INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA – PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA TERRITORIALES

Los casos de insolvencia que afecten a empresas o empresarios que desarrollen actividades o negocios o tengan activos en varios países pueden resolverse con arreglo a la legislación de la UE, concretamente el Reglamento 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido).

El reglamento 2015/848 diferencia entre procedimientos principales de insolvencia y procedimientos territoriales. Son procedimientos principales de insolvencia los iniciados en el Estado miembro donde el deudor tiene su centro principal de intereses, mientras que los territoriales son los iniciados en otros Estados miembros, en los que el deudor disponga un establecimiento.

Por establecimiento se entiende “todo lugar de operaciones en el que un deudor ejerza o haya ejercido, en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura del procedimiento principal de insolvencia, de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y materiales”. Tratándose de una situación de hecho, es posible solicitar una insolvencia territorial incluso en un Estado Miembro donde deudor no esté inscrito en los registros oficiales.

Asimismo es posible solicitar la apertura de una insolvencia territorial con anterioridad al inicio del procedimiento principal, cuando:

– De conformidad a la ley del Estado Miembro donde éste se solicite se cumplan las condiciones para su declaración;

– El crédito reclamado refiera a la explotación de un establecimiento situado en dicho Estado Miembro.

Los efectos del procedimiento de insolvencia secundario se limitarán a los bienes del deudor situados en el territorio del Estado miembro en el que se haya abierto dicho procedimiento.

Tienen derecho a solicitar la apertura de procedimientos de insolvencia territoriales o secundarios cualquier persona facultada con arreglo al Derecho del Estado Miembro en cuyo territorio se solicite, además del administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal.

Con el fin de evitar la apertura de procedimientos de insolvencia secundarios, el administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal podrá contraer un compromiso unilateral («el compromiso») con respecto a los bienes situados en el Estado Miembro en el que pueda abrirse un procedimiento de insolvencia secundario.

EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO DE CRÉDITOS DE VALOR REDUCIDO

El procedimiento de solicitud de pago de créditos de valor reducido tiene un ámbito de aplicación reducido. Mediante este procedimiento solo se puede requerir la intervención de los tribunales para la realización de créditos con valor igual o inferior a 10.000 Lei, siempre, que estos créditos no tengan proveniencia fiscal, arancelaria o administrativa, o en el ámbito civil aquellos créditos nacidos de las relaciones familiares, relaciones laborales, indemnizaciones, insolvencia, arbitraje.

Concretamente, el ámbito propio de estos procedimientos se refiere a las reclamaciones entre comerciantes por el impago de facturas o la reclamación para el pago de rentas por el alquiler de bienes inmuebles.

El valor límite que permite seguir este procedimiento se refiere únicamente al valor de la solicitud principal y, por lo tanto, excluye los intereses de demora y costas.

El inicio de la acción requiere necesariamente utilizar el formulario correspondiente, de otra forma, la solicitud se transmitirá por el procedimiento común. No obstante, en su defecto el reclamante puede solicitar antes de la celebración de la primera vista la aplicación de las disposiciones relativas a este procedimiento abreviado.

Serán competentes para resolver estas solicitudes los juzgados del lugar donde el demandado tenga su domicilio. La solicitud, aun cuando debería estar contenida en un formulario, deberá ser motivada y acompañarse de la documentación necesaria para la prueba del crédito reclamado; pudiendo incluso solicitar la práctica de pruebas diferentes de documentos, siempre y cuando su realización un sea desproporcionada con el valor de la demanda.

Tramitada la solicitud el órgano judicial podrá apreciar que ésta necesita completarse o rectificarse, para lo cual notificará al reclamante para su subsanación en el plazo establecido que no podrá ser superior a 30 días.

Por norma, estas solicitudes se resuelven sin la intervención de las partes, aunque a criterio del órgano judicial éste podrá solicitar su presencia.

La contestación que sobre la demanda pueda realizar el demandado podrá adoptar la forma que más interese a éste, optando bien por su realización con ayuda del formulario correspondiente, bien mediante un escrito fundamentado. El plazo máximo para la contestación este de 30 días.

