El Ministro de asuntos europeos, Leonard Orban ha declarado el 20 de febrero en una reunión con representantes bancarios que deben asegurar un porcentaje de absorción más alto, y comenzar la preparación para el periodo 2014 al 2020.

Entre las medidas propuestas, está el mejoramiento de las relaciones que existen entre las instituciones que gestionan la ejecución de los instrumentos estructurales y el medio bancario. Concretamente,

• el establecimiento de común acuerdo de un número mínimo de criterios de financiación de elegibilidad  de evaluación de los proyectos similar a los criterios de análisis financieros usados en el mundo bancario, y que puedan ser tomados en las Guías del solicitante.
• Iniciar productos de crédito exclusivamente destinados a los beneficiarios de proyectos que tenga en cuenta las características financieras de los fondos externos no reembolsables, sin diferenciarlos de un producto de crédito normal.
• Una implicación más acentuada de los bancos en el sistema de cumplimiento de los instrumentos estructurales, lo que supondrá incluso el otorgamiento de licencia por medio de licitación de unos bancos como organismos intermediarios privados, algo extraordinario y sin embargo muy lógico desde la perspectiva rumana.

Ante las lógicas preocupaciones de los beneficiarios de fondos, ante la dimisión del director del POSDRU y hoy mismo de la cesión del de Pesca, señaló que se ha impuesto a todas las autoridades que el plazo máximo de resolución de los reembolsos de las sumas avanzadas por los beneficiarios para ser descontadas, será de 45 días, indicando que quien no pueda cumplir esta obligación será cesado.

En cuanto al POSCCE, estando presente la directora Catalina Melita, ésta ha advertido que en el periodo 2014-2020 la ayuda a las pymes tendrá un componente menor de grant y mayor de ingeniería financiera, como el proyecto Jeremie, añadiendo que el “medio empresarial rumano debe prepararse para lo que viene, crecimiento de las medidas de intervención de tipo “soft”, en perjuicio de las intervenciones “hard” asi denominadas a las subvenciones públicas efectivas.

EL FUTURO DE LA SOCIEDAD  EUROPEA

La Comisión europea ha lanzado una consulta sobre el futuro del Derecho de sociedades europeo, „una de las piedras angulares del mercado interior” en base a la evolución de los últimos 40 años.

La armonización realizada a nivel europeo sobre la protección de los accionistas, la constitución y el mantenimiento del capital de las sociedades anónimas, las ofertas públicas de adquisición, la información sobre las sucursales, las fusiones y escisiones, las normas mínimas aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único, los derechos de los accionistas y otros ámbitos conexos, tales como la información financiera y la contabilidad, además de las formas europeas Sociedad Europea, Agrupación Europea de Interés Económico y la Sociedad Cooperativa Europea, no son suficientes ante la dimensión transfronteriza de los negocios. En la necesidad de simplificación, el Estatuto de Sociedad Privada Europea, etc. por lo que justifican la consulta de una serie de apartados, como son:

Las Directivas sobre la publicidad de las sociedades y sus sucursales, y sobre la validez de sus compromisos y su nulidad, la Directiva sobre el mantenimiento y la modificación del capital de las sociedades anónimas, las Directivas sobre fusiones y escisiones de las sociedades anónimas, la Directiva relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único, la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición, la Directiva sobre fusiones transfronterizas, la Directiva sobre determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, el traslado transfronterizo del domicilio social, las escisiones transfronterizas, los Grupos de sociedades, la reconversión transfronteriza, u otros.

Se pretende, por otro lado, conocer la opinión sobre la necesidad de modificar la distinción entre SRL y Sa por Sociedad cotizada en bolsa o no cotizada, la conveniencia o no de realizar una codificación de todas las directivas en un solo cuerpo legal, se preguntan si las actuales formas juridicas comunitarias, denominadas del grupo 28, son realmente interesantes para solucionar los problemas transfronterizos de imagen, de fusiones, en la posibilidad de no estar sujetas a disposiciones nacionales vinculantes (por ejemplo, la SE permite que las sociedades anónimas elijan entre una estructura de dirección doble o simple, algo que ya lo permite el caso rumano interno) si bien se plantea como problemas si se adopta una legislación única la necesidad de formularla en base a cada legislación nacional, la necesidad de unanimidad en caso de decisiones sobre la materia.

Una parte importante de la consulta lo constituye la postura ante los movimientos transfronterizas, modificación de la sede social, mantenimiento de la administración, etc. y las fusiones y escisiones transfronterizas.

Por su diferente régimen con el español, y para asegurar una información previa y detallada al empresario español, al profesional independiente residente,  supuesto a este impuesto, es importante dar a conocer los gastos que se consideran deducibles para el pago del impuesto sobre la renta en Rumanía.

La base legal está contenida en el artículo 48 del Código fiscal, así como en los  la H.G. nro. 44/2004 que aprueba las normas metodológicas de aplicación del mismo.

En actividades independientes, por contabilidad simple, la renta se determina por la diferencia entre ingresos brutos y gastos necesarios para la realización de dichos ingresos, deducibles conforme a los datos contables.

Deben ser gastos  causados para la realización del ingreso, objetivamente enmarcados en las actividades referentes, efectivos, justificados documentalmente, del ejercicio referente, respetando las normas de amortización, y relativas a inversiones en medios fijos para gabinete médico, de conformidad a lo dispuesto en el art. 24, parágrafo 16 del Código fiscal.

a) Son gastos deducibles:

• Para la adquisición de materias primas, consumibles, objetos de inventario y mercancías.
• En la ejecución de obras o prestación de servicios realizadas por terceros al contribuyente, así como los efectuados por el contribuyente para clientes.
• Alquiler por el espacio donde desarrolla la actividad, en base a un contrato de alquiler.
• Intereses relativos a créditos bancarios y otros servicios bancarios.
• Gastos de primas de seguro relativos  inmovilizado corporal o incorporal, incluso para stocks poseídos, así como primas de seguro para cubrir el riesgo profesional conforme a la ley;
• Gastos de primas de seguro por bienes del patrimonio personal, cuando representan garantía bancaria para créditos usados en el desarrollo de la actividad independiente del contribuyente.
• Gastos postales y tasas de telecomunicación, de energía y agua;
• Gastos de transporte de bienes y personas;
• Gastos salariales y de contribuciones de seguridad social, de constitución del Fondo de pago de desempleo, seguro social de sanidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como otras contribuciones obligatorias del contribuyente y sus empleados;
• Gastos de impuestos, tasas, diferentes del impuesto de la renta;
• Gastos de amortización, conformes con las normas del título II del CF, así como del valor no amortizado de los bienes y derechos amortizables enajenados, determinados por medio de la deducción del precio de compra de las amortizaciones incluidas en los costes de explotación y el limitado al nivel de ingreso realizado por la enajenación;
• Gastos efectuados como usuario, que representan el alquiler (cuota de leasing) en caso de contratos de leasing operacionales, o los gastos de amortización e intereses en contratos de leasing financiero, establecidos conforme a las disposiciones sobre operaciones de leasing y sociedades de leasing;
• Gastos para la preparación profesional del contribuyente y sus empleados;
• Gastos de funcionamiento y mantenimiento, de bienes que son objeto de contrato de comodato, conforme a las cláusulas del contrato, por la pare relativa al uso con fines de negocio;
• Gastos de anuncio y publicidad  que representan gastos efectuados para popularizar el nombre del contribuyente, del producto o del servicio, en base a un contrato escrito, así como los coses asociados a la producción de los materiales necesarios para difundir los mensajes publicitarios cuando el anuncio y la publicidad se efectúan por medios propios. Se incluyen en esta categoría los gastos de anuncio y publicidad y los bienes que se acuerdan en el marco de campañas publicitarias, como muestras, asi como la prueba de productos y demostraciones en los puntos de venta, así como otros bienes aportados para estimular las ventas y otros gastos efectuados con el fin de obtener las rentas.
• Los gastos efectuados para el mantenimiento y funcionamiento de espacios usados para el desarrollo de los negocios, aunque los documentos sean emitidos a nombre del propietario, y no a nombre del contribuyente.

