EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SEGÚN LA LEY VIGENTE EN RUMANIA

La anotación de los contratos de arrendamiento en los correspondientes Registros oficiales tiene una gran importancia práctica. La Ley en Rumania prevé la posibilidad o incluso la obligación de inscripción de los contratos de arrendamiento al objeto de informar a terceros sobre los derechos constituidos sobre un bien inmueble.

Según se trate, los contratos de arrendamiento podrán o deberán inscribirse en los siguientes Registros:

 En los registros Agrícolas de las entidades locales:

Los contractos de arredramientos rústico están sometidos a la obligación de inscripción en el Registro Agrícola de las Entidades Locales para su validez. En este sentido, todos los ejemplares de un contrato de arrendamiento rústico deberán llevar el sello de entrada del registro agrícola ayuntamiento del lugar en cuyo término municipal se localice la propiedad (…)

En el registro de la Propiedad de la demarcación territorial:

En los supuestos de los arredramientos rústicos estos deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad dentro del plazo previsto legalmente para su validez.

En los supuestos de los arrendamientos urbanos, indiferente de su duración o si son de naturaleza comercial o residencial, podrán ser inscritos para el caso que éstos cumplan los requisitos de forma solicitados. El beneficio de la inscripción de éstos en el Registro de la Propiedad es la posibilidad de constituir un título válido frente a terceros adquirientes.

Registro Fiscal ante agencia tributaria:

Arredramientos rústicos: Con la última modificación del código fiscal se ha eliminado la obligación de registro de estos contratos ante la agencia tributaria. En nuestra opinión, este requisito resulta una formalidad excesiva sin beneficio paralelo.

Arrendamientos urbanos:  las personas naturales podrán inscribir ante los órganos competentes de la administración tributaria rumana los contratos de arrendamiento urbano.

Registro Nacional de Publicidad Mobiliaria:

Esta posibilidad se les concede únicamente a los contratos de arrendamiento urbano, indiferente de su naturaleza, que, sin cumplir con el requisito de forma en escritura pública, las partes deseen otorgarles la posibilidad de convertirse en título ejecutivo. No obstante, constituye requisito previo el registro de los mismos también ante el órgano competente de la agencia tributaria.

Av. Niculae Naomi

CARACTERISTICAS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL EN RUMANIA

La responsabilidad contractual en el Derecho Rumano está regulada por los arts. 1530 y ss. del código civil rumano. En este sentido, la ley civil prevé una responsabilidad objetiva del deudor en los supuestos de demora, cumplimiento defectuoso o incumplimiento de las obligaciones contractuales.

La normativa en vigor refiere a una responsabilidad derivada del acuerdo de las partes, en el sentido que, en todo momento, el acreedor habrá de referirse al contrato como fuente para determinar la responsabilidad del deudor o, en su caso, con el alcance que en la ley se determine.

Dentro del ámbito contractual, en el que es siempre preferible optar por el cumplimiento voluntario de las obligaciones, los tribunales pueden revisar incluso el significado de los pactos existentes entre las partes a los efectos de interpretar cuál fue voluntad real de las partes en el momento de su conclusión.

El acreedor está además llamado a actuar para evitar daños que pudieren ser evitables con un mínimo de su intervención. En estos supuestos, el deudor estará obligado a indemnizar al acreedor por los gastos incurridos por éste en impedir la generación del daño; dentro de un límite razonable.

El daño deberá referir a un evento cierto, consecuencia directa y necesaria del incumplimiento. También la responsabilidad del deudor puede recaer sobre circunstancias que en el momento pudieren ser previsibles; así como, también la ley civil rumana le reconoce su derecho a percibir una indemnización por pérdida de oportunidad en realizar una ganancia. No obstante, en este último caso la cuantía de daño deberá ser proporcional a la probabilidad en que este beneficio se generara.

Un caso especial de responsabilidad es el resultante del incumplimiento doloso o en el que interviene la culpa grave del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. En estos supuestos el ámbito de responsabilidad de deudor se extiende incluso a aquellas consecuencias que fueron imprevisibles en el momento de la conclusión del contrato. No obstante, incluso en estos supuestos el daño del que se reclama compensación habrá de ser consecuencia directa y necesaria del incumplimiento del deudor.