Al igual que en el procedimiento de “ordonanță de plată” los argumentos para la defensa del deudor deberán contestar la exigibilidad del crédito solicitado al pago; pudiendo incluso solicitar reconvencionalmente al reclamante por hechos estrictamente relacionados con la demanda que, no obstante, de exceder el ámbito pecuniario habrá de juzgarse separadamente.

El órgano judicial tiene de plazo 30 días, contados a partir del momento de haber recibido toda la documentación solicitada, alternativamente desde la fecha fijada para la vista, para pronunciar y redactar la sentencia, que será ejecutoria desde el momento de su pronunciamiento.

Frente a ésta cabe recurso de apelación ante el tribunal en el plazo de 30 días de la comunicación de la sentencia. El tribunal motivadamente podrá solicitar la suspensión del carácter ejecutorio de la sentencia, previo pago de una caución de 10%.

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLVENCIA DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES EN RUMANIA

“El éxito de un negocio consiste en saber valorar nuestro riesgo comercial” 

La apertura de nuevos mercados, respectivamente, la obtención de nueva clientela conlleva un aumento del riesgo ante eventuales impagos/ incumplimientos. Sobre el cómo podemos protegernos ante las conductas deshonestas o imprevistos de eventuales socios comerciales en Rumanía, discutimos seguidamente.

Para conocer sobre la eventual solvencia de una sociedad comercial rumana podemos valernos de los siguientes indicadores, todos accesibles sin necesidad de preguntar directamente a la empresa. Estos son:

  • Los datos que nos ofrece el Registro Mercantil sobre dicha sociedad: Fecha de constitución, número de socios, identidad y participación; nombre del administrador/es y poderes; cuantía del capital social suscrito y desembolsado; sede social; CIF; existencia de concurso de acreedores, etc..
  • Los datos de su facturación, tales como, su volumen de negocios, número de empleados, etc. recogidos en las últimas cuentas anuales presentadas ante la administración tributaria.
  • Comprobar si dicha sociedad ha tenido o tiene litigios en curso de resolución ante los tribuales de Rumanía, cuál es su motivo y, eventualmente, cuál ha sido su resolución.

Todos estos datos tienen carácter público y se pueden obtener previa solicitud a las autoridades competentes; si además lo deseamos, podemos completar nuestra búsqueda de información a través de una verificación a través de un buscador de internet sobre noticias o foros sociales que puedan delatar sospecha de mala reputación de la sociedad, y/o mediante Google-Maps verificar si la sede social consiste en una mera dirección postal o un verdadero domicilio real, desde donde nuestro eventual socio comercial gestiona su negocio.

Como punto de partida para el inicio de una relación comercial con uno socio comercial rumano, estos datos serían suficientes para despejar nuestras dudas sobre su solvencia. Posteriormente, no obstante, consideramos que sería oportuno negociar el establecimiento de garantías contractuales que suplieran cualesquiera de las deficiencias constatadas mediante este primer análisis. Sobre cuáles podrían ser éstas, discutiremos sin embargo en otro artículo de nuestra opinión.

 

CONTENIDO Y REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO FISCAL

El acto administrativo se emite por escrito, en papel o en formato electrónico y debe contender los siguientes elementos:

  1. Denominación del órgano fiscal emitente;
  2. Fecha de emisión y fecha en que surtirá efectos;
  3. Datos de identificación del contribuyente/pagador y, en su caso, la identificación de la persona autorizada por el contribuyente;
  4. Objeto del acto administrativo fiscal;
  5. Motivación de hecho;
  6. Motivación de derecho;
  7. Nombre y cargo de las personas autorizadas a actuar en nombre del órgano fiscal conforme a la ley;
  8. Firma de las personas autorizadas a actuar en nombre del órgano fiscal conforme a la ley y sello de órgano fiscal emitente;
  9. Posibilidad de impugnación, plazo y autoridad encargada de resolver el recurso;
  10. Señas para audiencias al contribuyente.