b) Gastos de deducción limitada

Son deducibles de un modo limitado:

• Gastos de esponsorización, mecenazgo, así como para acordar becas privadas, efectuados conforme a ley, en el límite de una cuota del 5% de la base de cálculo.
• Gastos de protocolo, ocasionados para conceder regalos, tratamientos y comidas a asociados de negocio, efectuados con ocasión de negocios, en el límite de una cuota del 2% de la base de cálculo;
• Gastos de cotizaciones pagadas a los socios profesionales y contribuciones profesionales obligatorias pagadas a las organizaciones profesionales de las que forma parte el contribuyente y debidos conforme a ley;
• Gastos de indemnizaciones de desplazamiento y traslado al extranjero o del país, en interés de servicio, en el límite del 2,5 veces el nivel legal establecido para instituciones públicas;
• Gastos sociales en el límite de la suma obtenida por medio de la aplicación de una cuota de hasta el 2%  de fondo de salarios propio o de otras personas, del modo como estuviera previsto en el contrato de trabajo, bajo forma de ayuda de entierro,  ayuda por pérdidas producidas en la administración de la casa propia consecuencia de calamidades naturales, ayudas por enfermedades graves o incurables, inclusive prótesis, ayudas por parto, tickets para jardín de infancia acordados por el empleador, de conformidad a la legislación en vigor, regalos para niños menores del trabajador,  o a los trabajadores, contravalor del transporte al y del centro de trabajo del trabajador, costes por tratamientos y descanso, incluido el transporte, para trabajadores propios y miembros de su familia. Regalos a niños con ocasión de Pascua, 2 de junio,, Navidad, y fiestas similares de otros cultos religiosos, así como los ofrecidos a empleados con ocasión del día 8 de marzo, son deducibles en la medida en que el valor del regalo ofrecido a cada persona en cada una de las anteriores ocasiones, no excede de 150 leis;
• Pérdidas de bienes perecederos, en el límite previsto por las normas en la materia;
• Gastos de bonos de comida para empleados, conforme a ley, así como los bonos de vacaciones otorgados por los empresarios, conforme a ley.
• Contribuciones efectuadas en nombre de los trabajadores al fondo de pensión facultativa, de conformidad a la legislación en vigor, en el límite equivalente en lei a 400 euros anuales por persona;
• Prima de seguro voluntario de sanidad, conforme a ley, en el límite del equivalente en lei a 250 euros anuales por persona.
• Gastos efectuados tanto por actividad independiente como en beneficio personal del contribuyente o socios, son deducibles solo en la parte de gasto relativo a la actividad independiente;
• Intereses de préstamos a personas físicas o jurídicas, que no son instituciones que desarrollan la actividad de crédito profesional, para el desarrollo de las actividades, en base a contrato firmado entre las partes, en el límite del nivel de interés de referencia del Banco Nacional de Rumanía;
• Cotizaciones pagadas a las asociaciones profesionales en el límite del 2% de la base de cálculo que se determina como la diferencia entre ingresos brutos y gastos deducibles menos los de esponsorización, mecenazgo, entrega de becas privadas, gastos de protocolo, cotizaciones pagadas a asociaciones profesionales.
• Gastos de contribuciones profesionales obligatorias debidas, conforme a ley, a organizaciones profesionales de las que forma parte el contribuyente, en el límite del 5% del ingreso bruto realizado.

c) Gastos no deducibles

• Sumas o bienes usados por el contribuyente para uso personal o de su familia;
• Gastos de ingresos no imponibles cuyo origen se encuentra en territorio rumano o extranjero;
• Impuesto de la renta debido, incluido el impuesto por la renta realizada en el extranjero;
• Gastos de primas de seguro que no han sido mencionadas mas arriba;
• Donaciones de cualquier tipo;
• Multas, confiscaciones, intereses, penalidades por retrasos debidos a las autoridades rumanas y extranjeras, conforme a las disposiciones legales, menos los que son pagados conforme a cláusulas de contratos comerciales;
• Cuotas de los créditos asumidos;
• Gastos en bienes que no son gestionados, o son degradados, o no pueden imputarse, si su inclusión inventarial no está cubierta por una póliza de seguro;
• Sumas o valores de bienes confiscados consecuencia del incumplimiento de disposiciones legales en vigor;
• Impuesto de la renta soportado por el pagador de renta,  en la cuenta de beneficiarios de la renta, así como otras sumas previstas en la legislación en vigor;
• A partir de 1 diciembre 2012, el 50% de los gastos de combustible para vehículos de carretera motorizados, que son destinados en exclusiva al transporte por carretera de personas, con un peso máximo autorizado que no sobrepase los 3.500 Kgr. Y que no tenga más de 9 plazas, incluyendo el chófer, a excepción de la situación en que los vehículos están inscritos en cualquiera de las siguientes categorías:

1. vehículos usados exclusivamente para intervención, reparaciones, vigilancia y protección, correo, transporte de personal de y al lugar del trabajo, así como vehículos especiales adoptados para ser usados como reporter de agente de venta y de reclutamiento de personal;
2. vehículos usados para transporte de persona de pago, incluso en actividad de taxi;
3. vehículos usados para alquilar a otras personas, incluso para desarrollo de actividades de enseñanza en escuelas de chófer.

La Constitución fue consecuencia del proceso legislativo iniciado en el año 1990, tras las primeras elecciones de 20 de mayo de 1990, convocadas por el Frente de Salvación Nacional, organizado en y tras la revolución de diciembre de 1989, constituido en Asamble constituyente,  y terminado en poco mas de un año, convocándose a Referendum nacional y poniéndose en vigor el 21 de noviembre de 1991, derogando la de 1965.

La Constitucion de  Rumania comprende 152  articulos agrupados en 7 titulos, 10 capitulos , 8 secciones. Los siete titulos son: Titulo I – Principios generales, Titulo II – Derechos , libertades, y obligaciones fundamentales, con sus capítulos: Disposiciones comunes; -Derechos y libertades fundamentales; -obligaciones fundamentales; -El Abogado del pueblo. Titulo III – Las autoridades publicas , con los capitulos: Parlamento, que contiene las secciones – Organización y funcionamiento,  el Estatuto de los diputados y senadores, y el Proceso legislativo. El Presidente de Rumania, El Gobierno; Relaciones  parlamento y gobierno;  Administración,  con sus secciones: administración pública central. de especialidad; -administración pública local ; y -Autoridad judicial , con sus secciones:  Jueces,  Ministerio Público; y – Consejo  Superior de la Magistratura. Titulo IV – Economia y finanzas publicas. Titulo V – Tribunal Constitucional; Titulo VI – Revisión de la  Constitución. Titulo VII – Disposiciones finales y transitorias.