Av. Luque Emilio

PROCESO MONITORIO EUROPEO

El proceso monitorio europeo es un proceso sumario y no contencioso, basado en formularios estándar, regulado por el Reglamento (CE) 882/2004. 1896/2006. Tiene por por objeto simplificar, acelerar y reducir los costes para la reclamación de créditos civiles o mercantiles cuyas implicaciones se extiendan más allá de los límites territoriales de un Estado Miembro de la Unión Europea. En todo caso, el procedimiento no aplica a las siguientes materias:

-Materia fiscal, aduanera o administrativa;

-Retribuciones por alimentos;

-Concursos de acreedores;

-Seguridad social;.

Etapa I. Presentación

El Reglamento prevé un mecanismo de notificación y contestación basado en la presentación de formularios tipo (formulario tipo A para presentación de la solicitud, fomulario B para ….).

Etapa II. Análisis previo

El tribunal que conozca de la solicitud examinará si la documentación que acompaña al formulario de solicitud beneficia de la apariencia de derecho que se requiere para su exigibilidad. De no ser así, el tribunal podrá solicitar al reclamante completar o rectificar su solicitud dentro de un plazo. Hecho esto, el tribunal podrá valorar qué sumas de las solicitadas pueden ser constitutivas de un derecho de crédito y solicitar al reclamante modificar su solicitud en este sentido.

Etapa III. Emisión

Si se cumplen las condiciones para la admisión del requerimiento, el tribunal emitirá una orden europea de pago dentro de los 30 días siguientes. A pesar del examen de la solicitud realizado por el tribunal antes de la emisión de la orden europea de pago, no cabe afirmarse que el tribunal se pronuncie sobre la exigibilidad del crédito. La orden europea de pago se emite únicamente sobre la base de la información proporcionada por el demandante y no existe pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones de fondo que puedan afectar al crédito.

Estadio IV. Notificación

La orden europea de pago le será notificado al demandado de conformidad a legislación nacional del país en el que este tenga su residencia.

Estadio V. Oposición

De no oponerse el demandado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la recepción de la notificación, la suma requerida  mediante presentación del formulario de oposición. No obstante, dentro del plazo establecido el demandado podrá oponerse solicitando la terminación del procedimiento. Tras la expiración del plazo, el demandado sólo podrá oponerse válidamente si prueba:

-el requerimiento de pago fue comunicado o notificado sin acuse de recibo y no ha tenido tiempo para preparar su defensa;

-no ha podido presentar oposición en plazo por razones de fuerza mayor o caso fortuito ;

-la orden de pago se emitió de forma manifiestamente errónea.

Para mas detalles consulte nuestro despacho.

Av. Niculae Evelina

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL

 Conforme a las nuevas modificaciones del Código de Trabajo (en vigor desde el 03.10.2020), el empleado puede ser asistido en la negociación, conclusión o modificación del contrato o en la conciliación de un conflicto laboral por un consultor externo. El consultor externo puede ser un abogado o un experto en derecho laboral.

Las modificaciones están incluidas en la Ley 213/2020 y trae algunas novedades, respectivamente:

  • se suspende el plazo para la impugnación judicial de los conflictos laborales durante la conciliación (procedimiento recientemente introducido por la ley);
  • los abogados podrán realizar trámites para conciliar los conflictos generados por el desarrollo de contratos individuales de trabajo sin necesidad de especialización en derecho laboral, presumiéndose por ley como especialistas en la materia;
  • el procedimiento de conciliación deberá abrirse en un plazo máximo de 5 días, a contar desde el día en que la parte invitada a la conciliación recibió la comunicación de la invitación.

El conciliador (sea abogado, consultor o mediador especializado en derecho laboral) actuará en condiciones de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y teniendo la decisión voluntaria de las partes de pasar por el procedimiento de conciliación.

El procedimiento puede tener lugar en las instalaciones del empleador o en las instalaciones del conciliador. El procedimiento de conciliación finalizará con un Acta de Conciliación en la que el conciliador registrará si las partes han acordado una solución amistosa total o parcial, si las discusiones terminaron sin ningún acuerdo o si la parte invitada a la conciliación no aceptó la invitación.

Si se llega a un acuerdo amistoso, el conciliador redactará un Acuerdo de Conciliación en el que se transcribirá la solución adoptada por las partes, acuerdo que entrará en vigor a partir de la fecha de la firma o de otra fecha si las partes así lo acuerdan.