Si el acto administrativo fiscal fueses emitido en forma electrónica no incluirá la firma autorizada ni el sello del órgano fiscal emitente; en su lugar deberá:

  1. Los emitidos por una autoridad fiscal central llevarán la firma electrónica del Ministerio de Finanzas;
  2. Los emitidos por una autoridad fiscal local llevarán la firma electrónica de la respectiva administración pública local;
  3. En los supuestos de emisión mediante impresión automatizada es las condiciones establecidas:
    • Mediante orden del Presidente Agencia Tributaria para los órganos fiscales centrales;
    • Mediante Orden del Ministro de Desarrollo Regional y Administración Pública, previo aviso del Ministerio de Hacienda, para las autoridades locales.

El acto administrativo fiscal se considerará emitido y registrado ante el órgano fiscal a la fecha:

  1. De su firma por la persona autorizada dentro del órgano fiscal para los actos administrativos emitidos en formato de papel;
  2. De la reseña en los supuestos de emisión de actos administrativos mediante impresión automatizada;
  3. De la aplicación de la firma electrónica, para los actos administrativos emitidos en formato electrónico.

LEGITIMACIÓN PASIVA DEL ESTADO RUMANO EN RECLAMACIONES DINERARIAS

A raíz de la normativa europea contra la morosidad en las operaciones comerciales, el legislador rumano ha previsto un procedimiento abreviado para la reclamación de sumas de dinero resultantes de relaciones comerciales; que, en todo caso, podrá dirigirse contra cualquier autoridad pública del Estado Rumano. Esto es, el Estado Rumano es susceptible de ser accionado en justicia y condenado al pago ejecutivo de una deuda por el incumplimiento de una obligación de pago resultante de un acuerdo contractual.

El procedimiento abreviado no deberá entrar a prejuzgar las circunstancias del nacimiento de la obligación, sino que su cometido será exclusivamente probar la existencia de la relación contractual y del impago.

Problema aparte será la determinación del momento en el que una obligación de pago se convierte en exigible. En este sentido, entendemos que este aspecto de la relación deberá delucidarse en virtud de las previsiones contractuales acordadas entre las partes. No obstante, desde otra perspectiva, entendemos que el nacimiento de la obligación de pago no podrá posponerse de forma arbitraria respecto del cumplimiento de la obligación principal, de la que ésta trae causa. Con otras palabras, verificada la concurrencia del supuesto de hecho que da lugar a la obligación de pago –realización de la prestación y certificación de su realización por el representante de la autoridad contratante-, entendemos que no cabe justificación posible y defensa ante las instancias de justicia, para condicionar el momento del pago al cumplimiento de las diligencias necesarias para su aprobación.

En conclusión, el Estado Rumano es susceptible de ser condenado al pago ejecutivo de una deuda de la que demora su cumplimiento injustificadamente; entendemos que esto es así, incluso para aquellos supuestos en los que, contractualmente, se haga prever el cumplimiento de la obligación de pago de un procedimiento ulterior de autorización, diferente de la mera certificación de la realización de la prestación debida.

INFRUCTUOSA IDENTIFICACIÓN DE UN CIUDADANO RUMANO MEDIANTE LA TARJETA DE RESIDENTE

La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad“.

Conforme a la normativa vigente en España, los ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país se identifican mediante tarjeta de residente. Este documento tiene como objetivo crear un registro de residentes no nacionales y su identificación mediante un documento reconocible a los órganos y cuerpos de seguridad del Estado Español. No obstante, lo que puede ser bueno, favorable e, incluso necesario para la administración pública española, no tiene que serlo igualmente para los particulares.

El caso concreto es el que sigue:

Un ciudadano rumano residente en España contrae obligaciones frente un ciudadano, o empresa española. A este fin se identifica contractualmente con los datos de su tarjeta de residente. Sin embargo, ante su eventual incumplimiento nos dirigiremos a los tribunales para el reclamar el pago de la deuda.