 Como preámbulo, indicar que no existe, como en España, el recurso de amparo constitucional en defensa de los derechos y libertades fundamentales, al alcance de los particulares, si bien en no pocas ocasiones, los jueces pueden paralizar un procedimiento particular, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de una norma aplicable al caso concreto. Por este método, se han obtenido la declaración, en base a escritos fundados por abogados particulares, dirigidos al juez que conoce de un caso, la derogación de determinadas normas.

Así mismo, indicar que en el rango competencial del Tribunal constitucional no existe la creación de normas, pero en muchas ocasiones, adopta esta postura, por cuanto ya  el Gobierno ya el Parlamento,  insiste de vez en cuando en una interpretación –heredada de la fase preconstitucional actual, podríamos decir- que choca con los principios constitucionales. Es el caso del delito de difamación, que fue derogado por una ley penal,  inconsciente o no, y pretendidamente reintegrada por la norma anterior, por una interpretación del tribunal constitucional muy discutida. Actualmente, el propio Tribunal Supremo, en su labor de garante del ordenamiento jurídico en general, indicó la inviabilidad de la declaración del tribunal constitucional, mediante un interés en recurso de ley muy famoso, de modo que se ha dejado un vacío legal en el contenido de esta infracción penal, que no ha sido cubierto por el legislador rumano hasta la fecha, suponiendo la entrada en vigor de un nuevo Código penal que no llegó y que se prevé su aplicación a principios del año 2013.

 CONSTITUCION DE RUMANIA

TITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- El Estado rumano.

(1) Rumanía es un estado nacional, soberano e independiente, unitario e indivisible.

(2) La forma de gobierno del estado rumano es la república.

(3) Rumanía es un estado de Derecho, democrático y social, en el que la dignidad del hombre, los derechos y libertades de los ciudadanos, el libre desarrollo de la personalidad humana, el derecho y el pluralismo político representan los valores supremos, en el espíritu de las tradiciones democráticas, del pueblo rumano y de los ideales de la Revolución de diciembre de 1989 y están garantizadas.

(4) El estado se organiza conforme al principio de separación y equilibrio de poderes –ñegislativo, ejecutivo y judicial, en el marco de la democracia constituciones.

(5) En Rumanía, el respeto a la Constitución, a su supremacía y a las leyes es obligatoria.

Art. 2.-  La soberanía.-

(1) La soberanía nacional pertenece al pueblo rumano, que la ejercita por sus órganos representativos, constituidos en elecciones libres, periódicas y correctas, así como por referéndum.

(2) Ningún grupo o persona puede ejercer la soberanía en nombre propio.

Articulo 3.- El territorio.

(1) El territorio de Rumanía es inalienable.

(2) Las fronteras del paísse establecen por ley orgánica, respetando los principios y demás normas generales admitidas en derecho internacional.

(3) El territorio es organizado administrativamente, en comunas, ciudades y provincias. Por ley, algunas ciudades se puden declarar municipio.

(4) En territorio rumano no pueden ser confinadas o deportadas poblaciones extranjeras.

Articulo 4.- La unidad del pueblo y la igualdad entre ciudadanos.-

(1) El estado se basa en la unidad del pueblo rumano y la solidaridad entre sus ciudadanos.

(2) Rumanía es la patria común e indivisible de todos sus ciudadanos, sin diferencia de raza, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, sexo, opinión, pertenencia política, haber u origen social.

Artículo. 5.- La ciudadanía.

(1) La ciudadanía rumana se adquiere, se conserva o se pierde en base a ley orgánica.

(2) La ciudadanía rumana no puede ser retirada a quien la ha adquirido por nacimiento.

Artículo. 6.- El derecho a la identidad.

(1) El estado reconoce y garantiza a las personas pertenecientes a minorías nacionales el derecho a conservar, desarrollar y exprimir sus identidades étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas.

(2) Las medidas de protección tomadas por el estado para la conservación, desarrollo y expresión de la identidad de las personas pertenecientes a minorías nacionales se conforman con los principios de igualdad y no discriminación frente a los demás ciudadanos rumanos.

Artículo. 7.- Los rumanos en el extranjero.

El estado favorece el establecimiento de relaciones con los rumanos residentes fuera de sus fronteras y promueve allí la conservación, desarrollo y expresión de sus identidades étnicas, culturales, lingüísticas  religiosas, respetando la legislación del estado donde se encuentran.

Artículo 8.- El pluralismo y los partidos políticos.

(1) El pluralismo de la sociedad rumana es una condición y garantía de la democracia constitucional.

(2) Los partidos políticos se constituyen y desarrollan su actividad conforme a sus estatutos, en las condiciones establecidas por ley. Contribuyen a la definición y expresión de la voluntad política de los ciudadanos, respetando la soberanía nacional, la integridad territorial, el estado de derecho y los principios democráticos.

Artículo 9.- Los sindicatos, patronatos y asociaciones profesionales.

Los sindicatos, patronatos y asociaciones profesionales se constituyen y desarrollan su actividad conforme a sus estatutos en las condiciones establecidas por ley. Contribuyen a la defensa de los derechos y  promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus miembros.

Artículo 10.- Las relaciones internacionales

Rumanía mantiene y desarrolla relaciones pacíficas con todos los estados y, en tal marco, las relaciones de buena vecindad, basadas en los principios y demás normas generales admitidas en el derecho internacional.

Artículo 11.- El derecho internacional y el derecho interno.

(1) El estado rumano se obliga a cumplir de modo inmediato y de buena fe las obligaciones que le corresponden por los tratados internacionales en los que es parte.

(2) Los tratados ratificados por el parlamento, conforme a la ley, forman parte del ordenamiento interno.

(3) En el caso que un tratado del que Rumanía vaya a ser parte comprenda disposiciones contrarias a la Constitución, su ratificación podrá tener lugar sólo después de ser revisada la Constitución.

Artículo 12.- Símbolos nacionales.

(1) La bandera de Rumanía es tricolor, establecidos verticalmente, en el orden siguiente partiendo del palo, azul, amarillo y rojo.

(2) El Día Nacional de Rumanía es el 1 de diciembre.

(3) El himno nacional de Rumanía es “Despierta, rumano”.

(4) El emblema del país y el sello del Estado son establecidso por ley orgánica.

Artículo 13.- lengua oficial.-

En Rumanía, la lengua oficial es la legua rumana.

Artículo 14.- La capital.

La capital de Rumanía es el municipio de Bucarest.

Título II.-  Los derechos, libertades y obligaciones fundamentales

                                                           Capitulo I.- Disposiciones generales

Artículo 15.- Universalidad.-

(1) Los ciudadanos gozan de los derechos y libertades consagrados en la Constitución y demás leyes y tienen las obligaciones previstas por éstas

(2) La  ley dispone solo para el futuro, a excepción de las leyes penales o sancionadoras más favorables.

Artículo 16.-  La  igualdad de derechos

(1) Los ciudadanos son iguales frente la ley y a las autoridades públicas, sin privilegios ni discriminaciones.

(2) Nadie está por encima de la ley.

