar información correcta de la opinión pública.

(5) Los servicios públicos de radio y de televisión son autónomos. Ellos deben garantizar a los grupos sociales y políticos importantes la aplicación del derecho a la antena. La organización de estos servicios y el control parlamentario sobre  sus actividades, se reglamentan por ley orgánica.

Artículo 32.- El derecho a la educación.-

(1) Se asegura el derecho a la educación mediante el sistema de enseñanza general obligatoria, por  medio de la enseñanza de liceo, y por el profesional, por la enseñanza superior, así como también por otras formas de instrucción y de perfeccionamiento

(2) La enseñanza de todo grado se desarrolla en idioma rumano, conforme a la ley. La enseñanza se puede desarrollar también en otro idioma de circulación internacional.

(3) Se garantiza el derecho de las personas pertenecientes a las minoridades nacionales a estudiar el idioma materno y el derecho de poder ser  instruidas en este idioma; las modalidades de ejercer estos derechos se establecen por ley.

(4) La enseñanza de estado es gratuita, conforme a la ley. El estado concede becas sociales de estudio a los niños y jóvenes procedentes de familias desfavorecidas y  a los institucionalizados, conforme a la ley.

(5) La enseñanza de todo grado se  desarrollan en centros del estado, particulares y confesionales, conforme a la ley.

(6)Se garantiza la autonomía universitaria.

(7) El estado asegura la libertad de enseñanza religiosa, según las demandas especificas de cada culto. Será organizado y garantizado por ley la enseñanza religiosa en las escuelas del estado.

Artículo 33.- El acceso a la cultura.-

(1) Se garantiza el acceso a la cultura en condiciones  legales.

(2) No pueden ser impedidas la libertad personal a desarrollarse espiritualmente y de acceder a los valores de la cultura nacional y universal.

(3) El estado debe garantizar la conservación de las identidades espirituales, el apoyo a la cultura nacional, la estimulación de las artes, la protección y conservación de la herencia cultural, el desarrollo de las creatividades contemporáneas, la  promoción de los valores culturales y artísticos de Rumanía en el mundo.

 Artículo 34.- El derecho a la protección de la sanidad.-

(1) Se garantiza el derecho a la protección de la sanidad.

(2) El estado se obliga a tomar medidas para asegurar la higiene y sanidad públicas.

(3) Por ley se establecerá la organización de la asistencia médica, del sistema de seguridad social por enfermedad, accidente, maternidad y recuperación, el control del ejercicio de las profesiones médicas y de las actividades paramédicas, así como otras medidas de protección de la sanidad física y mental de las personas.

Artículo 35.- Derecho a un medio ambiente sano.-

(1) El estado reconoce el derecho de cualquier persona a un medio ambiente sano y equilibrado ecológicamente.

(2) El estado asegura un marco legislativo para el ejercicio de este derecho.

(3) Las personas físicas y jurídicas tienen el deber de proteger y mejorar el medio ambiente.

Artículo 36.- El derecho a votar.-

(1) Los ciudadanos tienen derecho a votar desde la edad de 18 años, cumplidos antes del día de las elecciones, inclusive.

(2) No tienen derecho de voto los débiles o enajenados mentales, los que son sujeto de interdicción ni las personas condenadas por sentencia definitiva a la pérdida de los derechos electorales.

Artículo 37.- El derecho a ser elegido.-

(1) Tienen derecho a ser elegidos los ciudadanos con derecho a votto que cumplen las condiciones previstas en el artículo 16 párrafo 3, si no tienen prohibida la asociación en partidos políticos, conforme al artículo 40 párrafo 3.

(2) Los candidatos deben cumplir, hasta el día de las elecciones inclusive, la edad de al menos 23 años para ser elegidos en la Cámara de Diputados o en los órganos de la administración pública local, la edad de al menos 33 años para ser elegidos al Senado y la edad de al menos 35 años para ser elegidos en la función de la  Presidencia de Rumanía.

Artículo 38.- El derecho a ser elegido en el Parlamento Europeo.-

En el marco de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea, los ciudadanos rumanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos en el Parlamente europeo.

Artículo 39.- La libertad de reunión.-

Los mítines, manifestaciones, marchas o cualquier otra reunión son libres y se pueden organizar y desarrollar sólo de modo pacífico, sin ningún tipo de arma.

Artículo 40.- El derecho de asociación.-

(1) Los ciudadanos se pueden asociar libremente en partidos políticos, en sindicatos, en patronatos y en otras formas de asociación.

(2) Son inconstitucionales los partidos u organizaciones que, por sus fines o sus actividades, militan contra el pluralismo político, de los principios del estado de derecho o de la soberanía, de la integridad o de la independencia de Rumanía.

(3) No pueden formar parte de partidos políticos los jueces del Tribunal Constitucional, los abogados del pueblo, magistrados, miembros activos de la armada, policías, y otras categorías de funcionarios públicos establecidos por ley orgánica.

(4) Se prohíben las sociedades secretas.

Artículo 41.- El trabajo y la protección social  en el trabajo.-

(1) No puede ser limitado el derecho al trabajo. La elección de la profesión, del oficio u ocupación, así como del lugar de trabajo es libre.

(2) Los trabajadores tienen derecho a medidas de protección social. Estas se referirán a la seguridad y sanidad de los trabajadores, el régimen de trabajo de las mujeres y jóvenes, la institución de un salario mínimo bruto nacional, el descanso semanal,  las vacaciones de descanso pagadas, la prestación de trabajo en condiciones excepcionales o especiales, establecidas por ley.

(3) la  jornada diaria de trabajo es, por término medio, de máximo 8 horas.

(4) A trabajo igual, las mujeres tienen un salario igual que los hombres.

(5) Se garantiza el derecho a la negociación colectiva en materia laboral y la obligatoriedad de los convenios colectivos.

Artículo 42.- Prohibición de trabajos forzados.-

(1) Se prohíbe el trabajo forzado.

(2) No se considera trabajo forzado:

a) las actividades para el cumplimiento de las obligaciones militares, así como las desarrolladas, conforme a las leyes, sustituyendo éstas, por motivos religiosos o de conciencia.

b) el trabajo de personas condenadas, prestado en condiciones normales, durante el periodo de detención o de libertad condicional.

c) Las prestaciones impuestas en situación creada de calamidad o de máximo peligro, así como aquellas que forman parte de las obligaciones civiles normales establecidas por ley.

Artículo 43.- El derecho a la huelga.-

(1) Los trabajadores tienen derecho a la huelga para la defensa de los intereses profesionales económicos y sociales.

(2) La ley establecerá las condiciones y límites del ejercicio de este derecho, así como las garantías para asegurar los servicios esenciales para la sociedad.

Artículo 44.- El derecho a la propiedad privada.-

(1) Se garantizan el derecho a la propiedad, así como a los créditos contra el Estado. El contenido y límites de estos derechos serán establecidos por ley.

(2) Se garantiza y se protege del mismo modo la propiedad privada, indiferentemente del titular. Los ciudadanos extranjeros y apátridas pueden adquirir el derecho a la propiedad privada sobre terrenos sólo en las condiciones resultado de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea y de otros tratados internacionales en los que Rumanía es parte, en base a reciprocidad, en las condiciones previstas por ley orgánica, así como por herencia legal.

(3) Nadie puede ser expropiado sino por causa de utilidad pública, establecida por ley, y con derecho a una previa indemnización.

(4) Se prohíben la nacionalización o cualesquiera otras medidas de conversión a propiedad pública de bienes, en base a pertenencias sociales, étnicas, religiosas, políticas o de otra clase discriminatoria de los titulares.

(5) Por obras de interés general, la autoridad pública puede usar el subsuelo de cualquier propiedad inmobiliaria, con la obligación de indemnizar al propietario por los daños ocasionados al suelo, las plantaciones o construcciones, así como otros daños imputables a las autoridades.

(6) Las indemnizaciones previstas en los párrafos 3 y 5 se establecerán de común acuerdo con el propietario o, en caso de divergencia, por la justicia.

(7) El derecho de propiedad obliga al respeto de las cargas de protección del medio ambiente y de buena vecindad, así como el respeto de otras cargas que, conforme a la ley o la costumbre, corresponden al propietario.

(8) Las riquezas adquiridas, usadas o resultado de infracciones o delitos pueden ser confiscados sólo en las condiciones legales.

Artículo 45.- La libertad económica.-

Se garantiza el acceso libre de la persona a una actividad económica, a la libre iniciativa y a su ejercicio en condiciones legales.

Artículo 46.- El derecho a la herencia.-

Se garantiza el derecho a la herencia.

Artículo 47.- El nivel de vida.-

(1) El Estado se obliga a tomar medidas de desarrollo económico y de protección social, para asegurar a los ciudadanos un nivel de vida decente.

(2) Los ciudadanos tienen derecho a la pensión de jubilación, a vacaciones por maternidad pagados, a la asistencia médica en centros sanitarios del estado, a la ayuda por desempleo, y otras formas de seguridad social públicas o privadas, previstas por ley. Los ciudadanos tienen derecho a adoptar medidas de asistencia social conforme a las leyes.

 Artículo 48.- La familia.-

(1) La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de éstos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos.

(2) Las condiciones de formalización, de disolución y de nulidad del matrimonio se establecen por ley. El matrimonio religioso puede ser celebrado sólo después del matrimonio civil.

(3) Los hijos extramatrimoniales son iguales frente a la ley que los matrimoniales.

Artículo 49.- La protección a los niños y jóvenes.-

(1) Los niños y jóvenes gozan de un régimen especial de protección y de asistencia en la realización de sus derechos.

(2) El estado acordará asignaciones por hijos y ayudas para el cuidado de hijo enfermo o con hándicap. Otras formas de protección social de los niños y jóvenes se establecen por ley.

(3) Se prohíben la explotación de menores, su utilización en actividades que  dañen su sanidad, moralidad o que pudieran poner en peligro su vida o su desarrollo normal.

(4) Los menores de 15 años no podrán ser contratados como trabajadores.

(5) Las autoridades públicas tienen la obligación de contribuir a garantizar las condiciones de participación libre de los jóvenes en la vida política, social, económica, cultural y deportiva de la nación.

Artículo 50.- Protección a personas con hándicap.-

Las personas con hándicap gozan de protección especial. El estado garantiza la realización de unas políticas nacionales de igualdad de oportunidades, prevención y de tratamiento de la discapacidad, para la participación efectiva de las personas con hándicap en la vida de la comunidad, respetando los derechos,  y deberes y obligaciones que le corresponden a los padres y tutores.

Artículo 51.- El derecho de petición.-

(1) Los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a las autoridades públicas por medio de peticiones solamente formuladas en nombre de los firmantes.

(2) Las organizaciones legalmente constituidas tienen derecho a dirigir peticiones exclusivamente en nombre de los colectivos que representan.

(3) El ejercicio del derecho de petición está exonerado de tasa.

(4) Las autoridades públicas tienen la obligación de responder a las peticiones en los plazos y condiciones establecidas por ley.

Artículo 52.- El derecho de la persona perjudicada por una autoridad pública.-

(1) La persona perjudicada en su derecho o su interés legítimo, por una autoridad pública, por medio de un acto administrativo o por la falta de respuesta en el plazo legal de una solicitud, está legitimada a obtener el reconocimiento de su pretendido derecho o interés legítimo, a la anulación del acto y a la reparación de los perjuicios.

(2) las condiciones y límites del ejercicio de este derecho se establecerán por ley orgánica.

(3) El estado responde patrimonialmente por los perjuicios ocasionados por errores judiciales. La responsabilidad del Estado se establece por ley y no exime de la responsabilidad de los magistrados que han ejercido su función con mala fe o negligencia grave.

Artículo 53.- La restricción del ejercicio de unos derechos y libertades.-

(1) El ejercicio de unos derechos o de unas libertades puede ser restringido sólo por ley y sólo si son obligadas, en su caso, para la defensa de la seguridad nacional, del orden,  la sanidad, o moral públicas, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos; el desarrollo de  instrucciones penales; la prevención de las consecuencias de unas calamidades naturales, de unos desastres o de unos siniestros especialmente graves.

(2) La restricción puede ser dispuesta sólo si es necesaria en una sociedad democrática. La medida debe ser proporcional con la situación que la ha pcasionado, debe ser aplicada de modo no discriminatorio y sin que afecte a la existencia del derecho o libertad en si.

Capítulo III.- OBLIGACIONES FUNDAMENTALES

Artículo 54.- Fidelidad a la patria.-

(1) La fidelidad a la patria es sagrada.

(2) Los ciudadanos a quienes le son confiadas funciones públicas, así como los militares, responden del cumplimiento fiel de las obligaciones que le corresponden y, en tal sentido, presentarán el juramento establecido por la ley.

Artículo 55.- La defensa de la patria.-

(1) Los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de defender Rumanía.

(2) Se establecerán por ley orgánica las condiciones del cumplimiento de las obligaciones militares.

(3) Los ciudadanos podrán ser incorporados a filas a la edad de 20 años y hasta la de 35, a excepción de los voluntarios, conforme a ley orgánica.

Artículo 56.- Contribuciones económicas.-

(1) Los ciudadanos tienen la obligación de contribuir por medio de impuestos y tasas a los gastos públicos.

(2) El sistema legal de imposición debe asegurar el reparto justo de las obligaciones fiscales.

(3) Se prohíben cualesquiera otras prestaciones  aparte de las establecidas por ley en caso de situaciones excepcionales.

Artículo 57.- El ejercicio de los derechos y libertades.-

Los ciudadanos rumanos, extranjeros y apátridas deben ejercitar los derechos y libertades constitucionales con buena fe, sin perjudicar los derechos y libertades de los demás.

CAPÍTULO IV.- EL ABOGADO DEL PUEBLO.-

Artículo 58.- Designación y función.-

(1) El Abogado del Pueblo es designado por un mandato de 5 años para la defensa de los derechos y libertades de las personas físicas. Los adjuntos al Abogado del Pueblo son especialistas por sectores de actividad.

(2) El Abogado del Pueblo y adjuntos no pueden desempeñar otra función pública o privada, a excepción de las funciones didácticas en la enseñanza superior.

(3) Se establecerá por ley orgánica la organización y funcionamiento de la institución del Abogado del Pueblo.

Artículo 59.- El ejercicio de sus atribuciones.-

(1) El Abogado del Pueblo ejerce sus atribuciones de oficio o a petición de las personas lesionadas en sus derechos y libertades, en los límites establecidos por ley.

(2) Las autoridades públicas están obligadas a contribuir con el Abogado del Pueblo cuanto sea necesario para el ejercicio de sus competencias.

Artículo 60.- Informes al Parlamento.-

El Abogado del Pueblo  presentará a las dos Cámaras del Parlamento informes, de modo anual,  o a previa solicitud de éstas. Los informes pueden contener recomendaciones en relación a la legislación o a medidas de otra naturaleza, como la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

TÍTULO III  AUTORIDADES PÚBLICAS.

CAPÍTULO I.- EL PARLAMENTO.-

SECCIÓN 1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.-

Artículo 61.- Función y estructura.-

(1) El parlamento es el órgano representativo supremo del pueblo rumano y única autoridad legislativa del país.

(2) El Parlamento está compuesto de la Cámara de Diputados y del Senado.

Artículo 62.- La elección de las Cámaras.-

(1) La Cámara de Diputados y el Senado son elegidos por voto universal, igual, directo, secreto y libremente expresado, conforme a las leyes electorales.

(2) Las organizaciones de ciudadanos pertenecientes a las minorías nacionales, que no reúnen en las elecciones el número de votos suficientes para ser representados en el Parlamento, tienen derecho a un diputado en la forma que establezcan las leyes electorales. Los ciudadanos de minorías nacionales deben ser representados sólo por una sola organización.

(3) El número de diputados y senadores se establece por  ley electoral, en proporción con la población del país.

Artículo 63.- La duración del mandato.-

(1) La Cámara de Diputados y el Senado son elegidos por un mandato de cuatro años, que se prolongará en caso de movilizaciones, de guerra, de asedio o de urgencia, hasta el cese de éstas.

(2) Las elecciones para la Cámara de Diputados y para el Senado se desarrollará en el plazo máximo de 3 meses desde la expiración del mandato o disolución del Parlamento.

(3) El Parlamento nuevo elegido se reúne, convocado por el Presidente de Rumanía, en el plazo máximo de 20 días desde las elecciones.

(4) El mandato de las Cámaras se prorroga hasta la reunión legal del nuevo Parlamento. En este periodo no puede ser revisada la Constitución ni pueden ser adoptadas, modificadas o derogadas leyes orgánicas.

(5) Los proyectos de ley o proposiciones legislativas registradas en el orden del día del Parlamento precedente continúan su procedimiento con el nuevo Parlamento.

Artículo 64.- Organización interna.-

(1) La organización y funcionamiento de cada Cámara se establecerán por reglamento propio. Los recursos económicos de las Cámaras se preverán en los presupuestos aprobados por éstas.

(2) Cada Cámara elige una oficina permanente. El presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado se eligen por todo el tiempo de mandato de las Cámaras. Los otros miembros de las oficinas permanentes son elegidos al comienzo de cada sesión. Los miembros de las oficinas permanentes pueden ser revocados antes de la expiración del mandato.

(3) Los diputados y senadores se pueden organizar en grupos parlamentarios, conforme al reglamento de cada Cámara.

