CÓMO HACER NEGOCIOS EN RUMANÍA – CONOCER AL OPERADOR

Antes de concluir una operación comercial con un operador económico de Rumanía los empresarios españoles deberían conocer la mayor cantidad de aspectos relevantes sobre esta persona.

Como punto de partida, el empresario español deberá conocer las circunstancias jurídicas que resultan de un Certificado de Constataciones emitido a los efectos por el Registro Mercantil. Este documento contiene detalles de cuyo análisis se puede deducir si el comerciante rumano puede ser considerado un socio de negocios fiable. Estos aspectos refieren, entre otras circunstancias, al estado de la sociedad, su antigüedad, sede social, administradores, etc.

No obstante, a su pesar, una sociedad comercial puede tener una situación registral clara, de la que no resulten aspectos negativos y, sin embargo, tener serios problemas financieros. En este sentido, también es recomendable conocer la información que de dicho operador económico pueda existir publicada en la página web del ministerio de finanzas. En ésta se publican de forma sintética la información contenida en las cuentas anuales presentadas por dicho operador ante la administración tributaria.

Otra información de importancia extraordinaria y cuyo análisis puede ayudar a determinar la solidez y fiabilidad de un operador económico rumano, son las causas judiciales en las que éste es o ha sido parte. Ésta es también información de carácter público, a disposición de cualesquiera personas interesadas. En relación a cada causa judicial abierta ante los tribunales civiles de Rumanía, el ministerio de justicia publica a través de su página web, la relación de los participantes en dicho proceso, el objeto de la demanda, así como, en resumen, el resultado de cada una de las vistas y de la sentencia.

Conociendo todas estas informaciones en relación a un operador económico y resultando de su análisis una valoración positiva, es poco probable que la persona con la que se desee contratar, se trate de un operador con intenciones de engañar, con problemas serios, o problemático.

 

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL

 Conforme a las nuevas modificaciones del Código de Trabajo (en vigor desde el 03.10.2020), el empleado puede ser asistido en la negociación, conclusión o modificación del contrato o en la conciliación de un conflicto laboral por un consultor externo. El consultor externo puede ser un abogado o un experto en derecho laboral.

Las modificaciones están incluidas en la Ley 213/2020 y trae algunas novedades, respectivamente:

  • se suspende el plazo para la impugnación judicial de los conflictos laborales durante la conciliación (procedimiento recientemente introducido por la ley);
  • los abogados podrán realizar trámites para conciliar los conflictos generados por el desarrollo de contratos individuales de trabajo sin necesidad de especialización en derecho laboral, presumiéndose por ley como especialistas en la materia;
  • el procedimiento de conciliación deberá abrirse en un plazo máximo de 5 días, a contar desde el día en que la parte invitada a la conciliación recibió la comunicación de la invitación.

El conciliador (sea abogado, consultor o mediador especializado en derecho laboral) actuará en condiciones de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y teniendo la decisión voluntaria de las partes de pasar por el procedimiento de conciliación.

El procedimiento puede tener lugar en las instalaciones del empleador o en las instalaciones del conciliador. El procedimiento de conciliación finalizará con un Acta de Conciliación en la que el conciliador registrará si las partes han acordado una solución amistosa total o parcial, si las discusiones terminaron sin ningún acuerdo o si la parte invitada a la conciliación no aceptó la invitación.

Si se llega a un acuerdo amistoso, el conciliador redactará un Acuerdo de Conciliación en el que se transcribirá la solución adoptada por las partes, acuerdo que entrará en vigor a partir de la fecha de la firma o de otra fecha si las partes así lo acuerdan.

 Si las partes han acordado sólo una solución parcial o una de las partes no se ha presentado en la fecha y lugar fijados para la conciliación, se mencionará en el acta de la conciliación, cada parte pudiendose dirigir al tribunal competente para la resolución del conflicto laboral.

Av. Evelina Niculae

EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO DE CRÉDITOS DE VALOR REDUCIDO

El procedimiento de solicitud de pago de créditos de valor reducido tiene un ámbito de aplicación reducido. Mediante este procedimiento solo se puede requerir la intervención de los tribunales para la realización de créditos con valor igual o inferior a 10.000 Lei, siempre, que estos créditos no tengan proveniencia fiscal, arancelaria o administrativa, o en el ámbito civil aquellos créditos nacidos de las relaciones familiares, relaciones laborales, indemnizaciones, insolvencia, arbitraje.