(3). Los cargos y dignidades públicas, civiles o militares, pueden ser ocupadas, en condiciones legales, por las personas que tienen ciudadanía rumana y domicilio en el país. El estado rumano garantiza la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la ocupación de estos cargos y dignidades.

(4) Por la adhesión de Rumania a la Unión Europea, los ciudadanos de la Unión que  cumplen los requisitos establecidos por ley orgánica, tienen derecho de elegir y ser elegidos como autoridades de las administraciones publicas locales.

Articulo 17.- los ciudadanos rumanos en el extranjero

(1) Los ciudadanos rumanos gozan en el extranjero de la protección del estado rumano y deben cumplir  sus obligaciones, a excepción de las que no son compatibles con su ausencia del país.

Artículo 18.- Los ciudadanos extranjeros y  apátridas

(1) Los ciudadanos extranjeros y apátridas que viven en Rumania gozan de la protección general a las personas y a las riquezas, garantizadas  por la Constitución y demás leyes.

(2) El derecho de asilo se otorga y se retira por ley, respetando los tratados y conveniosinternacionales de los que Rumania forma parte.

Artículo 19.-  La extradición y la expulsión.-

(1) El ciudadano rumano no puede ser  extraditado o expulsado de Rumanía.

(2) Excepcionalmente con lo dispuesto en el parágrafo 1, los ciudadanos rumanos pueden ser extraditados en  base  a  convenios internacionales de los que Rumanía forma parte, por ley y en base a  reciprocidad.

(3) Los ciudadanos extranjeros y apátridas pueden ser extraditados sólo en base a un convenio internacional o en condiciones de reciprocidad.

(4) La expulsión o extradición se adopta por la justicia.

Artículo 20  Los tratados internacionales sobre los derechos humanos.-

(1) Las disposiciones constitucionales sobre los derechos y libertades de los ciudadanos serán interpretadas y aplicadas conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los pactos y  demás tratados de los que Rumanía forma parte.

(2) Si existieran discrepancias entre los pactos y tratados relativos a los derechos fundamentales del hombre, de los que Rumania es parte, y las leyes internas, tienen prioridad las reglamentaciones internacionales, excepto en los casos en que la Constitución o las leyes internas contengan disposiciones más favorables.

Artículo 21.- El acceso libre a la justicia

(1) Cualquier persona se puede dirigir a la justicia para la defensa de sus derechos, libertades e intereses legítimos.

(2) Ninguna ley  puede limitar el ejercicio de este derecho.

(3) Las partes tienen derecho a un juicio equitativo y a la solución de los procesos en un plazo razonable.

(4) Las jurisdicciones especiales administrativas son facultativas y gratuitas.

CAPITULO II.-   LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

Artículo 22 .- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

(1) Se garantizan el derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica de una persona

(2) Nadie puede ser sometido a tortura y a ningún tipo de pena o  trato inhumanos o degradantes.

(3) Está prohibida la pena de muerte.

Artículo 22 La libertad individual.-

(1) La libertad individual y la seguridad de una persona son inviolables.

(2) El registro, detención o arresto de una persona se permiten sólo en casos y por medio del procedimiento previsto por ley.

(3) La detención no puede sobrepasar las 24 horas.

(4) El arresto preventivo se dispone por el juez y solo en el marco  del  proceso penal.

(5) En el marco de la instrucción penal, el arresto preventivo se puede disponer por 30 días como máximo, y puede ser prolongado por plazos de 30 días, sin que la duración total sobrepase un periodo razonable, y no más de 180 días.

(6) En la fase de juicio, el juez está obligado, en condiciones legales,  a verificar periódicamente, y no más tarde de 60 días, la legalidad y el motivo del arresto preventivo y disponer, inmediatamente, la puesta en libertad del inculpado, si los fundamentos que han determinado el arresto preventivo han cesado o si el juez constata que no existen fundamentos nuevos que justifiquen el mantenimiento de la privación de libertad.

(7) Las resoluciones judiciales sobre  la medida de arresto preventivo son recurribles, conforme a la ley.

(8) Al detenido o  arrestado se le comunica de inmediato, en el idioma que entienda, los motivos de la detención o  arresto, y su acusación, en el más corto plazo; la  acusación se le comunica solo en presencia de un abogado elegido o nombrado de oficio.

(9) La puesta en libertad del retenido o  del arrestado es obligatoria, si los motivos de estas medidas  han desaparecido, así como en las otras situaciones previstas por ley.

(10) La persona arrestada  preventivamente tiene derecho a pedir su puesta en libertad provisional, bajo el control del juez o por caución.

(11) Hasta que adquiere carácter definitivo la resolución judicial de condena, se considera que la persona es inocente.

(12) Ninguna pena puede ser establecida o aplicada sino conforme a la ley

(13) La  sanción privativa de libertad no puede sino de naturaleza penal.

Artículo 24.- El derecho a la defensa.

(1) Se garantiza el derecho a la defensa.

(2) Durante todo el procedimiento, las partes tienen derecho de ser asistidas de un abogado, elegido o nombrado de oficio.

Artículo 25.- La libre circulación.-

(1) Se garantiza el derecho a la libre circulación, en el país y al extranjero. La ley establecerá las condiciones de ejercer este derecho.

(2) Se asegura el derecho de cada ciudadano el derecho a establecer su domicilio en cualquier localidad del país, a emigrar, y  a retornar al país.

Artículo 26.-  La  intimidad familiar y privada.

(1) Las autoridades públicas respetan y protegen la intimidad, familiar y privada.

(2) La persona física tiene derecho a disponer de sí misma, en tanto no va en contra de los derechos y libertades de otros, el orden público o las buenas costumbres.

Artículo 27 La inviolabilidad del domicilio.

(1) El domicilio y la residencia son inviolables. Nadie puede entrar o permanecer en el domicilio o residencia de una persona sin  su aprobación.

(2) Lo dispuesto en el parágrafo anterior, puede ser modificado por ley en los siguientes supuestos:

a) En la ejecución de un mandado de arresto o de una resolución  judicial;

b) Para evitar un peligro para la vida, integridad física o los bienes de una persona;

c) En defensa de la seguridad nacional o del orden público;

d) En la prevención de la propagación de una epidemia;

(3) El registro se dispone por un  juez y se efectúa en las condiciones y en las formas previstas por la ley.

(4) Se prohíbe el registro nocturno, si no fuera por caso de  infracciones flagrantes.

Afrtículo 28.- El secreto de la correspondencia.-

El  secreto de cartas, telegramas, u otros envíos postales, de las conversaciones telefónicas y otros medios legales de comunicación es inviolable.

Articulo 29.- La libertad de conciencia.-

(1) La libertad del pensamiento y de las opiniones, como la libertad de  las creencias religiosas no pueden ser limitadas de ninguna forma. Nadie puede ser obligado a adoptar una opinión o a adherirse  a una creencia religiosa, contraria a sus convicciones.

(2) Se garantiza la libertad de la conciencia; ésta debe poder manifestarse en espíritu de tolerancia y de respeto mutuo.

(3) Los cultos religiosos son libres y se organizan según sus propios estatutos, conforme a la ley.

(4) En las relaciones entre cultos están prohibidas cualesquiera formas,  medios, actos o acciones de intolerancia religiosa.

