CÓMO HACER NEGOCIOS EN RUMANÍA – CONOCER AL OPERADOR

Antes de concluir una operación comercial con un operador económico de Rumanía los empresarios españoles deberían conocer la mayor cantidad de aspectos relevantes sobre esta persona.

Como punto de partida, el empresario español deberá conocer las circunstancias jurídicas que resultan de un Certificado de Constataciones emitido a los efectos por el Registro Mercantil. Este documento contiene detalles de cuyo análisis se puede deducir si el comerciante rumano puede ser considerado un socio de negocios fiable. Estos aspectos refieren, entre otras circunstancias, al estado de la sociedad, su antigüedad, sede social, administradores, etc.

No obstante, a su pesar, una sociedad comercial puede tener una situación registral clara, de la que no resulten aspectos negativos y, sin embargo, tener serios problemas financieros. En este sentido, también es recomendable conocer la información que de dicho operador económico pueda existir publicada en la página web del ministerio de finanzas. En ésta se publican de forma sintética la información contenida en las cuentas anuales presentadas por dicho operador ante la administración tributaria.

Otra información de importancia extraordinaria y cuyo análisis puede ayudar a determinar la solidez y fiabilidad de un operador económico rumano, son las causas judiciales en las que éste es o ha sido parte. Ésta es también información de carácter público, a disposición de cualesquiera personas interesadas. En relación a cada causa judicial abierta ante los tribunales civiles de Rumanía, el ministerio de justicia publica a través de su página web, la relación de los participantes en dicho proceso, el objeto de la demanda, así como, en resumen, el resultado de cada una de las vistas y de la sentencia.

Conociendo todas estas informaciones en relación a un operador económico y resultando de su análisis una valoración positiva, es poco probable que la persona con la que se desee contratar, se trate de un operador con intenciones de engañar, con problemas serios, o problemático.

 

EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO DE CRÉDITOS DE VALOR REDUCIDO

El procedimiento de solicitud de pago de créditos de valor reducido tiene un ámbito de aplicación reducido. Mediante este procedimiento solo se puede requerir la intervención de los tribunales para la realización de créditos con valor igual o inferior a 10.000 Lei, siempre, que estos créditos no tengan proveniencia fiscal, arancelaria o administrativa, o en el ámbito civil aquellos créditos nacidos de las relaciones familiares, relaciones laborales, indemnizaciones, insolvencia, arbitraje.

Concretamente, el ámbito propio de estos procedimientos se refiere a las reclamaciones entre comerciantes por el impago de facturas o la reclamación para el pago de rentas por el alquiler de bienes inmuebles.

El valor límite que permite seguir este procedimiento se refiere únicamente al valor de la solicitud principal y, por lo tanto, excluye los intereses de demora y costas.

El inicio de la acción requiere necesariamente utilizar el formulario correspondiente, de otra forma, la solicitud se transmitirá por el procedimiento común. No obstante, en su defecto el reclamante puede solicitar antes de la celebración de la primera vista la aplicación de las disposiciones relativas a este procedimiento abreviado.

Serán competentes para resolver estas solicitudes los juzgados del lugar donde el demandado tenga su domicilio. La solicitud, aun cuando debería estar contenida en un formulario, deberá ser motivada y acompañarse de la documentación necesaria para la prueba del crédito reclamado; pudiendo incluso solicitar la práctica de pruebas diferentes de documentos, siempre y cuando su realización un sea desproporcionada con el valor de la demanda.

Tramitada la solicitud el órgano judicial podrá apreciar que ésta necesita completarse o rectificarse, para lo cual notificará al reclamante para su subsanación en el plazo establecido que no podrá ser superior a 30 días.

Por norma, estas solicitudes se resuelven sin la intervención de las partes, aunque a criterio del órgano judicial éste podrá solicitar su presencia.

La contestación que sobre la demanda pueda realizar el demandado podrá adoptar la forma que más interese a éste, optando bien por su realización con ayuda del formulario correspondiente, bien mediante un escrito fundamentado. El plazo máximo para la contestación este de 30 días.

Al igual que en el procedimiento de “ordonanță de plată” los argumentos para la defensa del deudor deberán contestar la exigibilidad del crédito solicitado al pago; pudiendo incluso solicitar reconvencionalmente al reclamante por hechos estrictamente relacionados con la demanda que, no obstante, de exceder el ámbito pecuniario habrá de juzgarse separadamente.

El órgano judicial tiene de plazo 30 días, contados a partir del momento de haber recibido toda la documentación solicitada, alternativamente desde la fecha fijada para la vista, para pronunciar y redactar la sentencia, que será ejecutoria desde el momento de su pronunciamiento.