Concretamente, el ámbito propio de estos procedimientos se refiere a las reclamaciones entre comerciantes por el impago de facturas o la reclamación para el pago de rentas por el alquiler de bienes inmuebles.

El valor límite que permite seguir este procedimiento se refiere únicamente al valor de la solicitud principal y, por lo tanto, excluye los intereses de demora y costas.

El inicio de la acción requiere necesariamente utilizar el formulario correspondiente, de otra forma, la solicitud se transmitirá por el procedimiento común. No obstante, en su defecto el reclamante puede solicitar antes de la celebración de la primera vista la aplicación de las disposiciones relativas a este procedimiento abreviado.

Serán competentes para resolver estas solicitudes los juzgados del lugar donde el demandado tenga su domicilio. La solicitud, aun cuando debería estar contenida en un formulario, deberá ser motivada y acompañarse de la documentación necesaria para la prueba del crédito reclamado; pudiendo incluso solicitar la práctica de pruebas diferentes de documentos, siempre y cuando su realización un sea desproporcionada con el valor de la demanda.

Tramitada la solicitud el órgano judicial podrá apreciar que ésta necesita completarse o rectificarse, para lo cual notificará al reclamante para su subsanación en el plazo establecido que no podrá ser superior a 30 días.

Por norma, estas solicitudes se resuelven sin la intervención de las partes, aunque a criterio del órgano judicial éste podrá solicitar su presencia.

La contestación que sobre la demanda pueda realizar el demandado podrá adoptar la forma que más interese a éste, optando bien por su realización con ayuda del formulario correspondiente, bien mediante un escrito fundamentado. El plazo máximo para la contestación este de 30 días.

Al igual que en el procedimiento de “ordonanță de plată” los argumentos para la defensa del deudor deberán contestar la exigibilidad del crédito solicitado al pago; pudiendo incluso solicitar reconvencionalmente al reclamante por hechos estrictamente relacionados con la demanda que, no obstante, de exceder el ámbito pecuniario habrá de juzgarse separadamente.

El órgano judicial tiene de plazo 30 días, contados a partir del momento de haber recibido toda la documentación solicitada, alternativamente desde la fecha fijada para la vista, para pronunciar y redactar la sentencia, que será ejecutoria desde el momento de su pronunciamiento.

Frente a ésta cabe recurso de apelación ante el tribunal en el plazo de 30 días de la comunicación de la sentencia. El tribunal motivadamente podrá solicitar la suspensión del carácter ejecutorio de la sentencia, previo pago de una caución de 10%.

RECIENTEMENTE FUE MODIFICADO EL CÓDIGO DE TRABAJO POR LA OUG 53/2017.

Las modificaciones se refieren, en principal, a combatir el trabajo no declarado, noción regulada por primera vez en el Código de Trabajo.

También, se establecen nuevas sanciones para los empleadores que no respectan la legislación de trabajo, aplicando multas mayores y en unos casos la sanción complementaria de cierre del lugar de trabajo.

Además se imponen nuevas obligaciones para el empleador:

  • Contar con una copia del contrato de trabajo del trabajador en el lugar de desarrollo de la prestación;
  • Evidenciar las horas trabajadas indicando la hora de entrada y de salida de cada trabajador;
  • La modificación del contrato de trabajo se realizará antes de la entrada en vigor de las nuevas condiciones de trabajo mediante acto adicional.

Una novedad muy importante  es la eliminación de la condición de concluir el contrato de trabajo en forma escrita como condición de validez.

EL DERECHO DE RETENCIÓN DEL CONSTRUCTOR. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS.

El derecho de retención del constructor. Condiciones y características.

Para la satisfacción de sus créditos, un constructor puede invocar un derecho de retención sobre los bienes propiedad del Beneficiario. No obstante, este derecho de retención debe cumplir con una serie de requisitos para evitar su realización abusiva.

En este sentido, el derecho de retención se nace si:

  • -El constructor tiene un crédito cierto, líquido y exigible frente al Beneficiario.
  • -El derecho de retención se manifiesta con buena fe.
  • -Los bienes son susceptibles de ejecución.

Aunque el carácter oponible del derecho de retención deriva de la propia posesión del Constructor sobre los bienes del Beneficiario, en nuestra opinión el crédito debe estar confirmado previamente mediante sentencia judicial.

Siendo este el caso, el constructor puede proceder a la satisfacción de su crédito mediante el procedimiento de ejecución forzosa.