(4) Cada Cámara se constituye en comisiones permanentes y pueden crear comisiones de investigación u otras comisiones especiales. Las Cámaras se pueden constituir en comisiones comunes.

(5) Las oficinas permanentes y las comisiones parlamentarias se componen de acuerdo a la configuración política de cada Cámara.

Artículo 65.- Las reuniones de las Cámaras.-

(1) La Cámara de Diputados y el Senado trabajan en salas separadas.

(2) Las Cámaras desarrollan los trabajos en salas comunes, de acuerdo al reglamento adoptado con el voto de la mayoría de los diputados y senadores, para:

a) recepción del mensaje del Presidente de Rumanía;

b) aprobación del presupuesto del Estado y del presupuesto de la seguridad social del estado;

c) declaración de movilización total o parcial;

d) declaración de estado de guerra;

e) suspensión o cese de las hostilidades militares;

f) aprobación de la estrategia nacional de defensa del país;

g) examen de los informes del Consejo Supremo de la  Defensa del País;

h) designación a propuesta del Presidente de Rumanía, de los directores de los servicios de información y el ejercicio del control sobre las actividades de estos servicios;

i) designación del Abogado del Pueblo;

j) el establecimiento del estatuto de los diputados y senadores, el establecimiento de indemnizaciones y otros derechos de éstos.

k) el cumplimiento de otras competencias que, conforme a la Constitución o el reglamento, se deban ejercer en sala común.

Artículo 66.- Las sesiones de las Cámaras.-

(1) La Cámara de Diputados y el Senado trabajan se reúnen en dos sesiones ordinarias por año. La primera sesión comienza en el mes de febrero y no puede continuar después de  final de junio. La segunda sesión comienza en el mes de septiembre y no puede continuar después de final de diciembre.

(2) Las Cámaras de Diputados y el Senado se reúnen también en sesiones extraordinarias, a solicitud del Presidente de Rumanía, de la oficina permanente de cada Cámara o de al menos una tercera parte del número de diputados o senadores.

(3) La convocatoria de las Cámaras se hará por los presidentes de éstas.

Artículo 67.- Actos jurídicos y quorum legal.-

La Cámara de Diputados y el Senado aprueban leyes, resoluciones y mociones, en presencia de la mayoría de los miembros.

Artículo 68.- El carácter público de las reuniones.-

(1) Las reuniones de las dos Cámaras son públicas.

(2) las Cámaras pueden decidir que determinadas reuniones sean secretas.

SECCIÓN 2ª.- EL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES.-

Artículo 69.- El mandato representativo.-

(1) En el ejercicio del mandato, los diputados y senadores sirven al pueblo.

(2) Cualquier mandato imperativo es nulo.

Artículo 70.- El mandato de los diputados y senadores.-

(1) Los diputados y senadores entran en ejercicio del mandato en la fecha de  reunión legal de las Cámaras de las que forman parte,  condicionado a la validez de las elecciones y a la presentación del juramento. El juramento se establecerá por ley orgánica.

(2) La calidad de diputado o senador cesa en la fecha de las reuniones legales de las Cámaras nuevamente elegidas o en el caso de dimisión, pérdida de los derechos electorales, incompatibilidad o fallecimiento.

Artículo 71.- Incompatibilidades.-

(1) nadie puede ser, al mismo tiempo, diputado y senador.

(2) La calidad de diputado o de senador es incompatible con el ejercicio de cualesquiera funciones públicas de autoridad, a excepción de miembro del Gobierno.

(3) Otras incompatibilidades se establecerán por ley orgánica.

Artículo 72.- La inmunidad parlamentaria.-

(1) Los diputados y senadores no podrán ser sometidos a responsabilidad jurídica por los votos u opiniones políticas expresadas en el  ejercicio del mandato.

(2) Los diputados y senadores pueden ser procesados y enviados a juicio penal por hechos que no tengan relación con los votos u opiniones políticas expresadas en el ejercicio del mandato, pero no pueden ser registrados, retenidos o arrestados sin aprobación de la Cámara de la que forman parte, tras ser oídos aquéllos. La instrucción y envío a juicio penal se puede hacer sólo por la Fiscalía del Alto Tribunal de Casación y Justicia.

(3) En caso de infracción flagrante, los diputados y senadores pueden ser retenidos y sometidos a instrucción. El ministro de justicia le informará sin retraso al presidente de la Cámara sobre la retención y registro. En el caso que la Cámara comunicada constata que no existe base para la retención, dispondrá inmediatamente la revocación de estas medidas.

SECCIÓN 3ª.- PROCESO LEGISLATIVO.-

Artículo 73.- Categorías de leyes.-

(1) El Parlamento puede aprobar leyes constitucionales, orgánicas y ordinarias.

(2) Las leyes constitucionales son las de revisión de la Constitución.

(3) Por ley orgánica se reglamentan:

a) El sistema  electoral, la organización y funcionamiento de las Autoridades Electorales Permanentes.

b) La organización, funcionamiento y financiación de los partidos políticos;

c) el estatuto de los diputados y senadores, el establecimiento de las indemnizaciones y otros derechos de éstos;

d) la organización y desarrollo del Referéndum;

e) La organización del Gobierno y del Consejo Supremo de la Defensa del País;

f) el régimen del estado de movilización parcial o total de las fuerzas armadas y del estado de guerra;

g) el régimen del estado de asedio y del estado de urgencia;

h) las infracciones, penas y régimen de ejecución de éstas;

i) la concesión de amnistía o indulto colectivos;

j) el estatuto del funcionario público;

k) el contencioso administrativo;

l) la organización y funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura, de los órganos judiciales, del Ministerio Público, Fiscalía, y del Tribunal de Cuentas;

m) el régimen jurídico general de la propiedad y de la herencia;

n) la organización general de la enseñanza;

o) la organización de la administración pública  local, del territorio, así como el régimen general de la autonomía local;

p) el régimen general de las relaciones de trabajo, sindicatos, patronales y protección social;

r) el estatuto de las minorías nacionales de Rumanía;

s) el régimen general de los cultos;

t) y  las demás materias a las que la Constitución prevea la aprobación de una ley orgánica.

Artículo 74.- La iniciativa legislativa.-

(1) La iniciativa legislativa le corresponde, según los casos, al Gobierno, a los diputados, senadores, o un número de mínimo 100.000 ciudadanos con derecho a voto. Los ciudadanos que manifiesten su derecho a la iniciativa legislativa deben proceder de al menos una cuarta parte de las provincias rumanas, y en cada provincia, incluso el municipio de Bucarest, deben inscribirse al menos 5.000 firmas en apoyo de estas iniciativas.

(2) No pueden ser objeto de iniciativa legislativa de los ciudadanos los problemas fiscales, los de carácter internacional, amnistía e indulto.

(3) El Gobierno ejerce su iniciativa legislativa por medio de la transmisión del proyecto de ley a la Cámara requerida para aprobarla, como primera Cámara requerida.

(4) Los diputados, senadores y ciudadanos que ejercen el derecho a la iniciativa legislativa pueden presentar proposiciones legislativas sólo en la forma requerida para proyectos de ley.

(5) Las proposiciones legislativas se someten a debate con anterioridad en la Cámara competente para su aprobación, como primera Cámara requerida.

Artículo 75.- Requerimiento de las Cámaras.-

(1) Se somete a debate y aprobación de la Cámara de Diputados como primera Cámara requerida, los proyectos de ley o proposiciones legislativas para la ratificación de tratados u otros pactos internacionales y  las medidas legislativas que resultan de la aplicación de aquellos tratados o pactos, así como los proyectos de ley orgánica previstos en el artículo 31, párrafo 5, artículo 40 párrafo 3, artículo 55 párrafo 2, artículo 58 párrafo 3, artículo 73 párrafo 3, letras e), k), l) n) o), artículo 79 párrafo 2, artículo 102 párrafo 3, artículo 105 párrafo 2, artículo 117 párrafo 3, artículo 118 párrafos 2 y 3, artículo 120 párrafo 2, artículo 127 párrafos 4 y 5 y artículo 142 párrafo 5. Los demás proyectos de ley o proposiciones legislativas se someten a debate y aprobación del Senado,  como primera cámara requerida.

(2) La primera Cámara requerida se pronuncia en el plazo de 45 días. Para códigos y otras leyes de complejidad especial el plazo será de 60 días. En el caso de sobrepasar estos plazos se considera que el proyecto de ley o la proposición legislativa han sido aprobadas.

(3) Tras la aprobación o rechazo por la primera Cámara competente, el proyecto o proposición legislativa se envía a la otra Cámara que decidirá definitivamente.

(4) En el caso que la primera Cámara requerida aprueba una norma, que, conforme al párrafo 1 entra en su área de decisión, la previsión será definitivamente aprobada si la otra Cámara está de acuerdo. En caso contrario, sólo para la norma respectiva la ley se devuelve a la primera Cámara de competencia decisiva,  que decidirá de modo definitivo por el procedimiento de urgencia.

(5) Las disposiciones del párrafo 4, referidos a la devolución de la ley, se aplicarán igualmente al caso en que la Cámara de decisión aprueba una norma cuya competencia decisiva corresponde a la primera Cámara.

 Artículo 76.- La adopción de leyes y resoluciones.-

(1) Las leyes orgánicas y resoluciones sobre los reglamentos de las Cámaras se aprueban con el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.

(2) las leyes ordinarias y las resoluciones se aprueban con el voto de la mayoría de miembros presentes de cada Cámara.

(3) A propuesta del Gobierno o por  propia iniciativa, el Parlamento puede aprobar proyectos de ley o proposiciones legislativas por el procedimiento de urgencia, establecido conforme al reglamento de cada Cámara.

Artículo 77.- La promulgación de la ley.-

(1) La ley se envía, para su promulgación, al Presidente de Rumanía. La promulgación de la ley se hace en el plazo máximo de 20 días desde la recepción.

(2) Con anterioridad a la promulgación, el Presidente puede pedir al Parlamente, una sola vez, el reexamen de la ley.

(3) Si el Presidente ha pedido el reexamen de la ley o si ha pedido la verificación de su constitucionalidad, la promulgación de la ley se hace en el máximo de diez días desde la recepción de la ley aprobada tras el reexamen o desde la recepción de la decisión del Tribunal Constitucional, por la que se confirma su constitucionalidad.

Artículo 78 .- La entrada en vigor de la ley.-

La ley se publica en el Boletín Oficial de Rumanía y entra en vigor a los 3 días desde la fecha de su publicación o la fecha posterior prevista por el texto.

Artículo 79.- El Consejo legislativo.-

(1) El Consejo legislativo es el órgano consultivo especializado del parlamento, que controla los proyectos de actos normativos para la sistematización, unificación y coordinación de toda la legislación. Lleva el registro oficial de la legislación de Rumanía.

(2) La constitución, organización y funcionamiento del Consejo legislativo se establecen por ley orgánica.

CAPÍTULO II.-  EL PRESIDENTE DE RUMANÍA

Artículo 80.-El cargo de Presidente.-

(1) El Presidente de Rumanía representa al estado rumano y es garante de la independencia nacional, de la unidad y de la integridad territorial de la nación.

(2) El Presidente de Rumanía vela por el respeto a la Constitución y el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Con este fin, el Presidente ejerce la función de mediación entre los poderes públicos del estado, así como entre el estado y la sociedad.

Artículo 81.- La elección del Presidente.-

(1) El Presidente de Rumanía es elegido por el voto universal, igual, directo, secreto y libremente exprimido.

(2) Se declara elegido el candidato que reúne en la primera vuelta del escrutinio la mayoría de los votos de los electores inscritos en las listas electorales.

(3) En el caso que ningún candidato reúna esta mayoría, se organiza una segunda vuelta de escrutinio, entre los dos primeros candidatos establecidos en base al número de votos obtenidos en la primera ronda. Se declarará elegido el candidato que obtenga el mayor número de votos.

(4) No puede cumplir la función de Presidente ninguna persona por más de dos mandatos. Éstos pueden ser sucesivos.

Artículo 82.-  La confirmación del mandato y presentación de juramento.-

(1) El resultado de las elecciones para la función de Presidente de Rumanía es confirmado por el Tribunal Constitucional.

(2) El candidato cuya elección ha sido confirmada presenta a la Cámara delos Diputados y al Senado, en sesión conjunta, el siguiente juramento:

“Juro que me entrego con todo el poder y sabiduría para la prosperidad espiritual y material del pueblo rumano, respetando la Constitución y las leyes de la nación, defendiendo la democracia, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Rumanía. ¡Que Dios me proteja y ayude!”

Artículo 83.- Duración del mandato.-

(1) El mandato del Presidente de Rumanía es de 5 años y se ejerce desde la fecha de presentación del juramento.

(2) El Presidente de Rumanía ejerce el mandato hasta la presentación de juramento del nuevo Presidente.

(3) El mandato del Presidente de Rumanía puede ser prorrogado, por ley orgánica, en caso de guerra o de catástrofe.

Artículo 84.- Incompatibilidades e inmunidades.-

(1) Durante el tiempo del mandato, el Presidente de Rumanía no puede ser miembro de partido alguno, ni puede desempeñar otra función pública o privada.

(2) El Presidente de Rumanía goza de inmunidad. Se aplican igualmente al caso las disposiciones del artículo 72, parágrafo 1.

Artículo 85.- Designación del Gobierno.-

(1) El Presidente de Rumanía designa un candidato para la función de primer ministro y designa el Gobierno en base al voto de confianza otorgado por el Parlamento.

(2) En caso de remodelación gubernamental o de puesto vacante, el Presidente revoca y designa a proposición del primer ministro los  miembros del Gobierno.

(3) En caso que por la remodelación gubernamental modifica la estructura o composición política del Gobierno, el Presidente de Rumanía podrá ejercer las competencias previstas en el parágrafo 2 sólo en base a la aprobación del Parlamento, adoptada a propuesta del Parlamento.

Artículo 86.- Las consultas al Gobierno.-

El Presidente de Rumanía puede consultar al Gobierno en relación con problemas urgentes y de especial importancia.

Artículo  87.- La participación en las reuniones del Gobierno.-

(1) El Presidente de Rumanía puede tomar parte en las reuniones del Gobierno en los que se debaten problemas de interés nacional sobre política exterior, defensa del país, seguridad del orden público y, a propuesta del primer ministro, en otros casos.

(2) El Presidente de Rumanía preside las reuniones del Gobierno en las que participa.

 Artículo 88.- El Mensaje.-

El Presidente de Rumanía se dirige al Parlamento en mensaje en relación con los principales problemas políticos de la nación.

Artículo 89.- La disolución del Parlamento.-

(1) Tras la consulta a los presidentes de las dos Cámaras y a los líderes de los grupos parlamentarios, el Presidente de Rumanía debe disolver el Parlamento si éste no toma el acuerdo de voto de confianza para la formación del Gobierno en el plazo de 60 días desde la primera solicitud y sólo tras el rechazo de al menos dos solicitudes de investidura.

(2) En el curso de un año, el Parlamento sólo puede ser disuelto una sola vez.

(3) El Parlamento no puede ser disuelto en los últimos 6 meses de mandato del Presidente de Rumanía ni durante el estado de movilización, de guerra, de asedio o de alarma.

 Artículo 90.- El referéndum.-

El Presidente de Rumanía tras consultar al Parlamento, puede pedir al pueblo exprese por medio de referéndum su voluntad, en relación con problemas de interés nacional.

Artículo 91.- Competencias en materia de política externa.-

(1) El Presidente de Rumanía firma tratados internacionales en nombre de Rumanía, negociados por el Gobierno y los somete al parlamento para su ratificación, en un plazo razonable. Los demás tratados y acuerdos internacionales se firman, se aprueban o se ratifican conforme a los procedimientos establecidos en la ley.

(2) El Presidente, a porpuesta del Gobierno, acredita y llama a los representantes diplomáticos de Rumanía y aprueba su constitución, cancelación o cambio del rango de las misiones diplomáticas.

(3) Los representantes diplomáticos de otros estados se acreditan al Presidente de Rumanía.

Artículo 92.- Competencias en materia de defensa.-

(1) El Presidente de Rumanía es el comandante de las fuerzas armadas y cumple la función de presidente del Consejo Supremo de Defensa del país.

(2) Puede declarar con aprobación previa del Parlamento, la movilización parcial o total de las fuerzas armadas. Sólo en casos excepcionales, la resolución del Presidente se somete a ulterior aprobación del Parlamento, en el plazo máximo de 5 días desde la resolución.

(3) En caso de agresión armada dirigida contra el país, el Presidente de Rumanía puede tomar medidas para repeler la agresión, poniéndolo sin retraso en conocimiento del Parlamento, por un mensaje. Si el Parlamento no se encuentra en sesión, se convocará justamente a las 24 horas del lanzamiento de la agresión.

(4) En caso de movilización o de guerra, el Parlamento continua sus actividades durante todo el tiempo  que dure dicho estado, incluso  si no se encuentra en sesión, se convocará justamente a las 24 horas de su declaración.

 Artículo 93.- Medidas excepcionales.-

(1) El Presidente de Rumanía declara, conforme a la ley, el estado de asedio o el estado de emergencia en todo el país o en algunas unidades administrativo-territoriales y solicita al Parlamento, la aprobación de las medidas adoptadas, en el plazo máximo de 5 días desde la adopción de éstas.