Frente a ésta cabe recurso de apelación ante el tribunal en el plazo de 30 días de la comunicación de la sentencia. El tribunal motivadamente podrá solicitar la suspensión del carácter ejecutorio de la sentencia, previo pago de una caución de 10%.

CESE DE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR EL SELLO SOCIAL SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A LOS EFECTOS DE DAR VALIDEZ A LA MISMA.

Desde fecha de 30.06.2017, de conformidad a la OUG 49/2017 las personas físicas, las personas jurídicas privadas y cualesquiera  entidades sin personalidad jurídica no están obligadas a aplicar el sello social en las declaraciones, solicitudes, contratos o cualesquiera otros documentos de los que solicite su presentación ante las instituciones o autoridades públicas.

Exigir por las autoridades públicas la aplicación del sello social sobre cualesquiera documentos, indiferente de su naturaleza, constituye una infracción disciplinaria.

De igual forma, señalamos que ya con anterioridad, de conformidad a la Ley 316/2015 se preveía para las relaciones entre personas privadas la ausencia de del requisito de la aplicación del sello social sobre la documentación para darle a ésta validez.

REQUISITOS Y OPORTUNIDADES PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES EN RUMANÍA

  1. Disponer de una sede social propia: Esto equivale a pagar un alquiler por un espacio físico (su precio dependerá del espacio y su localización); aunque existe también la alternativa de obtener contra-coste un servicio de sede social con recogida de correspondencia u otros servicios añadidos (aprox. empezando con 60 Euros/mes);
  2. Contar con un contable que se ocupe de presentar las correspondientes declaraciones fiscales ante las diferentes administraciones (estimamos aprox. 50 Euros/mes). El contable puede presentar todas las declaraciones on-line, pero habría que darle poderes.
  3. La constitución de la sociedad, así como, las demás gestiones para su administración no requieren de desplazamiento pues éstas se se pueden realizar mediante poderes. Señalamos que tampoco existen limites de nacionalidad ni de residencia para ser socio o administrador de la sociedad;

*Estimamos que el tiempo para la constitución de una sociedad es aproximadamente una semana, siempre y cuando, dispongamos de una documentación original, completa .

  1. El régimen fiscal para las empresas en Rumanía es:
    1. Para las empresas incluidas en el Régimen General la cuota de impuestos aplicables es de 16% por los beneficios obtenidos (ingresos menos gastos –atención: Se considera gastos deducibles únicamente aquellos destinados a la producción de un beneficio);
    2. Para pequeñas empresas –microempresas que no superen un volumen de negocios anual de 500.000 Euros y un capital social inferior a 10.000 Euros (esta suma no es absoluta) están obligadas a satisfacer un impuesto general por ingresos:
      • (1%) para el caso que tengan al menos 1 trabajador en plantilla;
      • (3%) para el caso que no tengan trabajadores en plantilla;
      • (16%) desde el momento en el que la empresa supera plafón de 500.000 Euros anuales como volumen de negocios
    3. A las sociedades constituidas ex novo no se les reconoce el derecho de ser pagadora de IVA (19%) y, por lo tanto, no podrá deducirse este gasto. Para convertirse en pagadora de IVA:
      • La sociedad deberá realizar las gestiones correspondientes y cumplidos los requisitos, le será concedido.
      • Alternativamente, en el momento de exceder la sociedad un volumen de negocio anual de 65.000 Euros, se convertirá automáticamente pagadora de IVA;
    4. Una vez reconocida la sociedad como pagadora de IVA, ésta podrá obtener además la calificación de pagadora intracomunitaria de IVA, siendo que, en este caso, podrá emitir facturas a personas jurídicas no residentes en Rumanía que no incluyan IVA y evitar el cargo adicional de este impuesto.
    5. En los supuestos que la empresa decida repartir dividendos –cumplida la obligación de aprobar las cuentas anuales y satisfechos los impuestos– se deberá calcular aún una carga impositiva del 16% sobre las sumas distribuidas a los socios.No obstante, en el supuesto de tratarse el socio residente fiscal en otro país, entonces diferenciamos:
      • A las personas físicas residentes fiscales en España habrá de aplicarse una cuota impositiva del 10%, de conformidad al tratado para evitar la doble imposición firmado con Rumania. El beneficiario de estos pagos deberá solicitar de la administración rumana una certificación para el reconocimiento del pago de estos impuestos en el país de origen de esa renta, quedando liquidar en España la diferencia hasta el tipo impositivo aplicable a razón del cálculo del IRPF.
      • A las personas jurídicas residentes en otro país de la Unión Europea, digamos España, podrá no aplicarse el impuesto por dividendos originado en con ocasión de su reparto, si la sociedad beneficiaria posee al menos un 10% del capital social de la sociedad que lo distribuye y si su participación en esta otra empresa es superior al plazo de 2 años.
  1. Respecto del régimen para la contratación laboral, señalamos que los contratos de trabajo en Rumanía se concluyen por norma por plazo indefinido –el coste salarial mínimo por empleado por una jornada de 8 horas por 5 días a la semana, con todas las contribuciones, es el equivalente a 400 Euros mensuales a fecha de 01.02.2017.
  1. Ayudas a la nueva empresa: La normativa en vigor reconoce ayudas que, en base a un proyecto de inversión, se otorgarán a la pequeña empresa financiación de entre 25.000 y 200.000 Euros en función de sus características y ámbito de actividad. En todo caso, se prevé un techo de financiación del 90% sobre el valor de la inversión y se condiciona su otorgamiento entre otros al cumplimiento de los siguientes requisitos:.
    • Contar con un proyecto de inversión y un plan de negocios;
    • Disponer la sociedad de al menos de 1 año de actividad;
    • No haber estado suspendida de actividad en el año anterior a la solicitud de la financiación;
    • Contar con al menos un trabajador activo durante todo el periodo fiscal anterior a la solicitud de financiación;
    • Haber obtenido en el año precedente al de la solicitud de la financiación beneficios.