(5) Los cultos religiosos son autónomos frente al estado y gozan del apoyo de éste, incluso facilitando asistencia religiosa en el ejército, hospitales, en establecimiento penitenciarios, residencias de ancianos y orfanatos.

(6) Los padres o tutores tienen derecho de ordenar, según sus propias convicciones, la educación de los niños menores bajo su responsabilidad.

Artículo 30.-  La libertad de expresión

(1) Son inviolables la libertad de expresión de los pensamientos, opiniones o creencias y la libertad de las creaciones de cualquier tipo, de viva voz, por escrito, o por imágenes, por sonidos u otros medios de comunicación en público.

(2) Está prohibida cualquier tipo de censura.

(3) La libertad de la prensa conlleva también la libertad de crear publicaciones.

(4) No puede ser eliminada ninguna publicación.

(5) La ley puede obligar a los  medios de comunicación de masas a hacer pública su fuente de financiación.

(6) La libertad de expresión  no puede perjudicar la dignidad, el honor, la vida privada de la persona ni el derecho a la propia imagen.

(7) Están prohibidas por ley la difamación al país y la nación, la provocación a la guerra de agresión, al odio nacional, racial, de clase o religioso, la incitación a la discriminación, al separatismo territorial o a la violencia  pública, también las manifestaciones obscenas, contrarias a las buenas costumbres.

(8) La responsabilidad civil por la información o creación puesta en conocimiento público, le corresponde al editor o realizador, al autor, al organizador de la manifestación artística, al dueño del medio de multiplicación,  a la cadena de radio o televisión, conforme a la ley.  Los delitos de prensa se establecen por ley.

Artículo 31 El derecho a la información.-

(1) Mo puede ser restringido el derecho de la persona a tener acceso a cualquier información de interés público.

(2) Las autoridades públicas, conforme a sus atribuciones, están obligadas a asegurar la información correcta de los ciudadanos sobre los asuntos públicos y sobre problemas de interés personal.

(3) El derecho a la información no debe perjudicar las medidas de protección a jóvenes ni la seguridad nacional.

(4) Los medios de información de masas, públicas o privadas, están obligadas a asegurar información correcta de la opinión pública.

(5) Los servicios públicos de radio y de televisión son autónomos. Ellos deben garantizar a los grupos sociales y políticos importantes la aplicación del derecho a la antena. La organización de estos servicios y el control parlamentario sobre  sus actividades, se reglamentan por ley orgánica.

Artículo 32 El derecho a la educación.-

(1) Se asegura el derecho a la educación mediante el sistema de enseñanza general obligatoria, por  medio de la enseñanza de liceo, y por el profesional, por la enseñanza superior, así como también por otras formas de instrucción y de perfeccionamiento

(2) La enseñanza de todo grado se desarrolla en idioma rumano, conforme a la ley. La enseñanza se puede desarrollar también en otro idioma de circulación internacional.

(3) Se garantiza el derecho de las personas pertenecientes a las minoridades nacionales a estudiar el idioma materno y el derecho de poder ser  instruidas en este idioma; las modalidades de ejercer estos derechos se establecen por ley.

(4) La enseñanza de estado es gratuita, conforme a la ley. El estado concede becas sociales de estudio a los niños y jóvenes procedentes de familias desfavorecidas y  a los institucionalizados, conforme a la ley.

(5) La enseñanza de todo grado se  desarrollan en centros del estado, particulares y confesionales, conforme a la ley.

(6)Se garantiza la autonomía universitaria.

(7) El estado asegura la libertad de enseñanza religiosa, según las demandas especificas de cada culto. Será organizado y garantizado por ley la enseñanza religiosa en las escuelas del estado.

El año pasado, el 31 de agosto, se modificó el Código fiscal, por medio de O.G. 30/2011, de modo que se dispuso que para el ejercicio del año 2012 debería ser presentada la declaración anual el 20 de marzo del 2013. De ese modo se entendía que conforme a la no retroactividad de la ley (siendo la norma de septiembre, mes noveno, no parecía correcto modificarlo con efectos para el año 2011, por los impactos negativos sobre el cash flow de las empresas, y la estrategia de negocio de las mismas,  de modo que se entendía que el plazo sería el 25 de abril 2011. Las excepciones por actividades agrícolas, y de Ong seguiría siendo el 25 de febrero, lo que no se discute.

Por medio de una O.G., la nro. 2/2012, el Gobierno modifica el Código de procedimiento fiscal, y aprovecha para modificar un artículo del Código Fiscal, algo insólito, estableciendo que para la declaración del año 2011 el plazo finaliza el 25 de marzo 2012.

Entre los profesionales se levantan nubes de críticas a la indeterminación del  Ministerio de Finanzas rumano, que empezando con el impuesto mínimo, siguiendo por la modificación de los plazos de pagos trimestrales, reintroducción del impuesto por ingresos para microempresas, termina ahora con la calma de los contribuyentes, modificando en un plazo breve por dos veces el plazo para el pago anual del impuesto por beneficios. Incluso se dice que se pretende prever con un mes de antelación cantidades disponibles en el presupuesto del Estado para poder usarlo con fines electorales.

En cualquier caso, por medio de la Orden de ANAF nro. 70/2012, se impone un nuevo formulario, eliminando la sección de impuesto mínimo, actualizando algunos indicadores en la sección B del formulario. Asimismo, existe ahora un nuevo proyecto de orden ANAF, publicada en el portal de la institución, para regular la aplicación de la declaración 101 para el impuesto de beneficio del año 2011, hablando de la fecha de 25 de marzo. De ello ya hemos hablado en otra entrada de nuestra web.

Además,  ¿qué ocurre con aquellos contribuyentes que no han declarado y pagado el trimestre IV porque han optado por cerrar el ejercicio antes del 25 de febrero? ¿Tienen fecha hasta el 25 de marzo?

Con fecha 16 de febrero se ha publicado una nueva orden de ANAF, la nro. 155/2012,  para clarificar definitivamente que aun cuando se haya optado por cerrar el ejercicio antes del 25 de febrero 2012, se debe presentar la declaración anual antes del 25 de marzo 2012, sin necesidad de  presentar el formulario 100 para el último trimestre del año 2011 en  fecha tope de 25 de febrero.

26 años como abogado en España. 6 años en Rumanía, 2 años asociado en Rumanía con una firma de abogados española, participando en acciones de recuperación de créditos, due diligence inmobiliarios, creación de empresas, en ONGs, asesoramiento en fondos europeos, etc.Actualmente colabora con la firma NLQ avocati de Bucarest.

2011.- PFA, autónomo en Rumania,  consultante in fondos europeos. Colaboración con firmas en todo el pais como PRODINVESTGRUP99 din Buzau, Structural Consulting Group, Asociación de Municipios de Rumanía, etc.

2011 colaboración con firmas de abogados: VASS LAWYER, NLQ AVOCATI.

2008/2010.- Manager de la empresa de abogados y consultora en Bucarest (SC Villasis Eastern, SRL).

Colaborador en la firma de abogados Estudio Juridico Villasis, S.L.P. 2008.

2005-8.- Preparación profesional en Derecho rumano y en lengua rumana. Desarrollo de muy diversos cursos de formación profesional en fondos europeos, en Derecho urbanistico, administrativo, mercantil, contable, fiscal, laboral, etc rumanos.