(2) Si el Parlamento no se encuentra de sesiones, se convocará justamente en el plazo máximo de 48 horas desde la constitución del estado de asedio o del estado de emergencia y funcionará durante todo el tiempo.

Artículo 94.- Otras competencias.-

El Presidente de Rumanía cumple, además, las siguientes atribuciones:

a) otorga decoraciones y títulos de honor;

b) acuerda grados de mariscal, de general y de almirante;

c) designa en las funciones públicas, en las condiciones previstas por ley;

d) acuerda indultos individuales.

Artículo 95.- Suspensión de funciones.-

(1) En el caso de la comisión de hechos graves por los que se violan  disposiciones constitucionales, el Presidente de Rumanía puede ser suspendido en funciones por la Cámara de Diputados y Senado en sesión conjunta, con el voto de la mayoría de los diputados y senadores, tras consultas al Tribunal Constitucional. El presidente puede dar al Parlamento explicaciones sobre los hechos que se le imputan.

(2) La proposición de suspensión en funciones debe ser iniciada por al menos una tercera parte del número de diputados y senadores y se pone en conocimiento sin retrasos del Presidente.

(3) Si la propuesta de suspensión en funciones es aprobada, en 30 días como máximo se organiza un referéndum para la dimisión del Presidente.

Artículo 96.- Acusación.-

(1) La Cámara de Diputadores y el Senado, en sesión conjunta, con el voto de al menos dos terceras partes del número de diputados y senadores, pueden poner en acusación al Presidente de Rumanía por alta traición.

(2) La puesta bajo acusación puede ser iniciada por la mayoría de diputados y senadores y se pone sin retraso en conocimiento del Presidente de Rumanía para que pueda dar explicaciones sobre los hechos que se le imputan.

(3) Desde la fecha de puesta en acusación y hasta la fecha de dimisión, el Presidente es suspendido en funciones de derecho.

(4) La competencia para juzgar estos hechos le corresponde al Alto Tribunal de Casación y Justicia. El Presidente queda finalmente  dimitido desde que se convierte en definitiva la sentencia de condena.

Artículo 97.- Puesto vacante.-

(1) El puesto de Presidente de Rumanía queda  vacante en caso de dimisión, de dimisión de funciones, de imposibilidad definitiva del ejercicio de sus competencias o de fallecimiento.

(2) En el plazo de tres meses desde la fecha en que se encuentre el puesto de Presidente de Rumanía vacante, el Gobierno organizará elecciones para elegir un nuevo Presidente.

Artículo 98.- Funciones provisionales.-

(1) Si el puesto de Presidente queda vacante o si el Presidente es suspendido en sus funciones o si se encuentra en imposibilidad temporal de ejercer sus atribuciones, la provisionalidad queda asegurada,  por orden, por el Presidente del Senado o por el Presidente de la Cámara de Diputados.

(2) Las competencias previstas en los artículos 88 a 90 no pueden ser ejercidas mientras dure la provisionalidad del puesto de Presidente.

Artículo 99.- Responsabilidad del presidente provisional.-

Si la persona que asegura la provisionalidad del puesto de Presidente comete hechos graves que violan las normas de la Constitución, se aplicará el artículo 95 y el artículo 98.

Artículo 100.- Actos del Presidente.-

(1) En el ejercicio de sus competencias, el Presidente de Rumanía emite decretos que se publican en el Boletín oficial de Rumanía. La no publicación lleva consigo la inexistencia del decreto.

(2) Los decretos emitidos por el Presidente de Rumanía en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 91, parágrafos 1 y 2, en el artículo 92, parágrafos 2 y 3, artículo 93, parágrafo 1 y artículo 94 letras a), b) y d), serán confirmados por el primer ministro.

 Artículo 101.- Indemnización y otros derechos.-

La indemnización y los otros derechos del Presidente de Rumanía se establecerán por ley.

CAPITULO V

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN 1

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL  POR SECTORES

Artículo 116.- Estructura.-     

(1) Los ministerios se organizan sólo  subordinados al Gobierno.

(2) Se pueden organizar otros órganos de especialidad subordinados al Gobierno o a los ministerios o como autoridades administrativas autónomas.

Artículo 117.-  Constitución.-

(1) Los ministerios se constituyen, se organizan y funcionan de conformidad a la ley.

(2) El Gobierno y los ministerios, con el visto bueno del Tribunal de Cuentas, pueden constituir órganos de especialidad, en su subordinación, solo si la ley les reconoce esta competencia.

(3) Las autoridades administrativas autónomas pueden ser constituidas por ley orgánica.

Artículo 118.-  Las fuerzas armadas.-

(1) El ejército está subordinado exclusivamente a la voluntad del pueblo, para la garantía de la soberanía, la independencia y  unidad del Estado, la integridad territorial del país y la democracia constitucional. En condiciones legales y de los tratados internacionales de los que Rumanía forma parte, el ejército contribuye a la defensa colectiva en sistemas de alianza militar y participa en acciones para el mantenimiento o restablecimiento de la paz.

(2) La estructura del sistema nacional de defensa,  la preparación de la población, de la economía y del territorio para la defensa, así como el estatuto de los cuadros militares, se establecen por ley orgánica.

(3) Las disposiciones de los parágrafos (1) y (2) se aplican, de igual manera, a los demás componentes de las fuerzas armadas.

(4) Se prohíbe la organización de actividades militares o paramilitares, sin la autoridad del Estado.

(5) En el territorio de Rumanía pueden entrar, estacionar  o pasar tropas extranjeras sólo en las condiciones establecidas por la ley o por tratados internacionales de los que Rumanía es parte.

Artículo 119.-  El Consejo Supremo de Defensa del País.-

El Consejo Supremo de Defensa del País organiza y coordina de modo unitario las actividades relativas a la defensa del país y la seguridad nacional, la participación en el mantenimiento de la seguridad internacional y la defensa colectiva en los sistemas de alianza militar, así como en las acciones de mantenimiento o restablecimiento de la paz.

 SECCIÓN 2ª

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Artículo 120.-  Principios básicos.-

(1) La administración por  unidades administrativas-territoriales se basa en los principios de descentralización,  autonomía local y  desconcentración de los servicios públicos.

(2) En las unidades administrativas territoriales en que los ciudadanos que perteneciendo a minorías nacionales tienen un peso significativo, se asegurará el uso de las lenguas minoritarias nacionales respectivas por escrito y oralmente en las relaciones con las autoridades administrativas públicas locales y con los servicios públicos desconcentrados, en las condiciones establecidas por ley orgánica.

 Artículo 121.- Autoridades comunales y urbanas.-

(1) Las autoridades de la administración pública, por las que se ejerce la autonomía local en comunas y en ciudades, son los consejos locales  y los alcaldes elegidos, en las condiciones legales.

(2) Los consejos locales y los alcaldes funcionan, en condiciones legales, como autoridades administrativas autónomas y resuelven los asuntos públicos de las comunas y ciudades.

(3) Las autoridades previstas en el parágrafo (1) pueden constituirse también en subdivisiones administrativas-territoriales de los municipios.

Artículo 122.- El consejo provincial.-

(1) El consejo provincial es la autoridad de la administración pública para la coordinación de la actividad de los consejos comunales y urbanos, para la prestación de los servicios públicos de interés provincial.

(2) El consejo provincial es elegido y funciona en base a la ley.

Artículo 123.-  El prefecto.-

(1) El Gobierno nombra un prefecto en cada provincia y en el municipio de Bucarest.

(2) El prefecto es el representante del Gobierno a nivel local y dirige los servicios públicos descentralizados de los ministerios y de los demás órganos de la administración pública central,  de unidades administrativas territoriales.

(3) Las competencias del prefecto se establecen por medio  de ley orgánica.

(4) Entre los prefectos, por una parte, los consejos locales y alcaldes, así como consejos provinciales y presidentes de éstos, por otra, no existe relación de subordinación.

(5) El prefecto puede recurrir  ante los juzgados contencioso- administrativos, un documento del consejero provincial, del local o del alcalde, en el caso que considere el documento ilegal. El documento recurrido queda suspendido de derecho.

CAPITULO VI

LA AUTORIDAD JUDICIAL

SECCIÓN 1

LOS ÓRGANOS JUDICIALES

Artículo 124.- La Administración de justicia.-

(1) La justicia se administra nombre de la ley.

(2) La justicia es única, imparcial, e igual para todos.

(2) Los jueces son independientes y se someten solo a la ley.

Artículo 125.- El estatuto de los jueces.-

(1) Los jueces nombrados por el Presidente de Rumanía son inamovibles, de acuerdo a la ley.

(2) Las proposiciones de designación, así como la promoción, transferencia, y sanción de los jueces son de la competencia del Consejo Superior de la Magistratura, conforme a sus leyes orgánicas.

(3) Las funciones de juez con incompatibles con cualquier otra función pública o privada, a excepción de las funciones didácticas de la enseñanza superior.

Artículo 126.- Los órganos judiciales.-

(1) La justicia se realiza por el Alto Tribunal de Casación y Justicia y por los demás órganos judiciales establecidas por ley.

(2) La competencia de los órganos judiciales y el procedimiento de enjuiciamiento serán dispuestos sólo por ley.

(3) El Alto Tribunal de Casación y Justicia asegura la interpretación y aplicación unitaria de la ley por los demás órganos judiciales, conforme a sus competencias.

(4) La composición del Alto Tribunal de Casación y Justicia y las reglas de su funcionamiento se establecen por ley orgánica.

(5) Están prohibidas la constitución de órganos judiciales extraordinarios. Por ley orgánica se pueden constituir órganos judiciales especializados en determinadas materias, posibilitando la participación, en su caso,  de personas externas a la magistratura.

(6) Se garantiza el control judicial de los actos administrativos de las autoridades públicas, por la vía contencioso-administrativa, a excepción de los relativos a las relaciones con el Parlamento, así como a las órdenes de carácter militar. Los órganos de lo contencioso administrativo son competentes para solucionar las demandas de las personas damnificadas por ordenanzas o, en su caso, por disposiciones de las ordenanzas declaradas  inconstitucionales.

Artículo 127.- El carácter público de los debates.-

(1) Las audiencias judiciales son públicas, salvo los casos previstos por ley.

Artículo 128.- El uso de la lengua materna y de intérprete ante la justicia.-

(1) El proceso judicial se desarrolla en lengua rumana.

(2) Los ciudadanos rumanos pertenecientes a  minorías nacionales tienen derecho a expresarse en la lengua materna frente a los órganos judiciales, en las condiciones de ley orgánica.

(3) Las formas de ejercicio del derecho establecido en el parágrafo (2), incluso por medio del uso de intérprete o traducciones, se establecerán de modo que no se impida la buena administración de la justicia y que no supongan gastos suplementarios para los interesados.

(4) Los ciudadanos extranjeros y apátridas que no entiendan o no hablen la lengua rumana tienen derecho a tomar conocimiento de todos los documentos y diligencias del expediente, de hablar ante el juez y de poner conclusiones, por medio de intérprete; en los procesos penales este derecho se asegura de modo gratuito.    

Artículo 129.- El ejercicio de los recursos.-

Contra las sentencias judiciales, las partes interesadas y el Ministerio público pueden interponer recursos, en las condiciones de la ley.

Artículo 130.- La policía judicial.-

Los órganos judiciales dispondrán de policía puesta a su servicio.

SECCIÓN 2ª

EL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 131.- La función del Misterio público.-

(1) En la actividad judicial, el Ministerio público representa los intereses generales de la sociedad y defiende el orden jurídico, así como los derechos y libertades de los ciudadanos.

(2) El Ministerio público ejerce las atribuciones por medio de los fiscales constituidos en fiscalías adscritas a los órganos judiciales, en las condiciones de ley.

(3) Las fiscalías funcionarán en los órganos judiciales, y conducen y supervisan la actividad de investigación penal de la policía judicial, en las condiciones legales.

Artículo 132.- El estatuto de los fiscales.-

(1) Los fiscales desarrollan su actividad conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y control jerárquico, bajo la autoridad del ministro de justicia.

(2) La función de fiscal es incompatible con cualquier otra función pública o privada, salvo las funciones didácticas de la enseñanza superior.

SECCION  3ª

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA MAGISTRATURA

Artículo 133.- Funciones y estructura.-

(1) El Consejo Superior de la Magistratura es  el garante de la independencia de la justicia.

(2) El Consejo Superior de la Magistratura está compuesto por 19 miembros, de los que:

a) 14 son elegidos en las asambleas generales de los magistrados y confirmados por el Senado;  éstos se forman en dos secciones, una para jueces y otra para fiscales; la primera sección está compuesta por 9 jueces, y la segunda por 5 fiscales;

b) 2 representantes de la sociedad civil, especialistas en derecho, que gozan de alta reputación profesional y moral, elegidos por el Senado;  participan sólo en trabajos del pleno;

c) El ministro de justicia, el presidente del Alto Tribunal de Casación y Justicia y el fiscal General de la Fiscalía del Alto Tribunal de Casación y Justicia.

(3) El presidente del Consejo Superior de la Magistratura es elegido para un mandato de un año, que no puede ser renovado, de entre los magistrados previstos en el parágrafo (2) letra a).

(4) La duración del mandato de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura es de 6 años.

(5) Las resoluciones del Consejo Superior de la Magistratura se adoptan mediante voto secreto.

(6) El Presidente de Rumanía presidirá los trabajos del Consejo Superior de la Magistratura en los que participe.

(7) Las resoluciones del Consejo Superior de la Magistratura son definitivas e irrevocables, a excepción de aquellas previstas en el artículo 134, parágrafo (2).

Artículo 134.- Atribuciones.-

(1) El Consejo Superior de la Magistratura propone al Presidente de Rumanía la designación en funciones  de los jueces y fiscales, salvo los provisionales, en las condiciones de la ley.

(2) El Consejo Superior de la Magistratura cumple el papel de órgano judicial, por medio de sus secciones, en las materias de responsabilidad disciplinar de los jueces y fiscales, conforme a los procedimientos establecidos por su ley orgánica. En estos casos, el ministro de justicia, el presidente del Alto Tribunal de Casación y Justicia y el Fiscal general de la Fiscalía del Alto Tribunal de Casación y Justicia no tienen derecho a voto.

(3) Las resoluciones disciplinarias del Consejo Superior de la Magistratura  pueden ser recurridas al  Alto Tribunal de Casación y Justicia.

(4) El Consejo Superior de la Magistratura cumple igualmente las funciones establecidas por su ley orgánica, en la realización de su papel de garante de la independencia judicial.

CAPITULO V

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN 1

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL  POR SECTORES

Artículo 116.- Estructura.-

(1) Los ministerios se organizan sólo  subordinados al Gobierno.

(2) Se pueden organizar otros órganos de especialidad subordinados al Gobierno o a los ministerios o como autoridades administrativas autónomas.

Artículo 117.-  Constitución.-

(1) Los ministerios se constituyen, se organizan y funcionan de conformidad a la ley.

(2) El Gobierno y los ministerios, con el visto bueno del Tribunal de Cuentas, pueden constituir órganos de especialidad, en su subordinación, solo si la ley les reconoce esta competencia.

(3) Las autoridades administrativas autónomas pueden ser constituidas por ley orgánica.

Artículo 118.-  Las fuerzas armadas.-

(1) El ejército está subordinado exclusivamente a la voluntad del pueblo, para la garantía de la soberanía, la independencia y  unidad del Estado, la integridad territorial del país y la democracia constitucional. En condiciones legales y de los tratados internacionales de los que Rumanía forma parte, el ejército contribuye a la defensa colectiva en sistemas de alianza militar y participa en acciones para el mantenimiento o restablecimiento de la paz.

(2) La estructura del sistema nacional de defensa,  la preparación de la población, de la economía y del territorio para la defensa, así como el estatuto de los cuadros militares, se establecen por ley orgánica.

(3) Las disposiciones de los parágrafos (1) y (2) se aplican, de igual manera, a los demás componentes de las fuerzas armadas.

(4) Se prohíbe la organización de actividades militares o paramilitares, sin la autoridad del Estado.

(5) En el territorio de Rumanía pueden entrar, estacionar  o pasar tropas extranjeras sólo en las condiciones establecidas por la ley o por tratados internacionales de los que Rumanía es parte.

Artículo 119.-  El Consejo Supremo de Defensa del País.-

El Consejo Supremo de Defensa del País organiza y coordina de modo unitario las actividades relativas a la defensa del país y la seguridad nacional, la participación en el mantenimiento de la seguridad internacional y la defensa colectiva en los sistemas de alianza militar, así como en las acciones de mantenimiento o restablecimiento de la paz.

SECCIÓN 2ª

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Artículo 120.-  Principios básicos.-

(1) La administración por  unidades administrativas-territoriales se basa en los principios de descentralización,  autonomía local y  desconcentración de los servicios públicos.

(2) En las unidades administrativas territoriales en que los ciudadanos que perteneciendo a minorías nacionales tienen un peso significativo, se asegurará el uso de las lenguas minoritarias nacionales respectivas por escrito y oralmente en las relaciones con las autoridades administrativas públicas locales y con los servicios públicos desconcentrados, en las condiciones establecidas por ley orgánica.