Para más información contactar con nuestro despacho.

 

QUÉ SON BIENES DE CAPITAL Y SUS REPERCUSIONES RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO EN RUMANÍA.

Conforme al código fiscal son bienes de capital todos los activos corporales fijos.

Son activos corporales fijos todos los bienes al uso de una persona jurídica que:a.      Sirven para la producción de bienes, prestación de servicios incluido el alquiler-, o para uso con fines administrativos;

b.      Su periodo de utilización es superior a un año;

c.       Tienen un valor superior al establecido por la normativa en vigor.

En todo caso, se entiende que son activos corporales fijos los terrenos, las construcciones, las instalaciones técnicas y autovehículos, además de todo tipo de instalaciones, bienes muebles, anticipos e inmovilizados corporales en fase de ejecución.

Su identificación en términos contables se realiza:

a.      En forma sintética por categoría;

b.      En forma analítica por cada bien en parte;

Señalamos que los bienes registrados en la contabilidad pueden ser simples o complejos. Son complejos los bienes simples que, conjuntamente, cumplan de forma independiente una función específica.

Los activos corporales fijos está sujetos a un proceso de desvalorización compensado de forma contable mediante su amortización.

Ver Orden del Ministerio de Finanzas Públicas 306/2002

En el momento de la adquisición o uso de bienes por una persona jurídica ésta podrá deducir el IVA satisfecho siempre que:

  1. Se trate de una operación sujeta al impuesto de IVA;
  2. Se trate de bienes que proceden ser utilizados para operaciones generadoras de IVA

La adquisición de bienes de capital tiene repercusiones para la sociedad por todo el periodo de su amortización, que será:

–        5 años para bienes que no pueden ser considerados inmuebles;

–        20 años para los bienes inmuebles, incluidas las transformaciones o modernizaciones sufridas por éstos, siempre que excedan el 20% de su valor de compra.

ATENCIÓN

RESPECTO DE LOS BIENES DE CAPITAL LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A PROCEDER AL REAJUSTE DEL IVA DECLARADO EN EL MOMENTO DE SU ADQUISICIÓN EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

  1. En el caso que el bien permanece en uso de la sociedad:
  2. Su destino para un uso distinto de la actividad comercial;
  3. Su destino para actividades no generadores de IVA;
  4. Su destino para actividades que no dan derecho a la deducción del IVA.
  5. En los supuestos que existen modificaciones de los elementos que sirvieron de base a la deducción;
  6. En los supuestos en los que el bien es objeto de operaciones susceptible de deducción del impuesto;

En los supuestos en los que el bien se vende el valor suplementario del impuesto se limita al valor de impuesto recolectado;

  1. En los supuestos en los que el bien cesa de existir;

Contadas las siguientes excepciones:

  1. En los supuestos en los que el bien ha sido vendido con derecho a la deducción del impuesto;
  2. En los supuesto en los que el bien se ha perdido, destruido o robado; situación que deberá ser probada correspondientemente;
  3. En los supuesto de cesión de bienes de forma gratuita para fines de promoción para su venta o similar;
  4. En los supuestos en los que el periodo de amortización haya sido cumplido.

En estos casos, en virtud de los controles que de forma inopinada o regulares que pueda realizar la administración, cabrá establecerse la obligación de pagos adicionales como consecuencia del reajuste del derecho a la deducción del IVA.