 Si las partes han acordado sólo una solución parcial o una de las partes no se ha presentado en la fecha y lugar fijados para la conciliación, se mencionará en el acta de la conciliación, cada parte pudiendose dirigir al tribunal competente para la resolución del conflicto laboral.

Av. Evelina Niculae

EL ESTADO DE ALERTA Y LOS CERTIFICADOS DE EMERGENGIA (CSU)

Recordamos que de conformidad a la OUG 70/2020 el plazo para la solicitud de los Certificados de Emergencia (CSU), en cualquiera de sus variantes -amarilla o azul- ha sido prorrogado hasta fecha de 15 de junio de 2020.

Señalamos que estos certificados son el instrumento facilitado por el gobierno de Rumanía para contrarrestar los efectos negativos resultantes del Decreto de declaración de la situación de emergencia/ situación de alerta, cuyas disposiciones pueden haber afectado a la interrupción parcial o total de la actividad empresarial.

También se entiende prorrogado hasta fecha de 15 de junio de 2020 el plazo para la notificación a las instituciones bancarias y no bancarias de solicitud de aplazamiento para el pago de créditos, intereses y comisiones.

Advertimos que en el supuesto de no formular solicitud  dentro del plazo indicado, el empresario perderá el derecho beneficiar del mismo.

CERTIFICADO DE FUERZA MAYOR vs. CERTIFICADO PARA SITUACIONES DE URGENCIA

CERTIFICADO DE FUERZA MAYOR CERTIFICADO PARA SITUACIONES DE URGENCIA (CSU)
Instituciones autorizadas Cámaras de Comercio e Industria del país. Ministerio de Economía, Energía y Negocios.
Utilización Siempre que exista una situación de fuerza mayor. En el contexto de la situación de urgencia.
Situaciones que cubre Solo las situaciones específicas de fuerza mayor nacidas entre las partes.Se basa, entre otras, en el contrato de las partes y en la cláusula de fuerza mayor insertada en el acuerdo.

 

En las relaciones contractuales así como con las instituciones públicas.
Condiciones Existencia de un contrato que contiene una cláusula de fuerza mayor y el evento que podría clasificarse como una situación de fuerza mayor haya tenido lugar, lo que determina la imposibilidad de cumplir con las obligaciones. Interrupción parcial o total de la actividad de la empresa o una disminución de los ingresos en el mes de marzo  de al menos un 25% en comparación con el promedio de los dos primeros meses del año
Duración 15 días desde la presentación de la solicitud. Automáticamente, en formato electrónico, después de que el sistema valide la solicitud, pero el cumplimiento de las condiciones se puede verificar ulteriormente.
Costes 500 Euros +TVA Gratuito.
Obligatoriedad de  cumplimiento de las condiciones Si, se debe proporcionar información relacionada con la situación concreta, la relación contractual entre las partes y la cláusula de fuerza mayor prevista en el contrato. Deben cumplirse las condiciones mencionadas más arriba y el cumplimiento de estas puede ser verificado ulteriormente.
 Después de obtener los certificados, la parte puede deshacerse de ejecutar o posponer sus obligaciones.

 

Teóricamente sí. Al convocar con éxito la fuerza mayor, la no ejecución puede ser excusada, ya sea durante el período de fuerza mayor o de forma permanente, dependiendo de la situación.Pero no debe olvidarse que si las partes no están de acuerdo, el tribunal sería el que decide. Aunque, muy probablemente, el tribunal aceptaría las conclusiones del certificado.

Al mismo tiempo, existe la ventaja de que la ley misma reconoce la capacidad de dichos certificados para demostrar que ocurrió un evento que causó la imposibilidad de cumplir con las obligaciones.

Teóricamente, sí, especialmente porque el certificado para situaciones de urgencia es reconocido oficialmente  en las relaciones comerciales. 

Sin embargo, el cumplimiento de las condiciones para invocar mecanismos tales como fuerza mayor o circunstancias imprevistas aún tendrá que demostrarse.