En el supuesto que la jurisdicción corresponda a la jurisdicción española, el tribunal tramitará la solicitud en virtud de la tarjeta de residente y, conforme a derecho, pronunciará una sentencia, que eventualmente habrá de ser de condena. Hecho esto y a falta de un cumplimiento voluntario habremos de iniciar las correspondientes gestiones para ejecutar forzosamente la deuda.

Primeramente nos dirigiremos contra el patrimonio del deudor en España y, sólo en el caso de no hallarlo, o de no ser éste suficiente para el pago de la deuda reclamada, habríamos de plantearnos la necesidad de intentar también su ejecución en su país de origen. En este sentido, señalamos que es muy probable que ese concreto ciudadano tenga a su nombre alguna propiedad inmobiliaria en Rumanía.

Cumplidas las formalidades para la solicitud de ejecución de la sentencia en Rumaníaderecho de la Unión de la Europea para el reconocimiento y ejecución de sentencias en otro Estado Miembronos dirigimos al tribunal competente para la identificación de los bienes del deudor y su subsiguiente ejecución.

Aquí es el momento donde empezamos a darnos cuenta que todas las gestiones realizadas hasta esta fecha han sido en gran medida inútiles porque el Estado Rumano no reconoce/ no identifica a sus ciudadanos en base a la tarjeta de residente emitida por las autoridades españolas. Además hay que saber que en Rumanía los ciudadanos se identifican con un sólo apellido; por lo que es muy probable que existan muchas personas con un mismo nombre y apellido, incluso en una misma localidad. El tribunal solicita más información al demandante, pero este no dispone de otra.

La administración española, en el supuesto de ser preguntada, responde que los datos en base a los que ha emitido la tarjeta de residente tienen carácter de personal y que éstos podrán ser facilitados únicamente mediante una sentencia judicial. Esto es; después de varios meses o quizás más de un año de gestiones y dinero gastado, el reclamante de la deuda averigua que no puede satisfacer su crédito porque desconoce los datos reales de identificación de su deudor.

Conclusión. Cuando deseemos identificar a un ciudadano rumano debemos solicitar siempre copia de su Carné de Identidad tal y como éste fue emitido por las Autoridades Rumanas. En todo caso, éste deberá contener los siguientes datos: Seria y Número; Código Numérico Personal -CNP*-; Apellido; Nombre; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Domicilio; Autoridad emitente del documento; Validez.

*El CNP está formado por 13 cifras -de las cuales, la primera indica el genero (1 barón/ 2 mujer); las siguientes 6 cifras representan, ordenadas de 2 en 2, el año, mes y día de nacimiento.

PROCEDIMIENTO SECUNDARIO DE INSOLVENCIA EN RUMANIA

“La declaración en insolvencia constituye un derecho del deudor y una garantía para los acreedores”

Los tribunales de Rumanía podrán ser compententes para conocer de un procedimiento de consurso de acreedores de un deudor con sede en España, siempre que éste posea un establecimiento en este país; respecto de los bienes del deudor situados en su territorio. El reconocimiento por los tribunales de Rumanía deberá ser inmediato y su objetivo será la liquidación del patrimonio del deudor.

A efectos prácticos, el procedimiento secundario ocurrirá únicamente previa solicitud, que podrá ser realizada, ya en nombre de un acreedor con derecho a solicitar la insolvencia del deudor en España o del administrador judicial designado en el procedimiento principal.

Optar por su declaración conlleva una serie de beneficios de consideración para el deudor, tales como:

  1. Identificación de los bienes del deudor en Rumanía;
  2. Prohibición de anotación de nuevos privilegios en el Registro de la Propiedad;
  3. Suspensión del cálculo de los intereses de demora;
  4. Suspenso de un eventual/es  procedimientos de ejecución sobre el patrimonio del deudor, así como;
  5. Evitar cualesquiera otras reclamaciones dinerarias iniciadas por la vía civil ordinaria y que desconozcan del procedimiento principal.