EL CÓDIGO DE TRABAJO NO PREVÉ LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADO DE ACEPTAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA ORGANIZADOS POR EL EMPLEADOR

El Código de Trabajo prevé la obligación del empleador de asegurar la formación profesional continua de sus empleados:

  1. Como mínimo cada 2 años si tiene al menos 21 empleados, o cada 3 años si tiene menos de 21 empleados;
  2. Cada vez que estime conveniente el empleador, o cada vez que de común acuerdo con los órganos de representación sindicales existentes en la empresa se estime oportuno.

En este sentido, el empleador y el empleado, concluirán un acto adicional al contrato individual de trabajo por el que fijarán:

  1. Las obligaciones asumidas;
  2. Los derechos adquiridos;
  3. La modalidad, duración y contenido de la formación profesional
  4. Criterios para el cálculo de la eventual indemnización del empleador en caso dimisión prematura del trabajador;

¿En qué condiciones puede rechazar el empleado la propuesta de su empleador para participar en cursos de formación profesional?

De principio, el empleado no está obligado a acudir a los cursos de formación profesional continua organizados por el empleador, pudiendo rechazar su oferta en base a algunos de los siguientes argumentos:

  1. De carácter objetivo: lugar de prestación de los cursos, duración más allá de la jornada laboral, etc.;
  2. De carácter personal: número de personas a su cargo y nivel de dependencia de éstas, etc.;
  3. De carácter profesional: Participación a otros cursos profesionales, inadecuación con su formación profesional inicial; sobrecarga de trabajo, etc.

Aunque el Código del Trabajo prevé la obligación del empleador de organizar cursos de formación profesional continua de sus trabajadores, no establece una obligación equivalente a cargo del trabajador en el sentido de obligarle a su asistencia. Su rechazo podría ser interpretado únicamente como una infracción de las normas de conducta de obligado cumplimiento en su lugar de trabajo (contrato de trabajo; convenio colectivo; reglamento interno) y, en consecuencia, ser sancionado con carácter disciplinario.

 

Maria NAE

LEGALIDAD DE LA COMUNICACIÓN DEL DESPIDO VIA E-MAIL

Conforme a la Decisión 34/2016 de I.C.C.J. se confirma la legalidad de la transmisión vía e-mail de la decisión de despido de un trabajador.

El alto tribunal entiende que un empleador puede utilizar la dirección de e-mail de un empleado para notificar su despido en las siguientes circunstancias:

  • Ambas partes deben haber establecido esta vía como un medio válido de comunicación durante el periodo de la relación laboral;
  • La decisión deberá ser comunicada como documento adjunto (PDF);
  • No deberá, sin embargo, existir una confirmación expresa de recepción por su destinatario;
  • El e-mail de la comunicación no requiere firma electrónica.

Maria Nae

Enlace a la Decisión 34/2016 del ICCJ

 

 

 

ALTERNATIVAS PARA LA CONSTATACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

A la vista de las disposiciones del código de procedimiento civil rumano contenidas en los arts. 1006 y ss., entendemos que el legislador ofrece a cualquier deudor la posibilidad de ofrecer su pago a su acreedor y consignar que su prestación ha sido realizada. En este sentido, mediante agente judicial –rum. executor judecatoresc– será posible invitar a nuestro acreedor a presentarse para la recepción del bien ejecutado.

De la invitación se deducen los siguientes escenarios y consecuencias:

  1. Si pese a la invitación realizada nuestro acreedor no se presentara, el agente judicial levantará acta, consignando esta circunstancia.
  2. Si por el contrario se presentase, el agente judicial habrá de consignar en el acta de la reunión, alternativamente, alguna de las siguientes posturas:
    1. Su aceptación:
    2. Su rechazo y los argumentos para el rechazo.

Seguidamente a la reunión y sin la participación de las partes, el agente judicial está obligado a levantar una nueva acta sobre lo ocurrido, que deberá comunicar la consignación del bien a favor del acreedor. Entendemos que esta acta de consignación puede tener valor de certificación de obra realizada.

Problemas que puede generar nuestra propuesta.

La colaboración de un agente judicial puede encontrar problemas tanto de orden práctico –interés de los mismos a participar en el procedimiento– , así como, de orden jurídico en relación a la naturaleza del bien ejecutado. La entrega del bien al acreedor, para el caso de la ejecución de obras, plantea un problema de cómo ha de ocurrir su consignación. En este sentido, si  bien reconocemos que este procedimiento refiere principalmente a la consignación del pago de deudas dinerarias, no existe ninguna precisión legal en contrario que circunscriba a dicho campo su utilidad.