Utilización del certificado. Dados los efectos prácticos de la fuerza mayor, la parte puede probar su existencia y justificar el incumplimiento de las obligaciones contractuales.Si el deudor tiene el interés de disculpar su incumplimiento por referencia a otro mecanismo (la previsión, por ejemplo), entonces ya no sería necesario obtener el certificado antes mencionado. Para facilitar la demostración de eventos que podrían ayudar a la parte en dificultad a justificar la no ejecución u obtener otras medidas favorables.Otros beneficios prácticos:

·      aplazamiento del alquiler de las sedes sociales principales y secundarias;

·     impago de sanciones por retrasar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con las autoridades públicas;

·     la posibilidad de invocar la fuerza mayor en cualquier otro contrato pero no antes de haberse intentado adaptar las condiciones contractuales.

CERTIFICADO DE SITUACIÓN DE URGENCIA – Crisis COVID-19 Rumanía

Consecuencia de las circunstancias excepcionales resultantes de la expansión del Covid-19, la Orden del Ministerio de Economía, Energía y Asuntos Económicos núm. 791/2020 ha instituido el certificado situación de emergencia (CSU) y su procedimiento de emisión.
Con este instrumento el Gobierno de Rumanía pone a disposición de las PYMES la posibilidad de beneficiar de medidas de apoyo en el cumplimiento de determinadas obligaciones; tales como:

  •  Presentación de expedientes de desempleo técnico de conformidad a la ley;
  • Aplazamiento para el pago de los servicios esenciales de electricidad, agua, gas, teléfono, internet, incluso el pago de la renta por alquiler, siempre que estos gatos se refieran al lugar de la sede social o puntos de trabajo;
  • Solicitud para obtener la exención o reducción en el pago de impuestos;
  • Gestión para la obtención de certificados de fuerza mayor emitidos por la Cámara de Comercio e Industria de Rumanía;

Estos podrán ser de 2 tipos:

  1. TIPO 1 (AZUL): Por interrupción total o parcial de la actividad, durante el periodo de validez del estado de urgencia;
  2. TIPO 2 (AMARILLO): Por disminución de los ingresos en el mes de marzo de 2020 de al menos un 25% respecto de la media de ingresos obtenida en los meses de enero a febrero de 2020.

Los interesados podrán solicitar un solo tipo de CSU, en función de sus circunstancias.

La solicitud de los CSU podrá realizarse exclusivamente por vía electrónica, introduciendo la siguiente información y documentos en la plataforma on-line:

  • Datos de identificación del interesado;
  • Declaración de interrupción de actividad, o disminución de ingresos;
  • Documentación probatoria.

De no disponer de firma electrónica, el representante de la empresa podrá firmar la documentación de forma ológrafa y apoderar a un tercero para que éste en virtud de su firma electrónica pueda gestionar su obtención.
En el supuesto de necesitar asesoramiento sobre cómo gestionar la obtención de estos Certificados de Situación de Emergencia rogamos contactar con nuestro despacho.

Atte. NLQ

DOCUMENTACIÓN GENERADA POR COMERCIANTES

El código procedimiento civil rumano reconoce una naturaleza específica y diferenciada a la documentación generada por los comerciantes.

En esta categoría incluye todos los documentos que a pesar de no estar firmados por las partes, son parte del tráfico comercial habitual entre comerciantes y constatan aspectos concretos de su relación. Su valor en juicio es equivalente al de los documentos privados en los que se hace constar la firma de las partes, beneficiando por ello su contenido de presunción de autenticidad y veracidad.

A diferencia de cómo ocurre en el ámbito civil, los comerciantes no están obligados a concluir sus acuerdos en tantos ejemplares como partes contrarias existan. En este sentido, se deberá considerar admisible la existencia de una relación contractual y su contenido, si éste resulta de las comunicaciones efectuadas entre las partes.

El código de procedimiento civil no precisa qué tipo de documentación es susceptible de ser considerada habitual en el ejercicio de una actividad empresarial, sino que únicamente fija las condiciones en las que le otorga validez probatoria. Dentro de esta categoría podemos incluir todos los registros comerciales, facturas, proformas o fiscales, comunicaciones, recibos, actas, etc.

De especial trascendencia en la aplicación este principio, son los supuestos en los que la ley exige para otorgar reconocimiento judicial a una obligación de pago, la existencia de un documento asumido por las partes. En este sentido, podemos entender que las comunicaciones vía email ocurridas entre partes representan un modo legal para la prueba de su contenido.