Colaboraciones ocasionales con firmas de abogados rumanas, como Mihaela Grama Popovici. Dragomir si Asociati, Salcutan Lucian, Petre, Vass Iulia, Dumitrescu Nicolae, Agustin Hernandez, Emilio Luque.

Abogado español relacionado en  la embajada española, y actuando para diversas insituciones españolas (2007/2011).

1978/2005 abogado en España. Fundador Bufete Juridico Internacional Liniers y Asociados, S.L. .

Especializaciones principales: derecho internacional privado, derecho internacional de la famila, inmigración y derechos humanos, fondos europeos, Derecho europeo, Derecho comercial, civil, administrativo.

  Función o puestos ocupados

Abogado en Oviedo (España) 5 años 1978/1983, con el ex decano D. Luis Varela; 1985: abogado autónomo en Madrid (España) hasta 2005. 2008-2010 Coordinador de la firma de abogados Villasis y Caveat en Rumania.Autónomo en Rumania como asesor de fondos europeos y abogado. 2011. Colaboración con Bufete NLQ avocati para el desarrollo de un foro juridico rumano español.

Coordinación de reuniones con firmas de abogados rumanas, desarrollo de informes juridicos, de proyectos en fondos europeos, desarrollo de procesos judiciales. Estudio y preparación de estatutos sociales, de planes de actuación juridico fiscales, mercantiles y civiles para muy diversas empresas.

En Rumania, en los últimos cinco años he prestado actividad de representación y consultoria para sociedades españolas que han establecido sede en Rumania. Del mismo modo, me he ocupado de recuperación de créditos, due diligence inmobiliarias, contratos civiles y mercantiles, consultoría general para firmas españolas, joint venture, procesos judiciales, mediaciones y arbitrajes, estudio de proyectos con fondos europeos, desarrollo rural, energia, medio ambiente, desarrollo urbano, sector de derecho internacional privado y gestión de procesos a personas físicas en su condición de inmigrante, etc

Actualmente soy abogado colaborador en y desde el bufete NLQ AVOCATI con muy diversas firmas de abogados rumano españolas,  y experto en fondos europeos, LINIERS PORTILLO ALVARO, PFA.

Educacion y formación       Periodos

2009/2011.- Participación en conferencias, cursos, simposios ofrecidos por muy diversas firmas de conusltoria rumanas, en sectores diversos, energia, fondos europeos, derecho civil, penal, etc. Colaboro en Avocatnet dando consejos jurídicos a rumanos y españoles. Más de mil consultas. He participado en la conferencia sobre el nuevo Código civil organizado por dicha institucion. Desarrollo de noticias juridicas para firmas españolas con NLQ Avocati. Master de Dirección de empresas con la Asociación de Municipios Rumanos con nota máxima y presentación de proyecto. Diploma en fondos europeos en Rumanía con Structural Consulting Group. Obtuve el atestado con maxima nota de traductor del rumano al español juridico, he redctado opiniones juriidicas para muy diversos estamentos, como Avocatnet,  como la propia embajada española, y clientes particulares; he participado activamente en acuerdos hispano rumanos en muy diversas empresas, de tratamiento de aguas, de construcción, de ingenieria, de fondos europeos, turismo, etc. Participo en todas y muy diversas Jornadas con la Embajada española en Rumania.

Curso de Proiect Manager la Structural Consulting Grup in Bucuresti (Romania). Diciembre 2009 reglamentado por  la autoridad nacional ANPFA.

2005/8.-

Participación en numerosos cursos de especialización rumanas, simposios y conferencias sobre energía, fondos europeos, derecho del trabajo, fiscal, mercantil.

Curso de manager in fonduri europene  en la Camera de Comercio de Buzau (Romania).2007.

1985/2005.-

Participación en simposios en Derecho internacional Privado en España – 2001/2005

Curso de Derecho Internacional Matrimonial en Madrid (Spania) 2001.

Curso de Derechot Internacional de las Migraciones  en Madrid (sesiones anuales desde 1991-2000)

Cursosi de Inmigración en Madrid (Colegio de Abogados  1987/1991)

Inicio del ejercicio profesional inscrito en el Colegio de Asturias con el ex decano D. Luis Varela Menendez.

1978/1982.-

Cursos de Derecho civil, internacional y filosofia del Derecho en Oviedo (1979/1982)

1973/1978.-

Facultad de Derecho Universidad de Navarra (España) 1973/1978.

Academia Adra/Madrid (Curso de Orientación profesional COU. Madrid 1973

1962/11978

Colegio El Prado/Madrid 1962/1972)

Derecho Matrimonial Internacional

Derecho civil español y rumano.

Derecho mercantil y social rumanos. Nombre y tipo de instituciones de enseñanza / de formación CNFPA (Centro Nacional de Formación Profesional de Adultos) Rumania 2005-2011Universidad de Navarra (1973/1978).

Academia Adra (1973).

Colegio del Prado (1962/1972).         Aptitudes y capacidades personales

Capacitdad de trabajo en equipo. Experiencia practica juridica in sistemas comparados de derecho español y rumano y en el marco de la UE. Pionero en España reconocido en la practica del Derecho de migraciones con notables exitos profesionales, realizaciones profesionales, dando trabajo a decenas de abogados jovenes madrileños. Optimismo y visión positiva. Experiencia profesional vasta.

Usuario – Word, Excell, etc.  Google y redes sociales, manejo profesional.

Fotografo amateur. Manager de empresa de musica clasica y derechos de autor. Literatura. Poesía, Cine

Referencias del ex decano de Colegio de Abogados de Oviedo D. Luis Varela Menendez,  del profesor Luis JoaquinGarrigues, de Madrid (España). Del Profesor  D. Fernando Olivan, de Madrid y de innumerables colegas abogados desde los propios pasantes de mi bufete, como abogados de prestigio nacional, Bufete Villasis, Caveat, Garrigues, etc..

Diploma Derecho homologado en Rumania, oficial y privat. Diploma de Rumania de Traductor juridico de rumano a español, si diploma de Manager de  project en fondosi europeos autorizado por la CNFPA, y dploma de gestión empresarial y consultor igualmente autorizado por la CNFPA.

MEDIDA 431.- FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE ACCION LOCAL. GAL

Para reducir las disparidades entre zona urbana y zona rural en lo referente a al economía, potencial demográfico, sanidad, escuela, cultura, etc. una de las soluciones lo representa la elaboración y ejecución de estrategias integradas de desarrollo de comunidades locales, teniendo como punto de partida las necesidades identificadas a nivel local.

La implicación de los actores locales en el desarrollo de sus propias zonas, contribuirá a la realización de un desarrollo dinámico, apoyado en una estratetegia de desarrollo local, elaborada y ejecutada localmente, y administrada por representantes de los GAL, que representarán ser  interlocutores de la población, en los territorios respectivos, para la mejora continua de estrategias y de acciones que posteriormente  serán desarrolladas.

Prácticamente, el desarrollo de los territorios rurales cubiertos por el programa Leader, será programado y coordinado por agentes locales que serán necesariamente  el factor en la  toma de decisiones y que tomarán la responsabilidad de la evolución de su territorio, en el tiempo. De ese modo, la realización de las estrategias y la ejecución de las medidas LEADER (Eje 4) se hará tomando como base el PNDR 2007/2013, programa elaborado de conformidad con los reglamentos europeos y la legislación nacional en vigor.