Artículo 121.- Autoridades comunales y urbanas.-

(1) Las autoridades de la administración pública, por las que se ejerce la autonomía local en comunas y en ciudades, son los consejos locales  y los alcaldes elegidos, en las condiciones legales.

(2) Los consejos locales y los alcaldes funcionan, en condiciones legales, como autoridades administrativas autónomas y resuelven los asuntos públicos de las comunas y ciudades.

(3) Las autoridades previstas en el parágrafo (1) pueden constituirse también en subdivisiones administrativas-territoriales de los municipios.

Artículo 122.- El consejo provincial.-

(1) El consejo provincial es la autoridad de la administración pública para la coordinación de la actividad de los consejos comunales y urbanos, para la prestación de los servicios públicos de interés provincial.

(2) El consejo provincial es elegido y funciona en base a la ley.

Artículo 123.-  El prefecto.-

(1) El Gobierno nombra un prefecto en cada provincia y en el municipio de Bucarest.

(2) El prefecto es el representante del Gobierno a nivel local y dirige los servicios públicos descentralizados de los ministerios y de los demás órganos de la administración pública central,  de unidades administrativas territoriales.

(3) Las competencias del prefecto se establecen por medio  de ley orgánica.

(4) Entre los prefectos, por una parte, los consejos locales y alcaldes, así como consejos provinciales y presidentes de éstos, por otra, no existe relación de subordinación.

(5) El prefecto puede recurrir  ante los juzgados contencioso- administrativos, un documento del consejero provincial, del local o del alcalde, en el caso que considere el documento ilegal. El documento recurrido queda suspendido de derecho.

CAPITULO VI

LA AUTORIDAD JUDICIAL

SECCIÓN 1

LOS ÓRGANOS JUDICIALES

Artículo 124.- La Administración de justicia.-

(1) La justicia se administra en nombre de la ley.

(2) La justicia es única, imparcial, e igual para todos.

(2) Los jueces son independientes y se someten sólo a la ley.

Artículo 125.- El estatuto de los jueces.-

(1) Los jueces nombrados por el Presidente de Rumanía son inamovibles, de acuerdo a la ley.

(2) Las proposiciones de designación, así como la promoción, transferencia, y sanción de los jueces son de la competencia del Consejo Superior de la Magistratura, conforme a sus leyes orgánicas.

(3) Las funciones de juez con incompatibles con cualquier otra función pública o privada, a excepción de las funciones didácticas de la enseñanza superior.

Artículo 126.- Los órganos judiciales.-

(1) La justicia se realiza por el Alto Tribunal de Casación y Justicia y por los demás órganos judiciales establecidas por ley.

(2) La competencia de los órganos judiciales y el procedimiento de enjuiciamiento serán dispuestos sólo por ley.

(3) El Alto Tribunal de Casación y Justicia asegura la interpretación y aplicación unitaria de la ley por los demás órganos judiciales, conforme a sus competencias.

(4) La composición del Alto Tribunal de Casación y Justicia y las reglas de su funcionamiento se establecen por ley orgánica.

(5) Están prohibidas la constitución de órganos judiciales extraordinarios. Por ley orgánica se pueden constituir órganos judiciales especializados en determinadas materias, posibilitando la participación, en su caso,  de personas externas a la magistratura.

(6) Se garantiza el control judicial de los actos administrativos de las autoridades públicas, por la vía contencioso-administrativa, a excepción de los relativos a las relaciones con el Parlamento, así como a las órdenes de carácter militar. Los órganos de lo contencioso administrativo son competentes para solucionar las demandas de las personas damnificadas por ordenanzas o, en su caso, por disposiciones de las ordenanzas declaradas  inconstitucionales.

Artículo 127.- El Carácter público de los debates.-

(1) Las audiencias judiciales son públicas, salvo los casos previstos por ley.

Artículo 128.- El uso de la lengua materna y de intérprete ante la justicia.-

(1) El proceso judicial se desarrolla en lengua rumana.

(2) Los ciudadanos rumanos pertenecientes a  minorías nacionales tienen derecho a expresarse en la lengua materna frente a los órganos judiciales, en las condiciones de ley orgánica.

(3) Las formas de ejercicio del derecho establecido en el parágrafo (2), incluso por medio del uso de intérprete o traducciones, se establecerán de modo que no se impida la buena administración de la justicia y que no supongan gastos suplementarios para los interesados.

(4) Los ciudadanos extranjeros y apátridas que no entiendan o no hablen la lengua rumana tienen derecho a tomar conocimiento de todos los documentos y diligencias del expediente, de hablar ante el juez y de poner conclusiones, por medio de intérprete; en los procesos penales este derecho se asegura de modo gratuito.    

Artículo 129.- El ejercicio de los recursos.-

Contra las sentencias judiciales, las partes interesadas y el Ministerio público pueden interponer recursos, en las condiciones de la ley.

Artículo 130.- La policía judicial.-

Los órganos judiciales dispondrán de policía puesta en su servicio.

SECCIÓN 2ª

EL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 131.- El cargo de Misterio público.-

(1) En la actividad judicial, el Ministerio público representa a los intereses generales de la sociedad y defiende el orden jurídico, así como los derechos y libertades de los ciudadanos.

(2) El Ministerio público ejerce sus atribuciones por medio de los fiscales constituidos en fiscalías adscritas a los órganos judiciales, en las condiciones de ley.

(3) Las fiscalías funcionarán en los órganos judiciales, y conducen y supervisan la actividad de investigación penal de la policía judicial, en las condiciones legales.

Artículo 132.- El estatuto de los fiscales.-

(1) Los fiscales desarrollan su actividad conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y control jerárquico, bajo la autoridad del ministro de justicia.

(2) El cargo de fiscal es incompatible con cualquier otra función pública o privada, salvo las funciones didácticas de la enseñanza superior.

SECCIÓN 3ª

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA MAGISTRATURA

Artículo 133.- Funciones y estructura.-

(1) El Consejo Superior de la Magistratura es  el garante de la independencia de la justicia.

(2)El Consejo Superior de la Magistratura está compuesto por 19 miembros, de los que

a) 14 son elegidos en las asambleas generales de los magistrados y confirmados por el Senado; éstos forman parte de dos secciones, una para jueces y otra para fiscales; la primera sección está compuesta por 9 jueces, y la segunda por 5 fiscales;

b) 2 representantes de la sociedad civil, especialistas en derecho, que gozan de alta reputación profesional y moral, elegidos por el Senado; éstos participan sólo en trabajos del pleno;

c) El ministro de justicia, el presidente del Alto Tribunal de Casación y Justicia y el fiscal General de la Fiscalía del Alto Tribunal de Casación y Justicia.

(3) El presidente del Consejo Superior de la magistratura es elegido por un mandato de un año, que no puede ser renovado, de entre los magistrados previstos en el parágrafo (2) letra a).

(4) La duración del mandato de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura es de 6 años.

(5) Las resoluciones del Consejo Superior de la Magistratura se adoptan por voto secreto.

(6) El Presidente de Rumanía presidirá los trabajos del Consejo Superior de la Magistratura en los que participe.

(7) Las resoluciones del Consejo Superior de la Magistratura son definitivas e irrevocables, a excepción de aquellas previstas en el artículo 134, parágrafo (2).

Artículo 134.- Atribuciones.-

(1) El Consejo Superior de la Magistratura propone al Presidente de Rumanía la designación en funciones  de los jueces y fiscales, salvo los provisionales, en las condiciones de la ley.

(2) El Consejo Superior de la Magistratura cumple el papel de órgano judicial, por medio de sus secciones, en las materias de responsabilidad disciplinar de los jueces y fiscales, conforme a los procedimientos establecidos por su ley orgánica. En estos casos, el ministro de justicia, el presidente del Alto Tribunal de Casación y Justicia y el Fiscal general de la Fiscalía del Alto Tribunal de Casación y Justicia no tienen derecho a voto.

(3) Las resoluciones disciplinarias del Consejo Superior de la Magistratura  pueden ser recurridas al  Alto Tribunal de Casación y Justicia.

(4) El Consejo Superior de la Magistratura cumple igualmente las funciones establecidas por su ley orgánica, en la realización de su papel de garante de la independencia judicial.

TITULO IV

ECONOMÍA Y  FINANZAS PÚBLICAS 

Artículo 135.- La economía.-

(1) La economía de Rumanía es  una economía de mercado, basada en la libre iniciativa y competencia.

(2) El Estado ha de asegurar:

a) la libertad de comercio, la protección de la competencia leal, la creación del marco favorable para la valoración de todos los factores de la producción;

b) la protección de los intereses nacionales en la actividad económica, financiera y monetaria;

c) el fomento de la investigación científica nacional, del arte y la protección de los derechos de autor;

d) la explotación de los recursos naturales, de acuerdo con el interés nacional;

e) la restauración y  defensa del medio ambiente, así como el mantenimiento del equilibrio ecológico;

f) la creación de las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida.

Artículo 136.- La propiedad.-

(1) La propiedad es público o privada.

(2) Se garantiza y defiende por ley la propiedad pública y pertenece al Estado o a las unidades administrativas territoriales.

 (3) Las riquezas de interés público del subsuelo, del espacio aéreo, las aguas con potencial energético valorificable, de interés nacional, las playas, el mar territorial,  los recursos naturales de la zona económica y de la plataforma continental, así como otros bienes establecidos por ley orgánica, son objeto exclusivo de propiedad pública.

(4) Los bienes de la propiedad pública son inalienables. Por ley orgánica pueden ser administrados  por organismos autónomos o instituciones públicas o pueden ser concesionados o alquilados; del mismo modo su uso puede ser donado a instituciones de utilidad pública.

(6) La propiedad privada es inviolable en las condiciones de  ley orgánica. 

Artículo 137.- El sistema financiero.-

(1) Se regularan por ley la formación, administración, uso y control de los recursos financieros del Estado, de las unidades administrativas territoriales y de las instituciones públicas.

(2) La moneda nacional es el “leu”, y su división, el “ban”. Conforme a la adhesión a la Unión Europea por ley orgánica se puede reconocer la circulación y sustitución de la moneda nacional por la de la Unión Europea.

Artículo 138.- El presupuesto público nacional.-

(1) El presupuesto público nacional comprende el presupuesto del Estado, el presupuesto de la seguridad; social de Estado y los presupuesto locales de las comunas, ciudades y provincias.

(2) El Gobierno elabora anualmente el proyecto del presupuesto de Estado y el de la Seguridad Social del Estado, que someten separadamente a la aprobación del Parlamento.

(3) De no haber sido aprobadas la ley del presupuesto de Estado y la ley del presupuesto de la Seguridad  social del Estado, con al menos 3 días antes de expirar el ejercicio presupuestario, se seguirán aplicándose el presupuesto de Estado y el presupuesto de la Seguridad  social del Estado del año precedente, hasta que se adopten los nuevos presupuestos.

(4) Los presupuestos locales se elaboran, aprueban y ejecutan conforme a la ley.

(5) No puede ser aprobado ningún gasto presupuestario sin haberse establecido la fuente de financiación. 

Artículo 139.-  Impuestos, tasas y otras contribuciones.-

(1) Los impuestos, tasas y cualquier otro ingreso del presupuesto de Estado y del presupuesto de la Seguridad social del Estado se establecen solo por la ley.

(2) Los impuestos y tasas locales se establecen por los consejos locales o provinciales, en los límites y  condiciones de la ley. 

(3) Las sumas representativas de contribuciones para la constitución de fondos, se usan en las condiciones legales sólo conforme a su destino.

Artículo 140.-  El Tribunal de Cuentas.-

(1) El Tribunal Cuentas ejerce el control sobre el modo de constitución, administración y utilización de los recursos financieros del Estado y del sector público. Por ley orgánica, los litigios resultados de la actividad del Tribunal de Cuentas se solucionan por los órganos judiciales especiales.

(2) El Tribunal de Cuentas presenta anualmente al Parlamento un informe sobre las cuentas de gestión del presupuesto público nacional del ejercicio presupuestario expirado,  incluyendo las irregularidades constatadas.

(3) A solicitud de la Cámara de Diputados o del Senado, el Tribunal de Cuentas controla el modo de gestión de los recursos públicos e informa sobre los resultados.

(4) Los consejeros de cuentas, son designados por el Parlamento, por un mandato de 9 años, que no pueden ser renovados o prolongados. Los miembros del Tribunal de Cuentas son independientes en el ejercicio de su mandato,  e inamovibles por toda la duración de su mandato. Son sometidos a las mismas  incompatibilidades previstas por la ley para los jueces. 

(5) El Tribunal de Cuentas renueva en una tercera parte a sus consejeros de cuentas designados por el Parlamento, de 3 en 3 años, en las condiciones previstas en la ley orgánica del Tribunal.

(6) la revocación de los miembros del Tribunal de Cuentas se hacer por el Parlamento, en los casos y condiciones previstos por ley.

Artículo 141.- El Consejo Económico y Social.-

El Consejo Económico y social es un órgano consultivo del Parlamento y del Gobierno en las materiales especiales establecidas por su ley orgánica de constitución, organización y funcionamiento.

TITULO V

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 142.- Estructura.-

(1) El Tribunal Constitucional es el garante de la supremacía de la Constitución.-

(2) El Tribunal Constitucional se compone de nueve jueces, nombrados por un mandato de 9 años, que no pueden prolongarse ni renovarse.

(3) Tres jueces son designados por la Cámara de los Diputados, tres por el Senado y tres por el Presidente de Rumanía.

(4) Los jueces del Tribunal Constitucional eligen, por voto secreto, al Presidente del  mismo por un periodo de 3 años.

(5) El Tribunal Constitucional renueva una tercera parte de sus jueces, cada 3 años, en las condiciones previstas por la ley orgánica del Tribunal. 

Artículo 143.-  Condiciones de nombramiento.-

Los jueces de El Tribunal Constitucional deben tener preparación jurídica superior, alta competencia profesional y una antigüedad de al menos 18 años en la actividad jurídica o en la enseñanza jurídica superior. 

Artículo 144.- Incompatibilidades.-

La función de juez del Tribunal Constitucional es incompatible con cualquier otra función pública o privada,  con excepción de las funciones didácticas de enseñanza jurídica superior. 

Artículo 145.- Independencia e inamovilidad.-

Los jueces del Tribunal Constitucional son independientes en el ejercicio de su mandato e inamovibles por la duración del mismo. 

Artículo 146.-  Atribuciones.-

El Tribunal Constitucional tiene las siguientes atribuciones:

a) se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación,  y sobre las iniciativas de revisión de la Constitución a petición del Presidente de Rumanía, o de alguno de los presidentes de las dos Cámaras,  del Gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, o de un número no inferior a 50 diputados o de no inferior a 25 senadores, así como de oficio;

b) se pronuncia sobre la constitucionalidad de los tratados u otros acuerdos internacionales, a solicitud de alguno de los presidentes de las dos Cámaras, de un número al menos de 50 diputados o 25 senadores;

c) se pronuncia sobre la constitucionalidad de reglamentos del Parlamento, a solicitud de alguno de los presidentes de las dos Cámaras, o de un grupo parlamentario o de un número de al menos 50 diputados o 25 senadores;

d) decide sobre las excepciones de inconstitucionalidad sobre leyes i ordenanzas, iniciadas ante los órganos judiciales o de arbitraje comercial; la excepción de inconstitucionalidad puede ser directamente presentada por el Abogado del Pueblo;

e) soluciona los conflictos jurídicos de naturaleza constitucional entre las autoridades públicas, a solicitud del Presidente de Rumanía, o de alguno de los presidentes de las dos Cámaras, del Primer Ministro o del Presidente del Consejo Superior de la Magistratura;

f) vela por el respeto al procedimiento para la elección del Presidente de Rumanía y confirma los resultados del sufragio;

g) declara la existencia de circunstancias que justifican la interinidad en el ejercicio del puesto de Presidente de Rumanía y comunica lo declarado al Parlamento y al Gobierno;

h) emite consultas para la proposición de suspensión del puesto de Presidente de Rumanía;

i) vela por el respeto al procedimiento para la organización  y desarrollo del referéndum y confirma los resultados del mismo;

j) verifica el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de la iniciativa legislativa por los ciudadanos;

k) decide sobre las reclamaciones de inconstitucionalidad de partidos políticos;

l) cumple igualmente las competencias previstas por la ley orgánica del Tribunal.

Artículo 147.-  Las decisiones del Tribunal Constitucional.-

(1) Las disposiciones de las leyes y ordenanzas en vigor, así como aquellas de los reglamentos declarados como inconstitucionales desan sus efectos jurídicos a los 45 días de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional si, en dicho intervalo, el Parlamento o el Gobierno, en su caso, no concuerdan las disposiciones inconstitucionales con las disposiciones de la Constitución. Durante este plazo, las disposiciones declaradas inconstitucionales se suspenden de pleno derecho.

(2) En los casos de inconstitucionalidad de leyes, antes de su promulgación, el Parlamento está obligado a reexaminar las diposiciones respectivas para concordarlas con la decisión del Tribunal Constitucional.

(3) En el caso en que la constitucionalidad de tratado o acuerdo internacional ha sido declarada conforme al artículo 146 letra b), éstos no pueden ser objeto de una excepción de inconstitucionalidad. El Tratado o el acuerdo internacional declarado inconstitucional no puede ser ratificado.