Iniciado el procedimiento secundario le serán de aplicación las normas que rigen el procedimiento de insolvencia en Rumanía. En este sentido, deberá designarse un administrador judicial que se encargará de inventariar los bienes del deudor en Rumanía, así como, identificar los eventuales acreedores del mismo. Toda información que pueda resultar útil para el procedimiento secundario, en especial el estado de la presentación y verificación de los créditos y las medidas destinadas a poner término al procedimiento, deberán ser comunicadas.

 

Si la liquidación de activos del procedimiento secundario permitiere satisfacer todos los créditos admitidos en dicho procedimiento, el administrador judicial designado remitirá de inmediato el excedente del activo al síndico del procedimiento principal. 

 

CONSECUENCIAS LEGALES DEL IMPAGO DE FACTURAS

Esta presentación tiene por objeto determinar las consecuencias legales del impago de facturas y las vías legales para luchar frente a la morosidad.

Con carácter previo, precisamos que el objeto de esta presentación analiza únicamente las consecuencias del impago de facturas y las vías legales para reaccionar frente a la morosidad de empresas con sede en Rumanía, o administraciones públicas del Estado rumano.

El impago de facturas por clientes puede ser analizado desde una doble perspectiva. Por un lado, la pérdida en las expectativas de ingresos, pero también, la obligación de asumir cargas fiscales por las que la empresa no ha recibido la correspondiente compensación.

Desde el punto de vista fiscal, señalamos que las empresas están obligadas a guardar evidencias correctas y completas de todas sus operaciones económicas. En este sentido, se entiende que toda prestación de un servicio, así como, la realización de una entrega de bienes, deberá ser documentada mediante la emisión de la correspondiente factura fiscal que, a su vez, da lugar al deber de declarar y liquidar frente a la administración tributaria con carácter periódico los impuestos correspondientes a dichas transacciones. En Rumanía, particularmente, la liquidación sobre el IVA no prejuzga el cobro de las correspondientes facturas, así como, tampoco la liquidación del impuesto por beneficios al final de cada periodo fiscal. Una vez emitida la factura, la órganos fiscales considerarán su cuantía como un ingreso realizado y reclaman el pago de la correspondiente deuda fiscal. En este contexto, las empresas no sólo tienen pensar ya la carga natural de asumir el riesgo en sus relaciones comerciales, sino también, y, ante la verificación del impago, la de asumir la satisfacción de impuestos por los que no han recibido compensación.

Vías legales para la lucha contra la morosidad.

Un primer aspecto a tener en cuenta ante un impago de factura es la corrección de la documentación de que se dispone para la reclamación del cobro. De conformidad a la legislación vigente en Rumanía entendemos como una documentación válida la existencia de uno o varios documentos, firmado/s por ambas partes, del que se deduzca la obligación de pago. En este sentido, podemos precisar que esta documentación puede tener muy diferente naturaleza; en este sentido entendemos: un contrato, una factura, un acta de recepción de mercancía. En todo caso, será necesario que dicho documento o que de la documentación –contemplada en su conjunto– se deduzca la existencia obligación de pago, su cuantía y la existencia de la aceptación por el deudor de las condiciones de la deuda.

El momento del nacimiento de la obligación de pago sería una cuestión de menor importancia, en tanto que ésta nace, en principio, de la realización de la prestación o, respectivamente, de la entrega de los bienes; salvo acuerdo expreso en contrario. No obstante, aún en estos supuestos, un acreedor no está obligado a esperar indefinidamente al pago de sus facturas. En términos generales, un plazo superior desde la prestación del servicio de 30 días para las administraciones públicas, o de 60 días para los operadores privados, podría ser considerado abusivo y dar lugar al nacimiento del derecho a su cobro.

Con carácter de urgencia, se debe proceder a la comunicación fehaciente del deudor. La ley establece esta condición como requisito previo para el inicio del procedimiento de reclamación abreviado.