Para poder beneficiarse de fondos europeos (FEADR) para el eje 4 (LEADER) del PNDR asignados, para el periodo 2007/2013, los socios público privados (potenciales GAL) deberán participar en un proceso de selección, organizado por la Autoridad de Asesoramiento del PNDR. Después del proceso de selección, los socios publico privados seleccionados se convierten oficialmente en Grupos de Acción Local, conforme a las normas PNDR 2007/2013 y la legislación nacional y comunitaria, que reglamentan el desarrollo de este programa.

Para la selección de los Grupos de Acción Local se organiza la segunda sesión de selección de candidatos, en el periodo indicativo del 1-30 de marzo 2012.

El número estimado de GAL que serán seleccionados será de 70. La suma máxima que podrá ser solicitada por un potencial GAL será de 2.850.000 euros. La suma total asignada para los GAL es de 199.152.331 euros.

Definiciones.-

Beneficiario – Grupos de Accion Locales, organizados como personas jurídicas, conforme a la OG nr. 26/2000, con las modificaciones y actualizaciones posteriores, seleccionados, para la presentación del expediente de candidatura siendo suficiente la realización de un acuerdo de asociación, para la participación en el proceso de selección.

LEADER. Eje del marco del PNDR que tiene como objetivo el desarrollo de las comunidades rurales, consecuencia de la ejecución de las estrategias elaboradas por los GAL.

Plan de desarrollo local. Documento elaborado y enviado por los potenciales GAL a la Dirección de Asesoramiento para el PNDR y que es la base de la selección del GAL.

Estrategia de desarrollo local –conjunto de acciones integradas que se realizarán por los GAL para el cumplimiento de los objetivos prioritarios que han sido establecidos en el desarrollo de las comunidades rurales.

Los Grupos de Acción Local (GAL), representan asociación público privadas compuestas por representantes de los sectores

• Público: Administración pública (a nivel local y provincial, ayuntamientos, consejos locales, provinciales, etc.); servicios públicos (servicios sociales de sanidad y transporte, escuelas, universidades, etc.)
• Privado: sector comercial (sociedades por acción, limitadas, etc.); sector financiero (bancos, instituciones de crédito, etc.), sector agrícola (cooperativas agrícolas, grupos de productores, etc); sociedades de prestación de servicios comunitarios (culturales, radio TV, servicios no culturales, etc.)
• Sociedad civil: organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, federaciones (asociaciones de medio ambiente, asociaciones culturales, sociales, religiosas, cámaras de comercio, centros de culto, etc.); personas físicas, grupos de personas no registradas oficialmente.

Al nivel decisional en el marco del GAL , los representantes privados y los de las sociedades civiles, representarán más del 50%, siendo la parte pública menor al 50%.

Condiciones de elegibilidad

El espacio elegible para el cumplimiento del eje LEADER (comunas y ciudades) lo constituye el rural, al que se le añade un número de 206 ciudades pequeñas (que no exceden de 20.000 habitantes). La inclusión de ciudades en el territorio elegible LEADER asegura coherencia territorial, recursos humanos, financieros y económicos, para sostener una estrategia de desarrollo local viable. La población urbana no puede exceder del 25% del número total de habitantes en un GAL.

En el marco de la evaluación de los expedientes de candidatura, el Comité Nacional de Selección aplicará los siguientes criterios de elegibilidad:

Sobre el asociado:

El asociado debe ser formado por agentes públicos y privados. Como estructura, en la composición de la asociación, los socios económicos y sociales, así como otros representantes de las sociedades civiles, deben representar numéricamente, más del 50% de la asociación local. Del mismo modo, las organizaciones con sede social localizado en ciudades, teniendo como responsables zonas rurales vecinas, consejos provinciales, prefecturas, y operadores económicos con puntos de trabajo en el territorio GAL, pueden ser socios del GAL, pero no podrán tener una participación mayor del 25% en el nivel decisional.

Está prohibido la pertenencia de un socio, indiferentemente de la naturaleza del mismo (pública o privada), a más de un GAL. La superposición territorial de dos o más GAL, así como la pertenencia de un socio en mas GAL llevan a la exclusión de los respectivos GAL en el proceso de selección.

Sobre el territorio

Población entre 10.000 y 150.000 habitantes. Este límite ha sido establecido en base a la situación existente en Rumania, relativo a: densidad media, formas de relieve, dispuestas simétrica y concéntricamente, con existencia de un mosaico de formas de relieve en un espacio restringido. No es obligatorio que los territorios LEADER tengan en cuenta las líneas de delimitación administrativa (provincia/región), pudiendo cubrir porciones de una o más provincias o regiones, si cumplen las condiciones de homogeneidad geográfica y económica.

El espacio rural es el definido conforme a la legislación nacional en vigor, a la que se añade ciudades de hasta 20.000 habitantes. Los GAL deberán argumentar en el expediente de candidatura la inclusión de ciudades pequeñas de hasta 20.000 habitantes.

La Población urbana no puede superar el 25% del número total de habitantes del GAL  respectivo.

El territorio cubierto por la estrategia será homogéneo y ofrecerá suficiente masa crítica, desde el punto de vista de los recursos humanos, económicos y financieros, para el sostenimiento de unas estrategias viables.

Sobre la estrategia:

La suma máxima que puede ser solicitada por un potencial GAL es de 2.850.000 euros. Los gastos de funcionamiento pueden ser de hasta un 15% como máximo de la suma solicitada por los GAL, y no puede exceder de 300.000 euros.

La presentación de una estrategia integrada para el desarrollo de la zona (territorio subregional bien delimitado) a la que representa, que contenga acciones de al menos un eje del PNDR evidentemente que se pliegue a la especificidad de la zona.

La capacidad de cumplimiento de la estrategia. Los Gal debe presentar una capacidad suficiente en lo referido a los recursos financieros, humanos y administrativos.

Después de la aprobación del expediente de candidatura y la firma del contrato de financiación, el GAL funcionará, por medio de sus expertos, como factor decisional, en la selección de proyectos que serán presentados para cubrir las medidas del PNDR especificadas en la estrategia.

El valor de la ayuda no reembolsable para un proyecto no puede exceder de 200.000 euros, pudiendo el valor máximo elegible de un proyecto llegar, de este modo, a un máximo de 400.000 euros. (Ver medidas 121, 123, etc.)

Para lograr un número mayor de puntos, en el GAL debe formar parte al menos una ONG  de minorías étnicas, una asociación de mujeres, o de jóvenes.

AUREL RADU.

Coordinador formación profesional de la Asociación de Comunas de Rumania

Tel. 0723303556   0736802103

E mail: aurel@procomune.ro

aurel@centrium.ro

En Rumanía, el contrato individual de trabajo debe contener obligatoriamente una serie de cláusulas,  cuya falta puede ser sancionada, y exigida por la inspección territorial, por el fisco y por el propio trabajador.  Como tal la comisión es un complemento salarial sujeto a dicha obligatoriedad, así como a contribuciones sociales, e impuestos.

La comisión por ventas constituye un complemento salarial al salario base, en virtud de lo dispuesto en el art. 160 del Código de trabajo (en adelante C.M.), al igual que indemnizaciones, aumentos y otros complementos. El complemento salarial constituye un elemento variable del salario que se puede acordar en base a los logros personales del trabajador, si las partes del contrato individual de trabajo (en adelante CIM), así lo establecen.