(4) Las decisiones del Tribunal Constitucional se publican en el Boletín oficial. Desde la fecha de publicación, las decisiones serán obligatorias de modo general y tienen fuerza sólo para el futuro.

 TITULO VI.-  

INTEGRACIÓN EURO-ATLÁNTICA.-

Artículo 148.- Integración en la Unión Europea.-

(1) La adhesión de Rumanía a los tratados constitutivos de la Unión Europea, para la transferencia de unas competencias a las instituciones comunitarias, así como para el ejercicio compartido con los demás estados miembros de las competencias previstas  en este tratado, se realiza por ley adoptada en sesión conjunta de las Cámaras de Diputados y Senado, con mayoría de dos tercios del número de diputados y senadores.

(2) Consecuencia de la adhesión, las disposiciones de los tratados constitutivos de la Unión Europea así como las demás reglamentaciones comunitarias de carácter obligatorio, tienen prioridad frente a las disposiciones contrarias del ordenamiento interno, respetando las disposiciones del acto de adhesión.

(3) Las disposiciones de los parágrafos (1) y (2) se aplican de igual modo para las revisiones de los tratados constitutivos de la Unión Europea.

(4) El Parlamento, el Presidente de Rumanía, el Gobierno y la autoridad judicial garantizan el cumplimiento de las obligaciones resultado del acta de adhesión y de las disposiciones del parágrafo (2).

(5) El Gobierno envía a las dos Cámaras del Parlamento los proyectos de documentos con carácter obligatorio antes de que éstos se sometan a aprobación de las instituciones de la Unión Europea.

Artículo 149.- La adhesión al Tratado Atlántico-Norte.-

La adhesión de Rumanía al Tratado del Atlántico-Norte se realizada por ley adoptada en sesión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado, con mayoría de dos tercios del número de diputados y senadores.

TITULO VII.-

LA REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 150.- Iniciativa de la revisión.-

(1) La revisión de la Constitución puede ser iniciada por el Presidente de Rumanía a proposición del Gobierno, de un mínimo de una cuarta parte del número de diputados o senadores, así como de un mínimo de 500.000 ciudadanos con derecho a voto.

(2) Los ciudadanos que inician la revisión de la Constitución deben provenir de al menos la mitad de las provincias del país y en cada una de estas provincias o del Municipio de Bucarest deben ser registradas al menos 20.000 firmas apoyando esta iniciativa.

Artículo 151.- El procedimiento de revisión.-

(1) El proyecto o proposición de revisión debe ser adoptado por la Cámara de Diputados y por el Senado con una mayoría de al menos dos terceras partes de número de miembros de cada Cámara.

(2) Si por el procedimiento de mediación no se logra un acuerdo, la Cámara de Diputados y el Senado, en sesión conjunta, deciden con el voto de al menos tres cuartos del número de diputados y senadores.

(3) La revisión es definitiva tras su aprobación por referéndum, organizado en el plazo máximo de 30 días desde la fecha de aprobación del proyecto o de la proposición de revisión.

Artículo 152.- Límites de la revisión.-

(1) Las disposiciones de la presente Constitución sobre el carácter nacional, independiente, unitario e indivisible del estado rumano, forma republicana de gobierno, integridad del territorio, independencia de la justicia, pluralismo político y lengua oficial no pueden ser objeto de revisión.

(2) Del mismo modo, ninguna revisión puede ser hecha si tiene como resultado la supresión de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos o sus garantías.

(3) La Constitución no puede ser revisada mientras haya estado de asedio o de urgencia ni en tiempo de guerra.

TITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS.-

 Artículo 153.-  Entrada en vigor.-

La presente Constitución entra en vigor en la fecha de su aprobación por referéndum. En la misma fecha, la Constitución del 21 de Agosto de 1965 es y queda completamente derogada. 

Artículo 154.- Conflicto temporal de leyes.-

(1) Las leyes y todas las demás actos normativos se mantienen en vigor, en la medida en que no contradicen la presente Constitución.

(2) El Consejo Legislativo, en un plazo de 12 meses desde la fecha de entrada en vigor de su ley de organización, examinará la conformidad de la legislación con la presente Constitución y presentará al Parlamento o, en su caso, al Gobierno, las propuestas que correspondan. 

Artículo 155.-  Disposiciones transitorias.-

Los proyectos de ley y porposiciones legislativas en curso de elaboración se debatirán y se aprobarán conforme a las disposiciones constitucionales anteriores a la entrada en vigor de la ley de revisión.

(2) Las instituciones previstas por la Constitución, existentes en la fecha de entrada en vigor de la ley de revisión, permanecen en función hasta la constitución de las nuevas.

(3) Las disposiciones del parágrafo (1) del artículo 83 se aplican a partir del posterior mandato presidencial.

(4) Las disposiciones relativas al Alto Tribunal de Casación y Justicia serán cumplidas en el plazo máximo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la ley de revisión.

(5) Los jueces en función del Tribunal Supremo de Justicia y consejeros de cuentas designados por el Parlamento continuarán la actividad hasta la fecha de terminación del mandato por el que han sido designados. Para asegurar la renovación del Tribunal de Cuentas de 3 en 3 años, a la terminacón del mandato de los actuales consejeros de cuentas podrán ser designados para un nuevo mandato de 3 años o de 6 años.

(6) Hasta la constitución de los órganos judiciales especializados  en litigios resultado de la actividad del Tribunal de Cuentas, éstos serán resueltos por los órganos judiciales ordinarios.

Artículo 156.- Re publicación de la Constitución.-

La Ley de revisión de la Constitución se publica en el Boletín oficial de Rumanía en el plazo de 5 días desde la fecha de aprobación. La Constitución, modificada y completada, tras la aprobación del referéndum, se vuelve a publicar por el Consejo Legislativo, reactualizando las denominaciones, dándose a los textos una nueva numeración.

Modificada y completada por Ley de revisión de la Constitución de Rumanía nro., 429/2003, publicada en el Boletín oficial de Rumanía Parte I, nro 758 de 20 de octubre 2003, re publicada por el Consejo legislativo, en base al art. 152 de la Constitución, reactualizando las denominaciones y dándose a los textos una nueva numeración.

El Código de trabajo rumano (en adelante CM), en su artículo 248, reglamenta las sanciones disciplinarias que puede aplicar una empresa a sus trabajadores, dejando prohibidas otras formas de sanción diferentes de las allí establecidas. Son:

• Advertencia escrita;
• Retrogradación  de puesto por duración inferior a 60 días;
• Reducción del salario de base por una duración de 1 a 3 meses con el 5-10% de porcentaje;
• Reducción de dicho salario base más las indemnizaciones de directivo, por el mismo porcentaje y periodo;
• Resolución del contrato de trabajo.

El CM seguidamente deja claro que las sanciones que se aplican a profesionales previstas en sus estatutos propios les son de aplicación frente al CM.

Se establece la prohibición de multas disciplinarias, en el ámbito laboral, y el principio de non bis in idem, por el que no se pueden aplicar dos sanciones diferentes por un mismo hecho.

El principio de proporcionalidad, en la aplicación de alguna de las sanciones antes mencionadas, se establece en el art. 250 CM, teniéndose que basar la aplicación de la medida más ajustada a los hechos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Las circunstancias en que el hecho ha sido cometido;
• El grado de culpabilidad del trabajador;
• Las consecuencias del incumplimiento disciplinario;
• El comportamiento general en el servicio del trabajador; y
• Las eventuales sanciones disciplinarias sufridas con anterioridad por el trabajador.

En relación con este último aspecto, se introduce como novedad en el CM la posibilidad de cancelación de los antecedentes disciplinarios en el centro de trabajo, de modo que si pasan doce meses sin haberse cometido ningún hecho contra la disciplina, se deben cancelar de oficio por el empresario, no pudiendo éste basar en ese hecho una mayor gravedad en la supuesta proporcionalidad de la sanción a imponer conforme al artículo 250 antes mencionado.

A excepción de la primera de las medidas de advertencia, el resto deben ser adoptadas tras un procedimiento de investigación disciplinaria, que ya hemos analizado en esta página de la web para el caso de despido disciplinario, siendo el mismo que para el resto de casos a excepción de la simple advertencia. No obstante, el anterior convenio colectivo nacional preveía que incluso la advertencia debía imponerse tras un procedimiento disciplinario. Actualmente, los convenios colectivos nacionales dejaron de tener valor jurídico y vigencia, ya no son fuente de derechos y obligaciones salariales en Rumanía, siendo válidos sólo los que se negocian a nivel de centro de trabajo, grupos de centros de trabajo, y de sector, estando en vigor algunos convenios a nivel de ramo.

Conforme al art. 52 del CM se puede suspender igualmente el contrato de trabajo consecuencia de un procedimiento disciplinario previo y por un proceso penal abierto contra el trabajador, ya sea por el propio empresario, ya por cualquiera autoridad, por hechos incompatibles con su cargo, y sólo  durante el procedimiento que se trate, si bien, si se declara posteriormente la inocencia del mismo, se deberá indemnizar al mismo con el salario dejado de percibir y los demás derechos que le hubieran correspondido.

Economía y  Finanzas públicas 

Artículo 135.- La economía.-

(1) La economía de Rumanía es  una economía de mercado, basada en la libre iniciativa y competencia.

(2) El Estado ha de asegurar:

a) la libertad de comercio, la protección de la competencia leal, la creación del marco favorable para la valoración de todos los factores de la producción;

b) la protección de los intereses nacionales en la actividad económica, financiera y monetaria;

c) el fomento de la investigación científica nacional, del arte y la protección de los derechos de autor;

d) la explotación de los recursos naturales, de acuerdo con el interés nacional;

e) la restauración y  defensa del medio ambiente, así como el mantenimiento del equilibrio ecológico;

f) la creación de las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida.

Artículo 136.- La propiedad.-

(1) La propiedad es público o privada.

(2) Se garantiza y defiende por ley la propiedad pública y pertenece al Estado o a las unidades administrativas territoriales.

 (3) Las riquezas de interés público del subsuelo, del espacio aéreo, las aguas con potencial energético valorificable, de interés nacional, las playas, el mar territorial,  los recursos naturales de la zona económica y de la plataforma continental, así como otros bienes establecidos por ley orgánica, son objeto exclusivo de propiedad pública.

(4) Los bienes de la propiedad pública son inalienables. Por ley orgánica pueden ser administrados  por organismos autónomos o instituciones públicas o pueden ser concesionados o alquilados; del mismo modo su uso puede ser donado a instituciones de utilidad pública.

(6) La propiedad privada es inviolable en las condiciones de  ley orgánica. 

Artículo 137.- El sistema financiero.-

(1) Se regularan por ley la formación, administración, uso y control de los recursos financieros del Estado, de las unidades administrativas territoriales y de las instituciones públicas.

(2) La moneda nacional es el “leu”, y su división, el “ban”. Conforme a la adhesión a la Unión Europea por ley orgánica se puede reconocer la circulación y sustitución de la moneda nacional por la de la Unión Europea.

Artículo 138.- El presupuesto público nacional.-

(1) El presupuesto público nacional comprende el presupuesto del Estado, el presupuesto de la seguridad; social de Estado y los presupuesto locales de las comunas, ciudades y provincias.

(2) El Gobierno elabora anualmente el proyecto del presupuesto de Estado y el de la Seguridad Social del Estado, que someten separadamente a la aprobación del Parlamento.

(3) De no haber sido aprobadas la ley del presupuesto de Estado y la ley del presupuesto de la Seguridad  social del Estado, con al menos 3 días antes de expirar el ejercicio presupuestario, se seguirán aplicándose el presupuesto de Estado y el presupuesto de la Seguridad  social del Estado del año precedente, hasta que se adopten los nuevos presupuestos.

(4) Los presupuestos locales se elaboran, aprueban y ejecutan conforme a la ley.

(5) No puede ser aprobado ningún gasto presupuestario sin haberse establecido la fuente de financiación. 

Artículo 139.-  Impuestos, tasas y otras contribuciones.-

(1) Los impuestos, tasas y cualquier otro ingreso del presupuesto de Estado y del presupuesto de la Seguridad social del Estado se establecen solo por la ley.

(2) Los impuestos y tasas locales se establecen por los consejos locales o provinciales, en los límites y  condiciones de la ley. 

(3) Las sumas representativas de contribuciones para la constitución de fondos, se usan en las condiciones legales sólo conforme a su destino.

Artículo 140.-  El Tribunal de Cuentas.-

(1) El Tribunal Cuentas ejerce el control sobre el modo de constitución, administración y utilización de los recursos financieros del Estado y del sector público. Por ley orgánica, los litigios resultados de la actividad del Tribunal de Cuentas se solucionan por los órganos judiciales especiales.

(2) El Tribunal de Cuentas presenta anualmente al Parlamento un informe sobre las cuentas de gestión del presupuesto público nacional del ejercicio presupuestario expirado,  incluyendo las irregularidades constatadas.

(3) A solicitud de la Cámara de Diputados o del Senado, el Tribunal de Cuentas controla el modo de gestión de los recursos públicos e informa sobre los resultados.

(4) Los consejeros de cuentas, son designados por el Parlamento, por un mandato de 9 años, que no pueden ser renovados o prolongados. Los miembros del Tribunal de Cuentas son independientes en el ejercicio de su mandato,  e inamovibles por toda la duración de su mandato. Son sometidos a las mismas  incompatibilidades previstas por la ley para los jueces. 

(5) El Tribunal de Cuentas renueva en una tercera parte a sus consejeros de cuentas designados por el Parlamento, de 3 en 3 años, en las condiciones previstas en la ley orgánica del Tribunal.

(6) la revocación de los miembros del Tribunal de Cuentas se hacer por el Parlamento, en los casos y condiciones previstos por ley.

Artículo 141.- El Consejo Económico y Social.-

El Consejo Económico y social es un órgano consultivo del Parlamento y del Gobierno en las materiales especiales establecidas por su ley orgánica de constitución, organización y funcionamiento.

TITULO V

El Tribunal Constitucional 

Artículo 142.- Estructura.-

(1) El Tribunal Constitucional es el garante de la supremacía de la Constitución.-

(2) El Tribunal Constitucional se compone de nueve jueces, nombrados por un mandato de 9 años, que no pueden prolongarse ni renovarse.

(3) Tres jueces son designados por la Cámara de los Diputados, tres por el Senado y tres por el Presidente de Rumanía.

(4) Los jueces del Tribunal Constitucional eligen, por voto secreto, al Presidente del  mismo por un periodo de 3 años.

(5) El Tribunal Constitucional renueva una tercera parte de sus jueces, cada 3 años, en las condiciones previstas por la ley orgánica del Tribunal. 

Artículo 143.-  Condiciones del nombramiento.-

Los jueces de El Tribunal Constitucional deben tener preparación jurídica superior, alta competencia profesional y una antigüedad de al menos 18 años en la actividad jurídica o en la enseñanza jurídica superior. 

Artículo 144.- Incompatibilidades.-

La función de juez del Tribunal Constitucional es incompatible con cualquier otra función pública o privada,  con excepción de las funciones didácticas de enseñanza jurídica superior. 

Artículo 145.- Independencia e Inamovilidad.-

Los jueces del Tribunal Constitucional son independientes en el ejercicio de su mandato e inamovibles por la duración del mismo. 

Artículo 146.-  Atribuciones.-

El Tribunal Constitucional tiene las siguientes atribuciones:

a) se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación,  y sobre las iniciativas de revisión de la Constitución a petición del Presidente de Rumanía, o de alguno de los presidentes de las dos Cámaras,  del Gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, o de un número no inferior a 50 diputados o de no inferior a 25 senadores, así como de oficio;

b) se pronuncia sobre la constitucionalidad de los tratados u otros acuerdos internacionales, a solicitud de alguno de los presidentes de las dos Cámaras, de un número al menos de 50 diputados o 25 senadores;

c) se pronuncia sobre la constitucionalidad de reglamentos del Parlamento, a solicitud de alguno de los presidentes de las dos Cámaras, o de un grupo parlamentario o de un número de al menos 50 diputados o 25 senadores;

d) decide sobre las excepciones de inconstitucionalidad sobre leyes i ordenanzas, iniciadas ante los órganos judiciales o de arbitraje comercial; la excepción de inconstitucionalidad puede ser directamente presentada por el Abogado del Pueblo;

e) Soluciona los conflictos jurídicos de naturaleza constitucional entre las autoridades públicas, a solicitud del Presidente de Rumanía, o de alguno de los presidentes de las dos Cámaras, del Primer Ministro o del Presidente del Consejo Superior de la Magistratura

f) vela por el respeto al procedimiento para la elección del Presidente de Rumanía y confirma los resultados del sufragio;

g) Declara la existencia de circunstancias que justifican la interinidad en el ejercicio de la función de Presidente de Rumanía y comunica lo declarado al Parlamento y al Gobierno;

h) Emite consultas para la proposición de suspensión de la función de Presidente de Rumanía;

i) vela por el respeto al procedimiento para la organización  y desarrollo del referéndum y confirma los resultados del mismo;

j) verifica el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de la iniciativa legislativa por los ciudadanos;

k) decide sobre las reclamaciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. 

l) cumple igualmente las competencias previstas por la ley orgánica del Tribunal.