Limite a la aplicación del principio de validez de la documentación comercial son los supuestos en los que la ley exige la existencia de contrato en forma escrita –por ejemplo, en los supuestos del contrato de sociedad- o de su conclusión en escritura pública –digamos, la compraventa de bienes inmuebles.

EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO DE CRÉDITOS DE VALOR REDUCIDO

El procedimiento de solicitud de pago de créditos de valor reducido tiene un ámbito de aplicación reducido. Mediante este procedimiento solo se puede requerir la intervención de los tribunales para la realización de créditos con valor igual o inferior a 10.000 Lei, siempre, que estos créditos no tengan proveniencia fiscal, arancelaria o administrativa, o en el ámbito civil aquellos créditos nacidos de las relaciones familiares, relaciones laborales, indemnizaciones, insolvencia, arbitraje.

Concretamente, el ámbito propio de estos procedimientos se refiere a las reclamaciones entre comerciantes por el impago de facturas o la reclamación para el pago de rentas por el alquiler de bienes inmuebles.

El valor límite que permite seguir este procedimiento se refiere únicamente al valor de la solicitud principal y, por lo tanto, excluye los intereses de demora y costas.

El inicio de la acción requiere necesariamente utilizar el formulario correspondiente, de otra forma, la solicitud se transmitirá por el procedimiento común. No obstante, en su defecto el reclamante puede solicitar antes de la celebración de la primera vista la aplicación de las disposiciones relativas a este procedimiento abreviado.

Serán competentes para resolver estas solicitudes los juzgados del lugar donde el demandado tenga su domicilio. La solicitud, aun cuando debería estar contenida en un formulario, deberá ser motivada y acompañarse de la documentación necesaria para la prueba del crédito reclamado; pudiendo incluso solicitar la práctica de pruebas diferentes de documentos, siempre y cuando su realización un sea desproporcionada con el valor de la demanda.

Tramitada la solicitud el órgano judicial podrá apreciar que ésta necesita completarse o rectificarse, para lo cual notificará al reclamante para su subsanación en el plazo establecido que no podrá ser superior a 30 días.

Por norma, estas solicitudes se resuelven sin la intervención de las partes, aunque a criterio del órgano judicial éste podrá solicitar su presencia.

La contestación que sobre la demanda pueda realizar el demandado podrá adoptar la forma que más interese a éste, optando bien por su realización con ayuda del formulario correspondiente, bien mediante un escrito fundamentado. El plazo máximo para la contestación este de 30 días.

Al igual que en el procedimiento de “ordonanță de plată” los argumentos para la defensa del deudor deberán contestar la exigibilidad del crédito solicitado al pago; pudiendo incluso solicitar reconvencionalmente al reclamante por hechos estrictamente relacionados con la demanda que, no obstante, de exceder el ámbito pecuniario habrá de juzgarse separadamente.

El órgano judicial tiene de plazo 30 días, contados a partir del momento de haber recibido toda la documentación solicitada, alternativamente desde la fecha fijada para la vista, para pronunciar y redactar la sentencia, que será ejecutoria desde el momento de su pronunciamiento.

Frente a ésta cabe recurso de apelación ante el tribunal en el plazo de 30 días de la comunicación de la sentencia. El tribunal motivadamente podrá solicitar la suspensión del carácter ejecutorio de la sentencia, previo pago de una caución de 10%.

RECIENTEMENTE FUE MODIFICADO EL CÓDIGO DE TRABAJO POR LA OUG 53/2017.

Las modificaciones se refieren, en principal, a combatir el trabajo no declarado, noción regulada por primera vez en el Código de Trabajo.

También, se establecen nuevas sanciones para los empleadores que no respectan la legislación de trabajo, aplicando multas mayores y en unos casos la sanción complementaria de cierre del lugar de trabajo.

Además se imponen nuevas obligaciones para el empleador:

  • Contar con una copia del contrato de trabajo del trabajador en el lugar de desarrollo de la prestación;
  • Evidenciar las horas trabajadas indicando la hora de entrada y de salida de cada trabajador;
  • La modificación del contrato de trabajo se realizará antes de la entrada en vigor de las nuevas condiciones de trabajo mediante acto adicional.

Una novedad muy importante  es la eliminación de la condición de concluir el contrato de trabajo en forma escrita como condición de validez.