Otro aspecto a considerar ante cualquier impago es que la situación financiera de nuestro deudor puede empeorar de un momento a otro, reduciéndose así las expectativas sobre el cobro. Ante la primera señal de alarma generada por el impago de nuestra factura, se plantea la posibilidad que nuestro deudor sea declarado en concurso de acreedores, siendo que a partir de entonces, el cobro quede supeditado a la realización de un plan de reorganización, realizado a beneplácito sus principales acreedores; o a la liquidación. Por este motivo, se plantea la necesidad de actuar rapidez que evite la concurrencia de nuestra reclamación con otros procedimientos paralelos con los que nuestro deudor se pudiera confrontar.

En relación con la eventual insolvencia de nuestro deudor es necesario saber que las deudas comerciales no tienen un alto porcentaje de satisfacción dentro de los procedimientos concursales, por lo que, a la hora de establecer obligaciones de las que se deriven cuantías cuyo impago puede afectar la liquidez de la empresa acreedora, sería aconsejable analizar la posibilidad de constituir garantías que aseguren su pago.

 

QUÉ SON BIENES DE CAPITAL Y SUS REPERCUSIONES RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO EN RUMANÍA.

Conforme al código fiscal son bienes de capital todos los activos corporales fijos.

Son activos corporales fijos todos los bienes al uso de una persona jurídica que:a.      Sirven para la producción de bienes, prestación de servicios incluido el alquiler-, o para uso con fines administrativos;

b.      Su periodo de utilización es superior a un año;

c.       Tienen un valor superior al establecido por la normativa en vigor.

En todo caso, se entiende que son activos corporales fijos los terrenos, las construcciones, las instalaciones técnicas y autovehículos, además de todo tipo de instalaciones, bienes muebles, anticipos e inmovilizados corporales en fase de ejecución.

Su identificación en términos contables se realiza:

a.      En forma sintética por categoría;

b.      En forma analítica por cada bien en parte;

Señalamos que los bienes registrados en la contabilidad pueden ser simples o complejos. Son complejos los bienes simples que, conjuntamente, cumplan de forma independiente una función específica.

Los activos corporales fijos está sujetos a un proceso de desvalorización compensado de forma contable mediante su amortización.

Ver Orden del Ministerio de Finanzas Públicas 306/2002

En el momento de la adquisición o uso de bienes por una persona jurídica ésta podrá deducir el IVA satisfecho siempre que:

  1. Se trate de una operación sujeta al impuesto de IVA;
  2. Se trate de bienes que proceden ser utilizados para operaciones generadoras de IVA

La adquisición de bienes de capital tiene repercusiones para la sociedad por todo el periodo de su amortización, que será:

–        5 años para bienes que no pueden ser considerados inmuebles;

–        20 años para los bienes inmuebles, incluidas las transformaciones o modernizaciones sufridas por éstos, siempre que excedan el 20% de su valor de compra.

ATENCIÓN

RESPECTO DE LOS BIENES DE CAPITAL LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A PROCEDER AL REAJUSTE DEL IVA DECLARADO EN EL MOMENTO DE SU ADQUISICIÓN EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

  1. En el caso que el bien permanece en uso de la sociedad:
  2. Su destino para un uso distinto de la actividad comercial;
  3. Su destino para actividades no generadores de IVA;
  4. Su destino para actividades que no dan derecho a la deducción del IVA.
  5. En los supuestos que existen modificaciones de los elementos que sirvieron de base a la deducción;
  6. En los supuestos en los que el bien es objeto de operaciones susceptible de deducción del impuesto;

En los supuestos en los que el bien se vende el valor suplementario del impuesto se limita al valor de impuesto recolectado;

  1. En los supuestos en los que el bien cesa de existir;

Contadas las siguientes excepciones:

  1. En los supuestos en los que el bien ha sido vendido con derecho a la deducción del impuesto;
  2. En los supuesto en los que el bien se ha perdido, destruido o robado; situación que deberá ser probada correspondientemente;
  3. En los supuesto de cesión de bienes de forma gratuita para fines de promoción para su venta o similar;
  4. En los supuestos en los que el periodo de amortización haya sido cumplido.

En estos casos, en virtud de los controles que de forma inopinada o regulares que pueda realizar la administración, cabrá establecerse la obligación de pagos adicionales como consecuencia del reajuste del derecho a la deducción del IVA.