Como ventajas observamos:

  1. Que las actuaciones a las que refiere este procedimiento se realizan a solicitud de parte, sin que el acreedor pueda contrarrestar la iniciativa adoptada. Realizadas éstas y emitida la correspondiente factura, habilitaríamos la vía para interponer una reclamación por impago por el procedimiento abreviado.
  2. En ambos casos, nos referimos a derechos cuyo reconocimiento no depende, ni necesita previsión contractual; ellos existen en virtud de las normas de derecho imperativo aplicables a la materia.

GARANTÍAS DE PAGO AL USO EN RUMANÍA.

El transcurso del tiempo reduce las posibilidades de cobro de una factura.

El tráfico comercial con Rumanía está sujeto a numerosas incertidumbres. Por un lado, la mala prensa (inmigración, corrupción, pobreza, etc.), del otro, las dificultades de crédito. En este contexto se hace fácil de entender la preocupación de los empresarios a la hora de asegurar el éxito de sus operaciones con Rumanía.

Primeramente, mencionamos que  las instituciones bancarias ofrecen también en Rumanía todo tipo de productos financieros para el cumplimiento puntual de sus obligaciones financieras (líneas de crédito, etc.). En todo caso, si nuestro contacto comercial no dispone de este tipo de financiación o desconocemos esta circunstancia, podríamos sugerirle proveernos con alguna de las siguientes garantías:

Nuestro socio comercial puede designar un fiador o fiador solidario que asegure en nombre propio el pago de la deuda. En este caso, ante el impago de una factura, siempre cabría reclamar tanto al deudor como a su garante, tanto por separado o  como simultáneamente. Es importante señalar que la validez de la garantía depende de las condiciones del cumplimiento del acuerdo principal. En este sentido, ante la denuncia del incumplimiento de la prestación, podría no ser enteramente exigible la obligación de pago. En todo caso, el acuerdo comercial deberá quedar formalizado por escrito, y estar firmado y sellado por las partes (la transmisión del contrato vía email es completamente válida); podrá ser fiador cualquier persona mayor de edad que no tenga limitada su capacidad de obrar (por ejemplo, el el administrador de la sociedad, o uno de sus socios); deberá poder demostrar que dispone de bienes suficientes para el pago de la deuda; así como, que tiene domicilio en Rumanía.

Otra forma de garantizar el pago de las facturas la constituye el aval. En este sentido, entendemos la existencia de un título autónomo –diferente del contrato concluido para la prestación del servicio o la compraventa de la mercancía– que prevea la obligación de pago, irrevocable e incondicionada, de una suma determinada a solicitud del beneficiario, en los términos contenidos en el propio documento. En la figura del garante aparece habitualmente una entidad bancaria o una entidad aseguradora, siendo que el documento está sujeto a unas normas muy precisas de ejecución -principalmente, respecto del plazo para su denuncia- por lo que deberemos estar muy atentos a su denuncia.

De forma equivocada se practica la emisión de pagaré o cheques. Sin embargo, estos títulos no son propiamente formas para garantizar el pago de una deuda, sino más concretamente formas de pago de la misma. La diferencia es sutil, no obstante, sus consecuencias son totalmente diferentes. Mientras que cuando hablamos del uso de garantías el acreedor aumenta sus posibilidades de cobro, mediante el uso del pagaré o de los cheques podemos valorar únicamente las consecuencias de su incumplimiento. Aunque su incumplimiento suscita el nacimiento de consecuencias penales, la efectividad de dichas repercusiones legales pueden quedan bloqueadas por una eventual falta de interés por parte de la policía en perseguir este tipo de conductas.

En último lugar hemos de valorar la aportación de garantías reales. En este caso, no entendemos útiles al tráfico comercial (compraventa de mercancías o prestación de servicios) la constitución de garantías hipotecarias. Estas tienen su ámbito específico de aplicación en el sector inmobiliario. Respecto de las garantías mobiliarias –prenda- mencionamos que estas pueden recaer sobre casi cualesquiera créditos o bienes corporales, incluidas las cosechas, mercancías que proceden ser vendidas, participaciones sociales, los derechos de propiedad intelectual, etc.

Sobre el objeto, requisitos y consecuencias de las hipotecas mobiliarias –prenda- presentaremos nuestra opinión separadamente.