El salario base y otros elementos constitutivos de los ingresos salariales, constituyen, como ya hemos indicado anteriormente, en otra entrada de la web, una de las cláusulas obligatorias del CIM, conforme al art. 17, párr.. 3 letra k) y art. 17, párr.. 4 del CM.

En el modelo de CIM que hemos traído a estas páginas, se contempla, en el apartado J, Salario, por separado lo que constituye el salario base, de otros elementos constitutivos, como son aumentos, indemnizaciones, y dentro de éstas complementarios de dinero, o en especie, y otros complementos; comisión de ventas. Y es aquí donde debe ser incluido el criterio aplicable variable a este complemento salarial en la confección del CIM.

Como decíamos en la primera de nuestras entradas en esta categoría, el conflicto de derechos lo constituye el surgido en la relación laboral individual. El art. 67 de la ley comentada,  Ley 168/1999, en su capítulo III, “Modo de resolver los conflictos de derecho”,  concreta como tales: a) conflictos en relación con la firma, ejecución, modificación, suspensión y finalización de los contratos individuales de trabajo (en adelante, CIM); b) conflictos en relación con la ejecución de los convenios colectivos de trabajo (en adelante, CCM). Se asimilan a ellos, (art. 68): a) conflictos en relación con el pago de indemnizaciones relativas a los perjuicios causados por las partes en el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones respectivas establecidas en el CIM; b) conflictos en relación con la declaración de nulidad de los CIM o los CCM o algunas de sus cláusulas; c) conflictos relacionados con la declaración de cesación de la aplicación de los CCM.

Por otro lado, y exigiéndose una interpretación restrictiva, se establecen en la ley, que no son considerados conflictos de derechos  los que surgen en la aplicación de contratos no considerados de trabajo, sino de prestación de servicios, que lógicamente se regulan por la ley civil o administrativa correspondiente.

Procedimiento de solución de conflictos de derechos.-  La regulación de la jurisdicción y competencia se remite a la ley procesal ordinaria. Se regula en esta ley especial,  los siguientes aspectos:

1) Plazos de caducidad (art. 73):

a)      Medidas unilaterales de ejecución, modificación, suspensión o resolución de CIM, incluso decisiones de imputación o obligación del pago de sumas de dinero, pueden ser recurridas en el plazo de 30 días desde la fecha en que se ha tomado conocimiento de la medida dispuesta;

b)      declaración de la nulidad de un CIM o CCM puede ser solicitada por las partes durante toda la vigencia del acuerdo nulo.

c)       declaración de la finalización de un CCM puede ser pedida hasta la firma de uno nuevo;

d)      el pago de indemnizaciones por daños causados y la restitución de cantidades que han sido objeto de pagos no debidos pueden ser solicitados por los trabajadores en el plazo de 3 años desde la fecha de producción de los mismos.

2) Procedimiento (arts. 74 y ss.).- Régimen general de urgencia, con aplicación supletoria del Código de procedimiento civil (art. 82). No pueden dictados en plazos superiores a diez días, debiendo ser citados con un día de antelación las partes. En caso de medidas unilaterales adoptadas por el centro que sean recurridas, éste debe aportar pruebas en base a las que se han adoptado, hasta el propio día de juicio. Antes de entrar en debate, el juez debe intentar conciliación. En caso de continuación, el juez administra las pruebas en régimen de urgencia, pudiendo declarar que no se pueden administrar aquellas que se han retrasado por culpa de las partes. La sentencia se dicta el mismo día en que se ha declarado concluso el juicio, o como mucho dos días después. Las sentencias son definitivas. Se redactan y se comunican a las partes en el plazo máximo de 15 días desde su pronunciamiento in vocea. El recurso se puede interponer en el plazo de diez días, desde la comunicación motivada. No se va a resolver sobre el recurso en cuanto al fondo, cuando (art. 81): se ha transgredido la competencia o se ha dictado sin respetar el derecho a ser oído, porque no se ha realizado correctamente la citación.

3) Ejecución.- En cuanto a la ejecución de las sentencias, más dispone esta Ley que debe hacerse en el plazo de 15 días, constituyendo infracción penal, con penas de 3 a 6 meses de cárcel, más multa, cuando se refiere al pago de salarios. Cuando se refiere a la reintegración al puesto de trabajo, la infracción se pena con cárcel de 6 meses a un año y multa. Son infracciones a instancia de parte, que no pueden ser perseguidas de oficio, siendo el perdón causa de exoneración de responsabilidad penal.

Todo empresario está obligado a establecer condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

El marco legal lo constituye la Ley 319/2006, junto a su reglamento H.G. nro. 1425/2006, que sustituye la experiencia de diez años atrás de la Ley 90/1996. Según esta ley, la seguridad e higiene en el trabajo, lo constituye “un conjunto de actividades institucionalizadas que pretenden se desarrolle en las mejores condicione el proceso del trabajo, defensa de la vida, integridad física y psíquicas de las personas participantes en el proceso del trabajo”.

Principios de esta regulación son: prevención de riesgos profesionales, protección de la sanidad y seguridad en el centro de trabajo de los empleados, eliminar los factores de riesgo de accidentes, información y consulta, participación equilibrada, instrucción de los trabajadores y sus representantes, y la institución de direcciones generales para el cumplimiento de las previsiones reglamentarias.

Existen normas muy concretas sobre la materia, que en muchos casos, por su minuciosidad y especialidad, deben ser sometidas a expertos en el sector, o a un puesto específico a ocupar por un empleado con certificado de especialidad en ello o a una empresa homologada, como veremos.

Con la amenaza de sanción de entre 2000 y  10.000 lei, las empresas en función o no del número de trabajadores, tienen las siguientes obligaciones institucionales, desde su primera constitución:

• Independientemente del número de empleados, de sector de actividad, el empleador tiene las siguientes obligaciones concretas: evitar riesgos, evaluar aquellos que no pueden ser evitados para establecer sus fuentes y poder combatirlos en su comprensión, humanizar el trabajo, en especial en lo referido a los cargos o puestos, eligiendo los equipamientos necesarios, métodos de producción, sustitución de los peligrosos por los menos peligrosos, protección colectiva prioritarias frente a la individual,  suministro de instrucciones de manejo.

• En función del número de trabajadores:
• En el caso de empresas de hasta 9 empleados, que no desarrolla actividades que se encuentran en una tabla especificada, el empresario puede hacerlo por sí mismo si se implica de un modo regular, efectivo y tiene condiciones de preparación en el sector, en caso contrario debe apelar a un servicio externo.
• En el caso de una empresa con más de 10 trabajadores y menos de 50, también puede el empresario desarrollar esta actividad por sí mismo, si cumple además de las mencionadas anteriormente, la  condición de que los riesgos identificados no pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales graves, irreversibles, muerte o invalidez.
• Si tiene 50 trabajadores  y menos de 150, además de lo anterior, el empresario debe organizar un servicio interno de prevención y protección, designando uno o más trabajadores que se ocupen de ello, o apelar a una o más empresas externas especializadas, en el caso de no disponer de profesional adecuado.
• Si dispone de 150 o más trabajadores, el empresario está obligado a organizar el servicio interno, y además, si no pueden cubrir todas las especialidades, contratar uno o más servicios externos adecuados.