Artículo 147.-  Las decisiones del Tribunal Constitucional.-

(1) Las disposiciones de las leyes y ordenanzas en vigor, así como aquellas de los reglamentos declarados como inconstitucionales desan sus efectos jurídicos a los 45 días de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional si, en dicho intervalo, el Parlamento o el Gobierno, en su caso, no concuerdan las disposiciones inconstitucionales con las disposiciones de la Constitución. Durante este plazo, las disposiciones declaradas inconstitucionales se suspenden de pleno derecho.

(2) En los casos de inconstitucionalidad de leyes, antes de su promulgación, el Parlamento está obligado a reexaminar las diposiciones respectivas para concordarlas con la decisión del Tribunal Constitucional.

(3) En el caso en que la constitucionalidad de tratado o acuerdo internacional ha sido declarada conforme al artículo 146 letra b), éstos no pueden ser objeto de una excepción de inconstitucionalidad. El Tratado o el acuerdo internacional declarado inconstitucional no puede ser ratificado.

(4) Las decisiones del Tribunal Constitucional se publican en el Boletín oficial. Desde la fecha de publicación, las decisiones serán obligatorias de modo general y tienen fuerza sólo para el futuro.

 TITULO VI.-  

Integración Euro-atlántica.-

Artículo 148.- Integración en la Unión Europea.-

(1) La adhesión de Rumanía a los tratados constitutivos de la Unión Europea, para la transferencia de unas competencias a las instituciones comunitarias, así como para el ejercicio compartido con los demás estados miembros de las competencias previstas  en este tratado, se realiza por ley adoptada en sesión conjunta de las Cámaras de Diputados y Senado, con mayoría de dos tercios del número de diputados y senadores.

(2) Consecuencia de la adhesión, las disposiciones de los tratados constitutivos de la Unión Europea así como las demás reglamentaciones comunitarias de carácter obligatorio, tienen prioridad frente a las disposiciones contrarias del ordenamiento interno, respetando las disposiciones del acto de adhesión.

(3) Las disposiciones de los parágrafos (1) y (2) se aplican de igual modo para las revisiones de los tratados constitutivos de la Unión Europea.

(4) El Parlamento, el Presidente de Rumanía, el Gobierno y la autoridad judicial garantizan el cumplimiento de las obligaciones resultado del acta de adhesión y de las disposiciones del parágrafo (2).

(5) El Gobierno envía a las dos Cámaras del Parlamento los proyectos de documentos con carácter obligatorio antes de que éstos se sometan a aprobación de las instituciones de la Unión Europea.

Artículo 149.- La adhesión al Tratado Atlántico Norte.-

La adhesión de Rumanía al Tratado del Atlántico Norte se realizada por ley adoptada en sesión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado, con mayoría de dos tercios del número de diputados y senadores.

TITULO VII.-

La revisión de la Constitución

Artículo 150.- Iniciativa de la revisión.-

(1) La revisión de la Constitución puede ser iniciada por el Presidente de Rumanía a proposición del Gobierno, de un mínimo de una cuarta parte del número de diputados o senadores, así como de un mínimo de 500.000 ciudadanos con derecho a voto.

(2) Los ciudadanos que inician la revisión de la Constitución deben provenir de al menos la mitad de las provincias del país y en cada una de estas provincias o del Municipio de Bucarest deben ser registradas al menos 20.000 firmas apoyando esta iniciativa.

Artículo 151.- El procedimiento de revisión.-

(1) El proyecto o proposición de revisión debe ser adoptado por la Cámara de Diputados y por el Senado con una mayoría de al menos dos terceras partes de número de miembros de cada Cámara.

(2) Si por el procedimiento de mediación no se logra un acuerdo, la Cámara de Diputados y el Senado, en sesión conjunta, deciden con el voto de al menos tres cuartos del número de diputados y senadores.

(3) La revisión es definitiva tras su aprobación por referéndum, organizado en el plazo máximo de 30 días desde la fecha de aprobación del proyecto o de la proposición de revisión.

Artículo 152.- Límites de la revisión.-

(1) Las disposiciones de la presente Constitución sobre el carácter nacional, independiente, unitario e indivisible del estado rumano, forma republicana de gobierno, integridad del territorio, independencia de la justicia, pluralismo político y lengua oficial no pueden ser objeto de revisión.

(2) Del mismo modo, ninguna revisión puede ser hecha si tiene como resultado la supresión de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos o sus garantías.

(3) La Constitución no puede ser revisada mientras haya estado de asedio o de urgencia ni en tiempo de guerra.

TITULO VIII

Disposiciones finales y transitorias.-

Artículo 153.-  Entrada en vigor.-

La presente Constitución entra en vigor en la fecha de su aprobación por referéndum. En la misma fecha, la Constitución del 21 de Agosto de 1965 es y queda completamente derogada. 

Artículo 154.- Conflicto temporal de leyes.-

(1) Las leyes y todas las demás actos normativos se mantienen en vigor, en la medida en que no contradicen la presente Constitución.

(2) El Consejo Legislativo, en un plazo de 12 meses desde la fecha de entrada en vigor de su ley de organización, examinará la conformidad de la legislación con la presente Constitución y presentará al Parlamento o, en su caso, al Gobierno, las propuestas que correspondan. 

Artículo 156.-  Disposiciones transitorias.-

Los proyectos de ley y porposiciones legislativas en curso de elaboración se debatirán y se aprobarán conforme a las disposiciones constitucionales anteriores a la entrada en vigor de la ley de revisión.

(2) Las instituciones previstas por la Constitución, existentes en la fecha de entrada en vigor de la ley de revisión, permanecen en función hasta la constitución de las nuevas.

(3) Las disposiciones del parágrafo (1) del artículo 83 se aplican a partir del posterior mandato presidencial.

(4) Las disposiciones relativas al Alto Tribunal de Casación y Justicia serán cumplidas en el plazo máximo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la ley de revisión.

(5) Los jueces en función del Tribunal Supremo de Justicia y consejeros de cuentas designados por el Parlamento continuarán la actividad hasta la fecha de terminación del mandato por el que han sido designados. Para asegurar la renovación del Tribunal de Cuentas de 3 en 3 años, a la terminacón del mandato de los actuales consejeros de cuentas podrán ser designados para un nuevo mandato de 3 años o de 6 años.

(6) Hasta la constitución de los órganos judiciales especializados  en litigios resultado de la actividad del Tribunal de Cuentas, éstos serán resueltos por los órganos judiciales ordinarios.

Artículo 156.- Re publicación de la Constitución.-

La Ley de revisión de la Constitución se publica en el Boletín oficial de Rumanía en el plazo de 5 días desde la fecha de aprobación. La Constitución, modificada y completada, tras la aprobación del referéndum, se vuelve a publicar por el Consejo Legislativo, reactualizando las denominaciones, dándose a los textos una nueva numeración.

Modificada y completada por Ley de revisión de la Constitución de Rumanía nro., 429/2003, publicada en el Boletín oficial de Rumanía Parte I, nro 758 de 20 de octubre 2003, re publicada por el Consejo legislativo, en base al art. 152 de la Constitución, reactualizando las denominaciones y dándose a los textos una nueva numeración.

Está regulado en los artículos 1566 a 1592 del nuevo Código civil (en adelante NCC), en sus aspectos sustantivos, e incidentalmente en las regulaciones específicas de los créditos hipotecarios, por Ley 190/1999, en el régimen jurídico del contrato de crédito para consumidores, OUG 50/2010, y en el régimen de las instituciones no bancarias, regulado por Ley 93/2009. Estos artículos se encuentran en el capitulo primero, “Cesión de créditos” del Título VI, “Transmisión y transformación de obligaciones” del Libro V, “De las obligaciones”.

La definición que da el NCC rumano del año 2011, es simple: “convención por la que el acreedor cedente transmite al cesionario un crédito contra un tercero”, si bien aparta de su campo de aplicación a las transmisiones universales, a la de los títulos valores y otros instrumentos financieros, a excepción en este último caso de los créditos incorporados en títulos nominativos, a la orden o al portador regulados en los artículos 1587 a 1592 NCC, pero que en todo caso lo regula parcialmente, en sus especialidades en cuanto a la forma de transmisión y ,medios de defensa,  remitiéndose a una ley especial para completar su régimen jurídico.

La cesión implica la del crédito y todos sus accesorios, a excepción del bien hipotecado o entregado en prenda (rum. “gaj”), es válida siempre que no esté prohibida expresamente, puede ser parcial o total, presente o futura, no necesita notificación al deudor para su validez, si bien hasta su notificación no produce efectos, si ésta se hace por vía judicial no tiene obligación de pago de las costas judiciales, y el cesionario debe soportar todas las excepciones que el deudor pudiera tener frente al cedente.

Sólo en caso de una cesión onerosa, el cedente tiene obligación de garantizar la misma, respondiendo de la solvencia del deudor hasta el momento de la fecha de la cesión y hasta la concurrencia del precio estipulado en la cesión.

Desde el punto de vista contable, el art. 16 de la ley de contabilidad rumana, ley 82/1991, se recogen  en el punto 190 del reglamento aprobado por Orden MFP nro. 3055/2009,   las Directivas comunitarias IV y VII, conforme a los cuales, en caso de cesiones de créditos, la diferencia entre el valor del crédito asumido por la cesión y la suma pagada al cedente, viene a representar un ingreso en la fecha en que se constatan los derechos y obligaciones conforme a las cláusulas contractuales. Y en el punto 56, parágrafo 3,  de la misma normativa, se recoge: ·la evaluación en el inventario de los créditos y deudas se hace al valor de probabilidad de ingreso o pago. Las diferencias constatadas en menos entre el valor de inventario establecido al inventariar, y el valor contable de los créditos se contabilizan en base a ajustes por la depreciación de los créditos, Para créditos inciertos se realizan ajustes por las pérdidas de valor”.

El aval se denomina en rumano “fideiusiunea” y está regulada en los artículos 2280 a 2320 y en el artículo 1633 del nuevo Código civil rumano (en adelante NCC),  aquéllos se localizan  en el capítulo II del título X, “Las garantías personales”, del Libro V, “De las obligaciones”, y el último  se encuentra en el capítulo IV, “Remisión de deudas”,  título VII, “De la extinción de las obligaciones”, del mismo Libro V.

Se define en el primero de los artículos mencionados, como una noción jurídica, estableciendo que es el “contrato en virtud del cual el avalista se obliga frente a la otra parte, que tiene en otra relación obligacional la calidad de acreedor, a cumplir, a título gratuito o a cambio de una remuneración, la obligación del deudor si éste no la ejecuta”.

No es necesaria la solemnidad de la forma auténtica, y se puede otorgar sin el consentimiento del deudor principal. Incluso se puede avalar a otro avalista.

Para ser reconocida como válida la obligación de presentar un avalista,  el Código civil establece unas condiciones, de alguna manera restrictivas y quizás obsoletas, al decir que el avalista prometido y que se presenta al acreedor debe tener bienes suficientes y domicilio en Rumanía, a no ser que el acreedor haya designado una persona, cumpla o no esas condiciones.

La obligación del avalista es accesoria de modo que no va más allá de la deuda principal, pudiendo el avalista reducir las garantías a los límites de aquélla, con sus accesorios, intereses y posibles costas. En todo caso puede ser contratada extensiva sólo a parte de la obligación principal.

Se puede renunciar el beneficio de excusión, es decir de poder reclamar que se persigan antes los bienes del deudor, si se hace de modo expreso, y a no ser que sea un avalista impuesto por vía judicial. El avalista puede oponer al acreedor todos los medios de defensa que le correspondería al deudor principal, como por ejemplo la prescripción, a no ser que sean personalísimas o se haya renunciado igualmente.

El beneficio de división es el que ostenta el avalista frente al acreedor cuando hay otros avalistas, a no ser que uno de ellos haya sido declarado insolvente, en cuyo caso su parte es pagada proporcionalmente por el resto de avalistas.

En el caso de aval solidario no se aplican los beneficios de división y excusión, por ley, art.2300 NCC.

El avalista, evidentemente, se subroga en los derechos del acreedor frente al deudor que incumple sus obligaciones, mediante la acción denominada de regreso, que incluye los daños e intereses, incluso en el caso que la obligación principal no produce intereses, a no ser que el aval se ha constituido sin el consentimiento de él. En el caso que la obligación principal sea liberada por causa de incapacidad el avalista sólo puede reclamar en el límite del enriquecimiento sin causa que haya obtenido.

En el caso que el avalista no haya comunicado al deudor principal el pago de la deuda, y éste haya realizado el pago, el avalista no puede repercutir sino contra el acreedor por la restitución de los pagos indebidamente realizados e incluso por la misma razón contra el deudor principal que no le ha comunicado el pago realizado.  De este modo se establece la obligación recíproca de comunicación de los pagos entre avalista y deudor principal, con la sanción de legitimación pasiva para el pago indebidamente realizado al acreedor.

El avalista puede en todo caso presentarse al deudor principal aunque no haya pagado si es perseguido judicialmente, lo que se convertirá en un llamamiento solidario procesal en el juicio iniciado por el acreedor.

Por último, el artículo 1633 NCC, mencionado al comienzo, literalmente dice: “(1) la remisión de la deuda hecha al deudor principal libera al avalista, así como a cualquier otra persona presentada por él. (2) La remisión de la deuda consentida a favor del avalista no libera al deudor principal. (3) Si la remisión de la deuda es consensuada con uno de los avalistas, los demás quedan obligados a garantizar por todo incluyendo e las partes garantizadas por aquél, sólo si han consentido expresamente a su exoneración (4) La prestación recibida por el acreedor de un avalista para exonerarle de la obligación de garantía se imputa sobre la deuda, tanto al deudor principal como a los demás avalistas.

Este artículo que ya estaba previsto en el antiguo artículo 1142 del Código civil, viene a sostener de nuevo la accesoriedad de la obligación del avalista respecto al deudor principal, de tal modo que la extinción de la obligación principal extingue la accesoria y no al revés.

La Administración pública

Sección 1

La Administración pública central  por sectores

Artículo 116.- Estructura     

(1) Los ministerios se organizan sólo  subordinados al Gobierno.

(2) Se pueden organizar otros órganos de especialidad subordinados al Gobierno o a los ministerios o como autoridades administrativas autónomas.

Artículo 117.-  La constitución.-

(1) Los ministerios se constituyen, se organizan y funcionan de conformidad a la ley.

(2) El Gobierno y los ministerios, con el visto bueno del Tribunal de Cuentas, pueden constituir órganos de especialidad, en su subordinación, solo si la ley les reconoce esta competencia.

(3) Las autoridades administrativas autónomas pueden ser constituidas por ley orgánica.

Artículo 118.-  Las fuerzas armadas.-

(1) El ejército está subordinado exclusivamente a la voluntad del pueblo, para la garantía de la soberanía, la independencia y  unidad del Estado, la integridad territorial del país y la democracia constitucional. En condiciones legales y de los tratados internacionales de los que Rumanía forma parte, el ejército contribuye a la defensa colectiva en sistemas de alianza militar y participa en acciones para el mantenimiento o restablecimiento de la paz.

(2) La estructura del sistema nacional de defensa,  la preparación de la población, de la economía y del territorio para la defensa, así como el estatuto de los cuadros militares, se establecen por ley orgánica.

(3) Las disposiciones de los parágrafos (1) y (2) se aplican, de igual manera, a los demás componentes de las fuerzas armadas.

(4) Se prohíbe la organización de actividades militares o paramilitares, sin la autoridad del Estado.

(5) En el territorio de Rumanía pueden entrar, estacionar  o pasar tropas extranjeras sólo en las condiciones establecidas por la ley o por tratados internacionales de los que Rumanía es parte.

Artículo 119.-  El Consejo Supremo de Defensa de la Patria.-

El Consejo Supremo de Defensa de la Patria organiza y coordina de modo unitario las actividades relativas a la defensa del país y la seguridad nacional, la participación en el mantenimiento de la seguridad internacional y la defensa colectiva en los sistemas de alianza militar, así como en las acciones de mantenimiento o restablecimiento de la paz.

Sección 2ª

La Administración pública local

Artículo 120.-  Principios básicos.-

(1) La administración por  unidades administrativas-territoriales se basa en los principios de descentralización,  autonomía local y  desconcentración de los servicios públicos.

(2) En las unidades administrativas territoriales en que los ciudadanos que perteneciendo a minorías nacionales tienen un peso significativo, se asegurará el uso de las lenguas minoritarias nacionales respectivas por escrito y oralmente en las relaciones con las autoridades administrativas públicas locales y con los servicios públicos desconcentrados, en las condiciones establecidas por ley orgánica.

Artículo 121.- Autoridades comunales y urbanas.-

(1) Las autoridades de la administración pública, por las que se ejerce la autonomía local en comunas y en ciudades, son los consejos locales  y los alcaldes elegidos, en las condiciones legales.

(2) Los consejos locales y los alcaldes funcionan, en condiciones legales, como autoridades administrativas autónomas y resuelven los asuntos públicos de las comunas y ciudades.

(3) Las autoridades previstas en el parágrafo (1) pueden constituirse también en subdivisiones administrativas-territoriales de los municipios.

Artículo 122.- El consejo provincial.-

(1) El consejo provincial es la autoridad de la administración pública para la coordinación de la actividad de los consejos comunales y urbanos, para la prestación de los servicios públicos de interés provincial.

(2) El consejo provincial es elegido y funciona en base a la ley.

Artículo 123.-  El prefecto.-

(1) El Gobierno nombra un prefecto en cada provincia y en el municipio de Bucarest.

(2) El prefecto es el representante del Gobierno a nivel local y dirige los servicios públicos descentralizados de los ministerios y de los demás órganos de la administración pública central,  de unidades administrativas territoriales.

(3) Las competencias del prefecto se establecen por medio  de ley orgánica.

(4) Entre los prefectos, por una parte, los consejos locales y alcaldes, así como consejos provinciales y presidentes de éstos, por otra, no existe relación de subordinación.

(5) El prefecto puede recurrir  ante los juzgados contencioso- administrativos, un documento del consejero provincial, del local o del alcalde, en el caso que considere el documento ilegal. El documento recurrido queda suspendido de derecho.

CAPITULO VI

La Autoridad Judicial

Sección 1

Los órganos judiciales

Artículo 124.- La Administración de justicia.-

(1) La justicia se administra nombre de la ley.

(2) La justicia es única, imparcial, e igual para todos.

(2) Los jueces son independientes y se someten solo a la ley.

Artículo 125.- El estatuto de los jueces.-

(1) Los jueces nombrados por el Presidente de Rumanía son inamovibles, de acuerdo a la ley.

(2) Las proposiciones de designación, así como la promoción, transferencia, y sanción de los jueces son de la competencia del Consejo Superior de la Magistratura, conforme a sus leyes orgánicas.

(3) Las funciones de juez con incompatibles con cualquier otra función pública o privada, a excepción de las funciones didácticas de la enseñanza superior.

Artículo 126.- Los órganos judiciales.-

(1) La justicia se realiza por el Alto Tribunal de Casación y Justicia y por los demás órganos judiciales establecidas por ley.

(2) La competencia de los órganos judiciales y el procedimiento de enjuiciamiento serán dispuestos sólo por ley.

(3) El Alto Tribunal de Casación y Justicia asegura la interpretación y aplicación unitaria de la ley por los demás órganos judiciales, conforme a sus competencias.

(4) La composición del Alto Tribunal de Casación y Justicia y las reglas de su funcionamiento se establecen por ley orgánica.

(5) Están prohibidas la constitución de órganos judiciales extraordinarios. Por ley orgánica se pueden constituir órganos judiciales especializados en determinadas materias, posibilitando la participación, en su caso,  de personas externas a la magistratura.

(6) Se garantiza el control judicial de los actos administrativos de las autoridades públicas, por la vía contencioso-administrativa, a excepción de los relativos a las relaciones con el Parlamento, así como a las órdenes de carácter militar. Los órganos de lo contencioso administrativo son competentes para solucionar las demandas de las personas damnificadas por ordenanzas o, en su caso, por disposiciones de las ordenanzas declaradas  inconstitucionales.

Artículo 127.- El Carácter público de los debates.-

(1) Las audiencias judiciales son públicas, salvo los casos previstos por ley.

Artículo 128.-              El uso de la lengua materna y de intérprete ante la justicia.-

(1) El proceso judicial se desarrolla en lengua rumana.

(2) Los ciudadanos rumanos pertenecientes a  minorías nacionales tienen derecho a expresarse en la lengua materna frente a los órganos judiciales, en las condiciones de ley orgánica.

(3) Las formas de ejercicio del derecho establecido en el parágrafo (2), incluso por medio del uso de intérprete o traducciones, se establecerán de modo que no se impida la buena administración de la justicia y que no supongan gastos suplementarios para los interesados.

(4) Los ciudadanos extranjeros y apátridas que no entiendan o no hablen la lengua rumana tienen derecho a tomar conocimiento de todos los documentos y diligencias del expediente, de hablar ante el juez y de poner conclusiones, por medio de intérprete; en los procesos penales este derecho se asegura de modo gratuito.    

Artículo 129.- El ejercicio de los recursos.-

Contra las sentencias judiciales, las partes interesadas y el Ministerio público pueden interponer recursos, en las condiciones de la ley.

Artículo 130.- La policía judicial.-

Los órganos judiciales dispondrán de policía puesta en su servicio.

Sección 2ª

El Ministerio Público

Artículo 131.- La función del Misterio público.-

(1) En la actividad judicial, el Ministerio público representa los intereses generales de la sociedad y defiende el orden jurídico, así como los derechos y libertades de los ciudadanos.

(2) El Ministerio público ejerce las atribuciones por medio de los fiscales constituidos en fiscalías adscritas a los órganos judiciales, en las condiciones de ley.

(3) Las fiscalías funcionarán en los órganos judiciales, y conducen y supervisan la actividad de investigación penal de la policía judicial, en las condiciones legales.

Artículo 132.- El estatuto de los fiscales.-

(1) Los fiscales desarrollan su actividad conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y control jerárquico, bajo la autoridad del ministro de justicia.

(2) La función de fiscal es incompatible con cualquier otra función pública o privada, salvo las funciones didácticas de la enseñanza superior.

Sección 3ª

El Consejo Superior de la Magistratura

Artículo 133.- Funciones y estructura.-

(1) El Consejo Superior de la Magistratura es  el garante de la independencia de la justicia.

(2)El Consejo Superior de la Magistratura está compuesto por 19 miembros, de los que

a) 14 son elegidos en las asambleas generales de los magistrados y confirmados por el Senado; éstos forman parte de dos secciones, una para jueces y otra para fiscales; la primera sección está compuesta por 9 jueces, y la segunda por 5 fiscales;

b) 2 representantes de la sociedad civil, especialistas en derecho, que gozan de alta reputación profesional y moral, elegidos por el Senado; éstos participan sólo en trabajos del pleno;

c) El ministro de justicia, el presidente del Alto Tribunal de Casación y Justicia y el fiscal General de la Fiscalía del Alto Tribunal de Casación y Justicia.

(3) El presidente del Consejo Superior de la magistratura es elegido por un mandato de un año, que no puede ser renovado, de entre los magistrados previstos en el parágrafo (2) letra a).

(4) La duración del mandato de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura es de 6 años.

(5) Las resoluciones del Consejo Superior de la Magistratura se adoptan por voto secreto.

(6) El Presidente de Rumanía presidirá los trabajos del Consejo Superior de la Magistratura en los que participe.

(7) Las resoluciones del Consejo Superior de la Magistratura son definitivas e irrevocables, a excepción de aquellas previstas en el artículo 134, parágrafo (2).

Artículo 134.- Atribuciones.-

(1) El Consejo Superior de la Magistratura propone al Presidente de Rumanía la designación en funciones  de los jueces y fiscales, salvo los provisionales, en las condiciones de la ley.

(2) El Consejo Superior de la Magistratura cumple el papel de órgano judicial, por medio de sus secciones, en las materias de responsabilidad disciplinar de los jueces y fiscales, conforme a los procedimientos establecidos por su ley orgánica. En estos casos, el ministro de justicia, el presidente del Alto Tribunal de Casación y Justicia y el Fiscal general de la Fiscalía del Alto Tribunal de Casación y Justicia no tienen derecho a voto.

(3) Las resoluciones disciplinarias del Consejo Superior de la Magistratura  pueden ser recurridas al  Alto Tribunal de Casación y Justicia.

(4) El Consejo Superior de la Magistratura cumple igualmente las funciones establecidas por su ley orgánica, en la realización de su papel de garante de la independencia judicial.

Artículo 102.-  Funciones y estructura.-

(1) El Gobierno, conforme al programa de gobierno aceptado por el Parlamento, asegura la realización de la política interior y exterior del país y ejerce la dirección general de la administración pública.

(2) En la ejercicio de sus competencias, el Gobierno coopera con los organismos sociales interesados.

(3) El Gobierno se compone de Primer Ministro, ministros y otros miembros establecidos por ley orgánica.

Artículo 103.- La investidura.-

(1) El Presidente de Rumanía designa un candidato para la función de Primer Ministro, tras las consultas con el partido que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, o si no existe tal mayoría, con los partidos representados en el Parlamento.

(2) El candidato para la función de Primer Ministro pedirá en el plazo de 10 días desde la designación el voto de confianza del Parlamento sobre el programa y de toda la lista de Gobierno.

(3) El programa y la lista de Gobierno se someterán a debate en la Cámara de los Diputados y en el Senado en sesión conjunta. El Parlamento otorgará la confianza al Gobierno con el voto de la mayoría de los diputados y senadores.

Artículo 104.-  El juramento de fidelidad.-

(1) El Primer Ministro, los ministros y demás miembros del Gobierno prestarán, individuamente, ante el Presidente de Rumanía, el juramento recogido en el artículo 82.

(2) El Gobierno en su integridad y cada uno de sus miembros individualmente ejercerán su mandato a partir de la fecha en que han prestado juramento.

Artículo 105.-  Incompatibilidades.-

(1) La función de miembro del Gobierno es incompatible con el ejercicio de otras funciones públicas de autoridad, a excepción de las de diputado o senador. Del mismo modo, es incompatible con el ejercicio de funciones de representación profesional remunerada en empresas con fines comerciales.

(2) Otras incompatibilidades se establecerán por medio de ley orgánica.

Artículo 106.-  Cese en la función de miembro del Gobierno.-

El cargo de miembro del Gobierno cesa a consecuencia de dimisión, revocación, pérdida de los derechos electorales, estado de incompatibilidad, fallecimiento, así como en otros casos establecidos por ley.

Artículo 107.-  El Primer Ministro.-

(1) El Primer Ministro dirige el Gobierno y coordina la actividad de sus miembros, respetando las competencias  que les corresponden. Del mismo modo, presenta a la Cámara de Diputados y al Senado informes y declaraciones en relación con la política de Gobierno, que serán debatidas con carácter prioritario.

(2) El Presidente de Rumanía no puede revocar al Primer Ministro.

(3) Si el Primer Ministro se encuentra en alguna de las situaciones previstas en el artículo 106, a excepción de la revocación,  o no puede ejercer sus competencias, el Presidente de Rumanía designará otro miembro del Gobierno como Primer Ministro provisional, para el cumplimiento de sus atribuciones, hasta la formación de un nuevo Gobierno. La interinidad durante la imposibilidad de ejercicio de sus competencias cesa cuando el Primer Ministro vuelve a iniciar la actividad de Gobierno.

(3) Las disposiciones del parágrafo (3) se aplicarán igualmente a los demás miembros del Gobierno, a propuesta del Primer Ministro, por un periodo máximo de 45 días.

Artículo 108.-  Los actos de Gobierno.-

(1) El Gobierno adopta decisiones y ordenanzas.

(2) Las decisiones se dictan en ejecución de leyes.

(3) Las ordenanzas se dictan en base a una ley especial de habilitación, en los límites y condiciones previstas por la misma.

(4) Las decisiones y ordenanzas adoptadas por el Gobierno son firmadas por el Primer Ministro, refrendadas por los ministros a los cuales incumbe la obligación de ejecutarlas y se publican en el Boletín Oficial de Rumanía. La ausencia de publicación conduce a la inexistencia de la decisión o de la ordenanza. Las decisiones de carácter militar se comunican sólo a las instituciones interesadas.

Artículo 109.- La responsabilidad de los miembros del Gobierno.-

            (1) El Gobierno responde políticamente sólo ante el Parlamento por toda su actividad. Cada miembro del Gobierno responde políticamente, de modo solidario con el resto de sus miembros, por la actividad del Gobierno y sus actos.

(2) Sólo la Cámara de los Diputados, el Senado y el Presidente de Rumanía pueden pedir la persecución penal de los miembros del Gobierno por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Si se ha solicitado la persecución penal, el Presidente de Rumanía puede disponer la suspensión de éstos en sus funciones. El procesamiento de algún miembro del Gobierno lleva consigo la suspensión del mismo en sus funciones. La competencia para el conocimiento de la causa le corresponde al Tribunal de Casación y Justicia.

(3) Los casos de responsabilidad y las penas aplicables a los miembros del Gobierno se regularán por una ley sobre la responsabilidad ministerial.

Artículo 110.- El cese del mandato.-

(1) El Gobierno ejerce su mandato hasta la fecha de confirmación de las elecciones generales  parlamentarias.

(2) El Gobierno deberá dimitir en la fecha en que el Parlamento le retire la confianza otorgada, o en el caso que el Primer Ministro se encuentre en alguno de los casos previstos en el artículo 106, a excepción de revocación,  o se halla en imposibilidad de ejercer sus competencias por más de 45 días.

(3) En los casos previstos en el parágrafo (2) se aplican las disposiciones del artículo 103.

(4) El Gobierno cuyo mandato ha cesado conforme a los parágrafos (1) y (2) realizará sólo los actos necesarios para la administración de los asuntos públicos, hasta la presentación de juramento por los miembros del nuevo Gobierno.

CAPITULO IV.- Las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno.-

Artículo 111.- Información al Parlamento.-

(1) El Gobierno y los demás órganos de la administración pública, en el marco del control parlamentario de sus actividades, están obligados a presentar las informaciones y documentos requeridos por la Cámara de Diputados y el Senado o por las comisiones parlamentarias, por medio de sus presidentes. En el caso que una iniciativa legislativa implique la modificación de previsiones presupuestarias del Estado o de la Seguridad Social, el requerimiento de información es obligatorio.

(2) Los miembros del Gobierno tienen acceso a los trabajos parlamentarios. Si se solicita su presencia, es obligatoria su participación.

Artículo 112.- Preguntas, interpelaciones y mociones simples.-

(1) El Gobierno y cada uno de sus miembros tienen obligación de responder a las preguntas e interpelaciones formuladas por los diputados y senadores en las condiciones previstas en los reglamentos de las dos Cámaras del Parlamento.

(2) La Cámara de Diputados y el Senado pueden aprobar una moción simple por la que se expresa su postura en relación con un problema de política interna o de exterior, o, en su caso, en relación con un problema que ha sido objeto de una interpelación.

Artículo 113.-  Moción de censura.-

(1) La Cámara de los Diputados y el Senado, en sesión conjunta, pueden retirar la confianza acordada al Gobierno adoptando una moción de censura, con el voto mayoritario de diputados y senadores.

(2) La moción de censura debe ser iniciada por al menos una cuarta parte del número total de diputados y senadores y debe comunicarse al Gobierno en la fecha de su presentación.

(3) La moción de censura se debate a los 3 días de su presentación a la sesión conjunta de las dos Cámaras.

(4) Si se rechaza la moción de censura, los diputados y senadores que la han presentado no pueden iniciar, en la misma sesión, una nueva moción de censura, a excepción del caso en que el Gobierno asume su responsabilidad conforme al  artículo 114.

Artículo 114.-  Asunción de responsabilidad por el Gobierno.-

(1) El Gobierno puede asumir su responsabilidad, ante la Cámara de los Diputados y el Senado, en reunión conjunta, sobre un programa, unas declaraciones de política general o un proyecto de ley.

(2) El Gobierno debe dimitir si una moción de censura, presentada en el plazo de 3 días desde la presentación del programa, de las declaraciones de política general o del proyecto de ley, ha sido aprobada, en las condiciones establecidas en el artículo 112.

(3) Si la dimisión del Gobierno no ha sido adoptada conforme al parágrafo (2), el proyecto de ley presentado, modificado o completado, en su caso, con los añadidos aceptados por el Gobierno,  se considerará aprobado, y la aplicación del programa o de las declaraciones de política general serán obligatorios para el Gobierno.

(4) En el caso que el Presidente de Rumanía solicita el reexamen de leyes aprobadas conforme al parágrafo (3), éstas se debatirán en sesión conjunta por las dos Cámaras.

Artículo 115.- Delegación legislativa.-

(1) El Parlamento puede adoptar una ley especial de habilitación al Gobierno para aprobar ordenanzas en materias que no deban ser objeto de leyes orgánicas.

(2) La ley de habilitación establecerá, obligatoriamente, la materia y fecha límite para aprobar ordenanzas.

(3) Si la ley de habilitación lo requiere, las ordenanzas se someterán a aprobación del Parlamento, conforme a los procedimientos legislativos, en el plazo de habilitación. El incumplimiento del plazo conlleva el cese de los efectos de la ordenanza.

(4) El Gobierno puede aprobar ordenanzas de urgencia sólo en situaciones extraordinarias cuya reglamentación no puede ser aplazada, teniendo la obligación de motivar la urgencia en el contenido de las mismas.

(5) La ordenanza de urgencia  entra en vigor solo tras su presentación a debate por el procedimiento de urgencia en la Cámara competente que sea requerida y tras la publicación en el Boletín oficial de Rumanía. Las cámaras, si no se encuentran en sesión, se convocan obligatoriamente a los 5 días de su presentación, o, en su caso, del envío.  Si en el plazo máximo de 30 días de la presentación, la Cámara requerida no se pronuncia sobre la ordenanza, ésta se considera aprobada y se envía a las otras Cámaras que deciden del mismo modo por el procedimiento de urgencia. La Ordenanza de urgencia que contenga normas de naturaleza de ley orgánica se aprueban con la mayoría prevista en el artículo 76, parágrafo 1.

(6) Las ordenanzas de urgencia no pueden ser aprobadas en materia de ley constitucional, no pueden afectar al régimen de las instituciones fundamentales del Estado, a los derechos, libertades y deberes previstos en la Constitución, a los derechos electorales, y no pueden pretender medidas de traspaso  sumario de unos bienes en propiedad pública.

(7) Las ordenanzas que se han llevado al Parlamento, se aprueban o rechazan, por medio de ley,  que contendrá las ordenanzas cuyos efectos cesan de acuerdo al parágrafo (3).

(8) Por la ley de aprobación o de rechazo se reglamentarán, si fuera el caso, las medidas necesarias en relación a los efectos jurídicos producidos durante la aplicación de la ordenanza.

NUEVA LLAMADA PARA FONDOS DE PROTECCION DE LA NATURALEZA EN RUMANIA

AM POS MEDIU ha lanzado la quinta llamada de presentación de proyectos en el eje 4, “Ejecución de sistemas adecuados de gestión para la protección de la naturaleza”.

Los beneficiarios elegibles son administradores y depositarios de áreas protegidas, agencias regionales o locales de protección del medio ambiente, instituciones y autoridades públicas, organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación, universidades y museos.

El plazo de presentación finaliza el 6 de julio 2012, a las 16:00 horas. Se presenta en las sedes de los organismos intermediarios de las ocho regiones de desarrollo rumanas.

La riqueza natural de Rumanía es importante también para la UE debido a la fauna y flora existente, al clima natural, al paisaje de la zona carpático-danubiana-póntica. Rumanía tiene una diversidad enorme de especies de flora y fauna. De todos modos existen muchas especies en peligro de extinción por la fragmentación de los hábitats y de la explotación excesiva de los recursos naturales. Rumanía ha firmado la Convención para la Diversidad Biológica el 21 de diciembre de 1993, asumiendo el papel de líder internacional adoptando una serie de estrategias y planes de acción orientadas a la paralización de las pérdidas de biodiversidad hasta 2010 y después.

A nivel europeo, como es sabido, se ha creado una red Natura 2000 para reducir el nivel actual de pérdidas de biodiversidad. La directiva de las aves, 2009/147/EEC en su art. 2 fundamenta las obligaciones de los Estados en mantener la población de las especies a un nivel en el que se cumplan las condiciones ecológicas, científicas y culturales, teniendo en cuenta al mismo tiempo las condiciones económicas y de recreo o para la adaptación de la población de estas especies en el nivel correspondiente. Tambien la directiva Habitat indica que se deben adoptar medidas teniendo en cuenta las condiciones económicas, sociales y culturales, así como las características regionales y locales”.

La orden del Ministro de Medio ambiente, nro 1964/2007 instituye el régimen de área natural protegida  que cubre un área de 13,21% de la superficie terrestre rumana, y lq HG 1284/2007 la de área de protección especial avifaunística que contiene 108 sitios, que cubren una superficie del 11,8% de la superficie rumana. No han sido suficientes para la UE, sin embargo el Tribunal Europeo ha anulado la declaración de infracción emitida por la Comisión en su día. Pero se ha completado la HG antes mencionada en el año 2011 más la Orden del Ministerio 2387/2011, de modo que la superficie protegida ha llegado al 23,4%, con el fin de no fragmentar excesivamente los lugares protegidos, de modo que se puedan cumplir mejor los objetivos, entre los que se encuentran: el desarrollo de estructuras administrativas, planes de gestión, infraestructuras específicas, estudios pormenorizados, inventarios, cartografías, campañas de concienciación,  medidas de conservación de especiales y hábitats, etc.

Por medio de la Estrategia Nacional y Planes de Acción para la Conservación de la Biodiversidad 2010-2020, se han establecido las acciones prioritarias en función de la gravedad de las amenzadas, vulnerabilidad de los componentes de biodiversidad y obligaciones internacionales y comunitarias.

En el marco de este eje prioritario de financiación se ayuda en la elaboración, revisión y ejecución de planes de gestión de áreas naturales protegidas. Acciones de delimitación de terrenos, mejora de la precisión de los límites, inventariado de hábitats, especies, características naturales, etc. Gestión y control de los hábitats y especies, rehacer los mismos e infraestructuras de información, visitas y concienciación.

El programa Operativo Sectorial Medio Ambiente (en adelante POS MEDIU) representa el documento de programación de Fondos Estructurales y de Cohesión (FSC) que establece la estrategia para la asignación de fondos europeos con el objetivo de desarrollar el sector del medio ambiente en Rumanía en el periodo 2007/2013.

POS MEDIU ha sido elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente rumano en calidad de Autoridad de Asesoramiento para este programa y en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas en calidad de coordinador del proceso de preparación de Rumanía para el acceso a Fondos Estructurales y de Cohesión mencionados.

POS MEDIU es uno de los más importantes programas operativos de Rumanía desde el punto de visto de los medios asignados y representa la mayor fuente de financiación. El programa es financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDR) y el Fondo de Cohesión (FC) con un valor aproximado de 4500 millones de euros a los que se complementa los 800 millones de euros del presupuesto nacional rumano.

El FEDR (en español también se denomina FEADR, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) tiene como objetivos:

A) Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas a través de:

i) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña;
ii) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas distintas de las de montaña;
iii) Ayudas Natura 2000 y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE;
iv) ayudas agroambientales;
v) ayudas relativas al bienestar de los animales;
vi) ayudas a las inversiones no productivas;

B) Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras forestales a través de:

i) Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas;
ii) Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas;
iii) Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas;
iv) Ayudas Natura 2000;
v) Ayudas en favor del medio forestal;
vi) Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas;
vii) ayudas a inversiones no productivas.

Los ámbitos de intervención del Fondo de Cohesión son los siguientes:

• El medio ambiente (en el marco de las prioridades de la política comunitaria de protección del medio ambiente definidas en el programa de política y acción en materia de medio ambiente ; en este contexto, el Fondo puede actuar también en los ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible y el transporte no vinculado con las redes transeuropeas).
• Las redes transeuropeas de transporte, en particular los proyectos prioritarios de interés europeo.

El objetivo general del POS MEDIU es, por tanto,  la protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de los estándares de vida en Rumanía, persiguiendo la conformidad con las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario en la materia. Más de 10 millones de ciudadanos de Rumanía se deberían  beneficiar de las inversiones financiadas por este programa.

En todo caso, el programa persigue igualmente en la línea del fondo de cohesión,  reducir las diferencias existentes entre la Unión Europea y Rumanía en relación con las infraestructuras de medio ambiente, tanto desde  el punto de vista cualitativo como cuantitativo: Estos son los objetivos:

1.- Mejora de la calidad y del acceso a la infraestructura del agua y del agua residual, por medio del establecimiento de servicios de alimentación con agua y canalización en la mayoría de zonas urbanas hasta el año 2015 y el establecimiento de estructuras regionales eficientes para la gestión de los servicios de agua y agua residual.

2.- El desarrollo de sistemas durables de gestión de los residuos mejorando la gestión de los mismos y la reducción del número de zonas contaminadas históricamente al mínimo de 30 provincias hasta el año 2015.

3.- Reducción del impacto negativo sobre el medio ambiente y disminución de los cambios climáticos causados por los sistemas de calefacción urbana en las poblaciones más contaminadas hasta el año 2015.

4.- Protección y mejora de la biodiversidad y del patrimonio natural mediante la ayuda a la gestión de las áreas protegidas, incluiso mediante la ejecución de la red Natura 2000.

5.- Reducción del riesgo de producción de desastres naturales que afectan a la población, mediante la ejecución de medidas preventivas en las zonas más vulnerables hasta el año 2015.

Para la realización de estos objetivos se han identificados una serie de actuaciones, denominadas Ejes prioritarios de financiación:

Extensión y modernización de las infraestructuras del agua y del agua residual (aproximadamente 3.140 millones de euros, de los que serán de tipo “grant” UE (para áreas restringidas) aproximadamente 2.800 millones.

Desarrollo de sistemas de gestión integral de los residuos y rehabilitación de los sitios contaminados históricamente (1.100 millones de euros, de los que tipo grant UE serán aproximadamente 1000 millones).

Reducción de la contaminación y disminución de los efectos de cambio climático por medio de la reestructuración y rehabilitación de los sistemas de calefacción urbana para alcanzar los objetivos de eficiencia energética en las  localidades más afectadas por la contaminación (388 millones de euros, de los que tipo grant serán 229).

Ejecución de sistemas adecuados de gestión para la protección de la naturaleza (191 millones de euros, de los que tipo grant son 172 millones de euros).

Desarrollo de infraestructuras adecuadas de prevención de riesgos naturales en las zonas más expuestas a ello (315 millones de euros, de los que grant son 270)

Asistencia técnica (144 millones de euros de los que grant son 130).

Habida cuenta la relación estrecha entre el medio ambiente y los demás sectores económicos y sociales, POS MEDIU ha sido elaborado en colaboración con los demás programas operativos y se pretende evitar la superposición, y obtener complementariedad entre los programas de conformidad a los objetivos estratégicos de Lisboa.

Para el desarrollo de la Dirección del Programa POS MEDIU las instituciones que intervienen con responsabilidad claramente definidas son:

Autoridad de Dirección del Programa. AM POS MEDIU, que está integrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques conforme a la HG nro. 1635/2009. Ahí se elaboran los procedimientos de ejecución, seleccionan los proyectos, firman los contratos de financiación con los beneficiarios, verifican las solicitudes, autorizan los pagos de reembolsos y de prefinanciación, publicidad,  control.

Autoridad para la Coordinación de los Instrumentos Estructurales, ACIS, que es la que dirige y coordina la ejecución de los Instrumentos estructurales de Rumanía, en el marco del Ministerio de Finanzas rumano, siendo responsable de la coordinación de la programación, desarrollo y ejecución de los programas operativos y su correlación con el Programa Nacional de Desarrollo Rural y el de la Pesca.

Organismos Intermediarios en cada una de las ocho regiones rumanas, actuando de relación con la Autoridad de Dirección AM POS MEDIU y los beneficiarios, delegándo ésta en ellos las responsabilidades de programación control y información para proyectos que se desarrollan en las regiones.

El Comité de Control (CM), la Autoridad de Certificaciones y Pagos (ACP),  las Unidades de Pago, la Autoridad de Audición (AA), la Autoridad Nacional de Reglamentación de las Adquisiciones Públicas (ANRMAP), y la Unidad para la Coordinación y Verificación de las Adquisiciones Públicas del Ministerio de Finanzas,  completan el organigrama, para la ejecución de los contratos de los proyectos seleccionados.

La disolución y liquidación de una sociedad son dos nociones diferentes, aunque ambas se refieran al mismo proceso económico de finalización de actividades de la misma. La disolución consiste en la operación de inicio de este proceso, que no es otro que la decisión de la Asamblea General y la adopción de las premisas de la liquidación del patrimonio social y la puesta en conocimiento a los interesados mediante su publicación en el Registro mercantil.

La Decisión se adopta por la Asamblea General de socios o por el tribunal. La disolución no lleva consigo automáticamente la desaparición de la sociedad, sino que ésta va a seguir existiendo para la finalización de las operaciones de liquidación y cancelación del registro mercantil.

Desde el punto de vista jurídico, la disolución de las sociedades comerciales rumana está regulada en la Ley nro. 31/1990, de sociedades mercantiles.

Las causas generales de disolución son aquellos motivos, situaciones o circunstancias que legal o de hecho tienen como efecto la disolución de cualquier forma societaria. Conforme al art. 227, parágrafo 1 de la Ley mencionada, la sociedad se disuelve por:

Paso del tiempo establecido como duración de la sociedad, imposibilidad de realización del objetivo de la sociedad o su realización, declaración de nulidad de la sociedad, decisión de la Asamblea General, decisión del tribunal, a solicitud de cualquier socio, por motivos fundados, como el desentendimiento entre los socios grave, que impide el funcionamiento de la misma, la insolvencia de la sociedad, otros motivos previstos por ley o acto constitutivo. Los casos de disolución son de orden público en el sentido que los socios no pueden derogarlos.

La disolución por decisión de la Asamblea General es considerada el caso más frecuente y normal de disolución de  sociedades comerciales. La sociedad nace por voluntad de los socios, y también éstos deciden disolverla. Los socios son libres de apreciar los motivos por los que deciden disolver la sociedad. Conforme al art. 231, parágrafo 1 de la Ley de sociedades mencionada, con la mayoría requerida para ello, se puede decidir la disolución siempre que no haya activo a repartir. El juez no puede sustituir la voluntad mayoritaria de socios para disolver una sociedad, a no ser que intervengan alguna de las causas establecidas en el art. 222 parágrafo 1, letra e) de la ley de sociedades., es decir por existir diferencias entre socios que hacen imposible continuar la actividad societaria.

En el caso de sociedad con socio único, si bien se puede adoptar la decisión unilateral de disolución y liquidación mediante la transferencia de todo el activo al socio, ésta transferencia sólo tiene lugar después que el registro publica la decisión y transcurre el plazo de posibles oposiciones o en el caso que existe alguna oposición ésta se ha rechazado o se han ofrecido garantías a los acreedores o ha habido un acuerdo con ellos para el pago de las deudas, en su caso. En estos casos para que sea válida debe mencionarse de forma expresa en el acta de la Junta que la sociedad tiene o no tiene deudas, y en este caso cómo se van a liquidar cada una de ellas diferenciadamente.

I.- EL PROCESO VOLUNTARIO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

A.- SIN INTERVENCION DE LIQUIDADOR

Conforme al art. 235, parágrafo 2 introducido por el punto 157 de la reforma aprobada por Ley de 27 de noviembre de 2006 en las sociedades de responsabilidad limitada, los asociados pueden tomar la decisión al tiempo de  la disolución, y si ostentan el tanto por ciento del total de capital social establecido legal o estatutariamente para  la modificación del acto constitutivo,  el modo de liquidar la sociedad, cuando están de acuerdo sobre el reparto y liquidación del patrimonio de la sociedad y cuando aseguran la extinción del pasivo o su regularización de acuerdo con los acreedores. “Por el voto unánime de los socios se puede decidir sobre el modo en el que los activos remanentes después del pago de los acreedores van a ser repartidos entre los socios”. A falta de acuerdo unánime sobre el reparto de los bienes procederá la liquidación prevista en la legislación en vigor, es decir por medio de liquidador forzoso o vía judicial.

La transmisión del derecho de propiedad sobre los bienes remanentes después del pago de los acreedores tiene lugar en la fecha de la cancelación, de la sociedad en el registro mercantil. En ese momento, el Registro entregará a cada socio un certificado del derecho de propiedad sobre los activos distribuidos, en base al cual el socio puede registrar el bien inmueble en el registro de la propiedad.

El procedimiento de disolución y liquidación voluntaria de una firma, conforme a las modificaciones del año 2008, presuponen el desarrollo de dos expedientes que deben ser presentados en el Registro mercantil, en dos etapas, disolución y liquidación, por un lado,  y cancelación del registro mercantil por otro.

Etapa 1.- disolución y liquidación voluntaria.-

• Solicitud oficial de registro de menciones ante el Registro mercantil.
• Decisión de la Asamblea General,  o, en su caso, del asociado único.
• Apoderamiento a la persona que presenta el expediente, en su caso.
• Prueba del pago de las tasas.

Etapa 2.- Cancelación del registro mercantil.-

• Solicitud oficial de cancelación.
• Certificado de registro de la sociedad con sus anexos, en original.
• Balance económico de la liquidación
• Decisión de reparto de los activos
• Certificado de la Administración Financiera negativo de deudas al Estado o por contribuciones.
• Apoderamiento a la persona que presenta el expediente, en su caso.
• Prueba del pago de las tasas.

B.- POR MEDIO DE LIQUIDADOR

A falta de acuerdo unánime para el reparto de los activos, deberá seguirse el procedimiento previsto en la legislación vigente. Lo que implica 3 pasos ante el Registro mercantil:

a) En un primer momento, en el Registro mercantil se debe presentar la decisión de la Asamblea General que prevé la modificación del acto constitutivo decidiendo la disolución y la designación de un liquidador así como el pago de unas tasas.

b) Después de 30 días de la publicación de la decisión de disolución en el Boletín oficial del Registro mercantil, se presenta en el mismo, el contrato de administración firmado entre la sociedad en liquidación y el liquidador y el pago de unas tasas;

c) Una vez hecha la liquidación, se debe presentar solicitud oficial de cancelación del Registro mercantil de la sociedad, acompañada de una serie de documentos: el balance de liquidación aprobado por los socios, prueba de la agencia de medio ambiente, en su caso, certificado de antecedentes fiscales, certificado del registro en original y prueba del pago de las tasas.

En caso de sociedades comerciales de responsabilidad limitada, la disolución, liquidación y cancelación del registro de la sociedad, hecha de forma voluntaria, pero con liquidador, debe ser realizada tan solo en dos etapas, con los siguientes documentos:

A.- Etapa de disolución:

• Solicitud oficial al registro, original.
• Decisión de la Asamblea General por la que se resuelve la disolución de la sociedad y la designación de liquidador;
• Declaración del liquidador que ostenta esta calidad
• El modelo de firma ológrafa del liquidador, original.
• Prueba del pago de las tasas de timbre judicial y de registro.

B.- Etapa de cancelación de la sociedad en el registro.-

• Solicitud oficial al registro, original;
• Balance económico de liquidación y proyecto de repartición del activo, copia;
• Informe del liquidador;
• Certificado del registro de la sociedad y sus anexos;
• Certificado negativo fiscal;
• Prueba del pago de las tasas de timbre judicial y del Registro.